Por Stakeholders
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Alrededor de diez millones de peruanos, equivalente al 31,15% de la población, ingiere sustancias tóxicas en el agua que bebe, así lo alertó la Organización de las Naciones Unidas, citando cifras del Ministerio de Salud de Perú. Además hizo un llamado al gobierno a atender esta problemática, que es – indicaron – provocada por la minería y perjudica la salud de las generaciones actuales y futuras.
La terrible situación de Cajamarca
“Más allá de la gravedad de daños ambientales, con desecación de lagunas, bofedales y manantiales, desaparición de especies y mortandad de peces, resultan alarmantes los análisis de sangre promovidos por la municipalidad de Bambamarca, que revelan metales pesados en el 100% de sus pobladores”, dijo el experto de la ONU, Pedro Arrojo Agudo.
Agregó que la desconfianza de la población en las instituciones públicas es por la inacción de la Autoridad Nacional del Agua, que ocultaría las evidencias de contaminación tóxica.
Pedro Arrojo manifestó que la Constitución de Perú incumple los estándares internacionales de derechos humanos que reconocen la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso. El 70% de la población de Cajamarca bebe agua que ha sido utilizada por una empresa minera, advirtió.
Por otro lado, el experto reconoció los esfuerzos de Perú en materia de legislación y políticas públicas relacionadas al agua y saneamiento, aunque manifestó inquietud con respecto a su implementación efectiva.
«Es necesario cambiar los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo por un enfoque ecosistémico sostenible y basado en los derechos humanos”, expresó.
Arrojo-Agudo hizo un llamado a las entidades a fin de que promuevan una gestión integrada, que refuerce las capacidades municipales y comunitarias para una correcta gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Recomendaciones
Detener nuevas concesiones en cabeceras de cuenca e implementar de manera efectiva la Ley de protección de cabeceras de cuenca, garantizando la participación de las poblaciones implicadas.
Activar la legislación vigente para la remediación de pasivos ambientales con la adecuada financiación.
Generar proyectos de ley que prioricen una gestión sostenible, evitando nuevas concesiones que empeoren la insostenibilidad.
Priorizar la satisfacción de los abastecimientos de agua potable de forma continua sobre los usos productivos.
Permitir el acceso a las investigaciones sobre contaminación toxica de abastecimientos y análisis epidemiológicos de las consecuencias en la salud pública.
Garantizar la total transparencia de los contratos de minería y de la gestión de las explotaciones a todos los ciudadanos.
