Por Stakeholders
Lectura de:
José Salazar A.
CEO y fundador de Proel
Es posible que, cuando usted lea este artículo, la crisis que estalló el año pasado en los alrededores de la empresa minera Las Bambas no haya culminado aún.
El proceso de negociación continúa. Hay nuevos temas en discusión y, sobre todos, nuevos actores involucrados. También nuevas exigencias y amenazas públicas o furtivas. Lo único cierto, a estas alturas, es que se han formado grupos de trabajos y mesas técnicas con la finalidad de estudiar cada uno de los temas planteados en el proceso de negociación; asuntos, dicho sea de paso, que no tienen nada que ver con el motivo principal que gatilló la crisis: el pedido de una compensación económica por el uso de una vía de transporte.
Y todo depende de un hilo, en verdad, porque las autoridades de Fuerabamba negocian bajo la amenaza de volver a tomar la carretera y bloquear los accesos si el Estado o la empresa incumplen los acuerdos asumidos.
Por ejemplo, uno de los últimos reclamos planteados ante la mesa técnica de DDHH y Justicia fue que se archiven las denuncias contra cerca de 500 pobladores que participaron en protestas contra Las Bambas desde el 2011. También se pide una ley de amnistía, investigar a jueces y fiscales de Apurímac, y hasta liberar a los abogados Chávez Sotelo.
¿Cómo así se pasó del reclamo por una compensación económica a exigir definiciones sobre el corredor minero y la zona de influencia directa, al retiro de una base policial y hasta el cambio de funcionarios de la empresa? Temas todos ellos que no pertenecían al foco del conflicto.
Sin duda, la crisis en Las Bambas nos deja varias lecciones que debemos tomar en cuenta seriamente de cara a otros proyectos mineros también importantes. La primera es que el Estado y la empresa tienen que mejorar su capacidad para prevenir y solucionar los conflictos sociales, sobre todo en aquella fase que la Defensoría del Pueblo llama la “fase temprana”, que es cuando los actores de un conflicto dejan ver, públicamente, sus divergencias respecto a un tema en cuestión. El conflicto en Las Bambas, en su fase temprana, comenzó en agosto del 2018. Hubo, por lo tanto, tiempo suficiente para analizar el tema, dialogar y encontrar una salida adecuada. Por el contrario, se dejó que la crisis vaya escalando y, a medida que ocurría, nuevos temas y nuevos actores externos comenzaban a incluirse en la negociación hasta desbordar la discusión misma del tema central.
La segunda lección es que el Estado tiene que actuar de manera apropiada y pronta, mostrando firmeza y autoridad para exigir el respeto a las leyes. Tomar una carretera, una vía de acceso pública es un delito en el país. Pero, al hacerlo, tiene que emplear las herramientas que le da la ley, evitando en todo momento una confrontación innecesaria y, menos, una afectación a los derechos humanos de los que protestan.
Y, finalmente, todos los actores involucrados (Estado, empresa y comunidad) tienen que entender que los compromisos se cumplen. En el año 2012, se creó la primera mesa de desarrollo para la provincia de Cotabambas. Pero, a partir de allí, ocurrieron una serie de hechos -quizás los más importantes: el cambio de administración de la empresa y la modificación al Estudio de Impacto Ambiental- que terminaron por afectar las buenas relaciones y, sobre todo, la confianza entre todos porque no se cumplía con lo acordado.
Habrá que esperar, nuevamente, hasta el 28 de mayo, en una nueva reunión programada, para comprobar cuánto se ha avanzado en los acuerdos asumidos. Pero, ciertamente, un conflicto social no puede resolverse solo en términos económicos y, menos, con un pedido de amnistía para los procesados. Y, quizás, ésta es la cuarta lección de esta crisis que no se abordó a tiempo.
