Silvana Rebaza
Oficial de Desarrollo Económico de la Embajada Británica
El flujo de capital e inversiones está cada vez más enfocado en responder a las necesidades de financiación de portafolios alineados con la realidad del cambio climático. Así también, gobiernos e inversionistas entienden que donde hay un reto que resolver, también existe la oportunidad de desarrollar un mercado financiero ágil e innovador que se ajuste a estas necesidades. Las finanzas verdes y sostenibles, en este contexto, proponen llevar los procesos comerciales y financieros hacia proyectos verdes mediante el uso de instrumentos como los bonos verdes, el financiamiento del carbono, entre otros.
En el Perú, el mercado ha demostrado tener mucho apetito por mecanismos de deuda con criterios de mitigación y adaptación al cambio climático como los bonos verdes, por ejemplo. Un año después de la publicación de la Guía para Bonos Verdes publicada por la Embajada Británica y la Bolsa de Valores de Lima, vimos con mucho entusiasmo cómo Protisa y COFIDE emitieron sus primeros bonos verdes, listados en la BVL, por montos de PEN 100 millones a un plazo de seis años y por PEN 100 millones a un plazo de tres años, respectivamente. Inversionistas como las AFP y las compañías de seguro acogieron positivamente ambas colocaciones. En la tendencia actual, es el sector privado, representando por la Bolsa de Valores e inversionistas quien está sin duda liderando el impulso para enverdecer las inversiones en el Perú.
En otros casos, como en el Reino Unido, el Gobierno ha tenido un rol protagónico para impulsar consolidación del mercado financiero verde. Recientemente, con el lanzamiento del Instituto de Finanzas Verdes del Reino Unido y con ello la publicación de la Estrategia para Finanzas Verdes, se ha anunciado el apoyo del gobierno para alinear los flujos financieros del sector privado con un crecimiento limpio, ambientalmente sostenible y resiliente; así como fortalecer la competitividad del sector financiero del Reino Unido.
De la misma manera, el Perú cuenta con los recursos y espacios para fomentar este debate desde el sector público. AFIN estima que la brecha de infraestructura en el Perú del 2016 al 2025 asciende a un total de US$ 159,549 millones, lo que representa una gran oportunidad para que el Gobierno Peruano, en línea con promover un desarrollo económico verde, promueva infraestructuras resilientes e industrias sostenibles. De esta forma, adoptar el uso de nuevas tecnologías y procesos industriales para el desarrollo de infraestructura resiliente promueve también la innovación y desarrollo inclusivo.
En suma, es importante que, desde la cooperación internacional, la sociedad civil y el gobierno apoyemos los recientes avances de inversión hacia una economía baja en emisiones. En particular, la acción multisectorial del Gobierno Peruano puede ser un catalizador positivo para fomentar la inversión pública y privada sostenible. A través de lineamientos de política y medidas regulatorias, podemos iniciar el camino para que los factores climáticos y ambientales estén totalmente integrados en la toma de decisiones financieras y de inversión.