Por Osmaro Villanueva
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El Tratado sobre la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés) es un instrumento legal adoptado por la ONU para proteger la biodiversidad marina en la alta mar, que representa el 64% del océano global y que hasta ahora carecía de regulación efectiva.
Según el texto del acuerdo, su objetivo es «asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina» más allá de las 200 millas de las zonas económicas exclusivas de los Estados. Esto incluye la regulación del acceso a los recursos genéticos marinos, la evaluación de impactos ambientales de actividades humanas, la creación de áreas marinas protegidas y la transferencia de tecnología marina hacia países en desarrollo.
El tratado fue firmado por la presidenta Dina Boluarte el 9 de junio en Niza (Francia), durante la celebración de la Conferencia de Alto Nivel para el Océano. En su discurso, la mandataria aseguró que «la firma del Tratado es una muestra concreta del compromiso del Perú con la protección del océano y la cooperación internacional para la sostenibilidad».
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Pocas horas después del anuncio, tres importantes gremios peruanos emitieron un comunicado conjunto expresando su rechazo: la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) y ComexPerú. En el documento señalan que «la firma del tratado sin un adecuado debate técnico ni consulta a los actores involucrados representa una amenaza para la soberanía nacional sobre las 200 millas marinas».
Según los gremios, el acuerdo permitiría a «organismos internacionales determinar reglas que podrían afectar la actividad extractiva, la investigación y la inversión» en el mar peruano. También advirtieron que «se trata de una decisión adoptada de manera improvisada, sin transparencia ni coordinación interinstitucional».
¿Existen riesgos a la soberanía de Perú sobre el mar?
Desde el sector académico y ambientalista, las críticas empresariales han sido refutadas. Jimpson Dávila, abogado del Programa de Política y Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), explica: “Es importante aclarar que este tratado no afecta la soberanía sobre las 200 millas. Lo que regula es la alta mar, que empieza después de esa línea. No tiene competencia dentro de la zona económica exclusiva del Perú”.
Agrega que el tratado es una oportunidad para el Perú: «Nos permite participar de forma activa en la gobernanza global de los océanos. Si no lo ratificamos, quedamos fuera de las decisiones y del acceso a tecnologías clave».
Por su parte, Percy Grandez, abogado especialista en gobernanza ambiental y pesquero, indicó que “incluso si el Perú no ratifica el tratado, las decisiones adoptadas en la alta mar serán vinculantes para todos. Si no estamos, otros decidirán por nosotros”.
«Es mucho mejor que el Perú participe siendo parte, teniendo voz y voto en las discusiones en torno a este tratado internacional, que simplemente siendo un mero observador», sostiene Grandez.
Mariano Castro, exviceministro de gestión ambiental, sostuvo que el tratado ofrece oportunidades reales: «El Perú tiene derecho a acceder a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos marinos. Se está abriendo una nueva economía oceánica y es importante que estemos dentro».
Asimismo, destaca que el tratado incentiva la investigación marina, la transferencia tecnológica y la cooperación sur-sur. «No se trata de ceder soberanía, sino de ejercerla con mayor presencia en el ámbito multilateral».
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En tanto, para Gabriela Ramírez, docente e investigadora ambiental de la PUCP, estos cuestionamientos se originan principalmente en el desconocimiento técnico y conceptual del tratado. Además, subraya que, si bien el tratado aún debe pasar por la ratificación del Congreso para ser plenamente vinculante, el Perú ya ha asumido un compromiso de fondo.
«Desde la firma, el Estado peruano de alguna manera ya se está comprometiendo a llevar a cabo acciones que fomenten el objeto y fin del tratado», señala. Este compromiso implica, entre otras cosas, promover la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en aguas internacionales, algo que considera urgente frente al creciente deterioro del medio marino causado por actividades humanas.
Además, la especialista considera que los temores sobre posibles trabas a la inversión son infundados. «No hay que ver a este tratado como un enemigo, sino como un aliado. Porque finalmente las actividades económicas que realizan estos sectores dependen de la biodiversidad marina», sostiene.
¿Qué sigue para el acuerdo?
El Acuerdo está abierto a la firma de todos los Estados y las organizaciones regionales de integración económica desde el 20 de septiembre de 2023 hasta el 20 de septiembre de 2025, y entrará en vigor 120 días después de la fecha en que se haya depositado el 60º instrumento de ratificación, aprobación, aceptación o adhesión.
Es decir, para que el tratado entre en vigor a nivel global, se requieren al menos 60 ratificaciones. A la fecha ya se han sumado 50 países según el Rastreador en línea de High Seas Alliance. En el caso del Perú, el Ejecutivo ya firmó el acuerdo, pero ahora corresponde al Congreso ratificarlo.
Aquí se abre un nuevo capítulo: ¿prevalecerá la presión de los gremios empresariales o se impondrá la visión ambiental y multilateral? Todo apunta a que el debate se extenderá y pondrá a prueba la coherencia del país en sus compromisos climáticos y marinos.
