Por Stakeholders
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En un paso que busca fortalecer la cohesión social y resguardar la democracia, la presidenta Dina Boluarte promulgó hoy una innovadora ley que impide que ciertas organizaciones no gubernamentales reciban fondos destinados a fomentar la división y el odio en el país. En una ceremonia en Palacio de Gobierno, Boluarte subrayó que la medida no solo apunta a controlar el destino de los recursos internacionales, sino también a garantizar que cada dólar que ingresa al Perú contribuya al bienestar general.
La nueva normativa, que ha sido aprobada sin contratiempos en el Congreso, otorga a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) amplias facultades para supervisar y fiscalizar la ejecución de los recursos no reembolsables provenientes de la cooperación técnica internacional. “Esta ley velará por el supremo interés de la democracia y la unidad nacional, asegurando que el dinero que llega al país se utilice de forma honesta y en beneficio de nuestro pueblo”, afirmó la presidenta desde Palacio de Gobierno.
Entre las innovaciones clave se encuentra la creación de un registro público e informativo donde las entidades beneficiarias deberán inscribir detalladamente sus planes, proyectos y gastos. Además, la ley contempla la posibilidad de que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) evalúe la creación de una unidad especializada para reforzar la supervisión. De este modo, cualquier contrato o acuerdo que el Estado celebre con las ONG que gestionan fondos de cooperación internacional estará sujeto a la aprobación previa de la APCI.
Boluarte destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de evitar que algunas ONG, consideradas minoritarias y contrarias a los intereses nacionales, utilicen los recursos externos para promover discursos que dividen y generan conflicto. “No se trata de censurar, sino de proteger nuestra democracia y asegurar que la cooperación internacional se use para mejorar la vida de nuestros ciudadanos”, puntualizó la mandataria.
La medida cuenta con el respaldo unánime del Congreso, reflejando el consenso en torno a la importancia de la transparencia y el control en la ejecución de los fondos. En palabras de la presidenta, “en una democracia moderna nadie debe temer a la claridad. Cada sol, cada dólar y cada euro que llega a nuestro país en nombre de la cooperación debe rendir cuentas y cumplir con las expectativas que hicieron posible ese apoyo”.
Con esta ley, el Gobierno peruano reafirma su compromiso de construir un Estado basado en la legalidad y la transparencia, donde no existan zonas libres de escrutinio público. En un contexto global en el que la rendición de cuentas es clave para el desarrollo y la estabilidad, esta nueva norma se erige como un instrumento esencial para proteger el interés general y promover una sociedad unida y justa.
