Por Stakeholders
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Desde un inicio, se ha puesto en duda el rol de Repsol para brindar información fehaciente sobre el grado de este desastre ambiental. A la fecha, se está expectante sobre cómo viene actuando frente a la situación y el daño generado abre la posibilidad de que el caso llegue a otras instancias judiciales.
Por Renzo Rojas
No queda duda de lo vital que es el plan de contingencia ante un derrame de petróleo, especialmente cuando se da en el mar. El caso de la Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla, es un llamado a la reflexión sobre la necesidad de una respuesta rápida y alturada frente a este tipo de desastres ambientales.
Dado el impacto negativo de este incidente, el último 15 de enero cuando se descargaba petróleo desde un buque, autoridades competentes como el Oefa, Osinergmin, entre otras, vienen ejecutando acciones rápidas, entre las que destaca la declaratoria de emergencia por 90 días de la zona afectada por parte del Minam, por ejemplo.
Desde la empresa, ha quedado claro la floja respuesta que tuvo para contener la expansión del crudo, lo que ocasionó que la zona afectada creciera hasta llegar a Punta Salinas (Huaura), según informó el Sernanp recientemente, sin descartar que su avance siga en los próximos días.
Fátima Contreras, especialista legal, Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, menciona que más allá de las averiguaciones sobre el origen del derrame de petróleo, Repsol tenía la obligación de activar las medidas de contingencia para contener la expansión de la contaminación.
“En primer lugar, Repsol es responsable de implementar acciones de limpieza y la eventual remediación. Estas son acciones de primera respuesta además de las contenidas en su Plan de Contingencia”, dice.
Acciones tardías
Según testimonios de pobladores, y del mismo alcalde de Ventanilla Pedro Spadaro, a horas del incidente vieron en la playa a solo 15 personas con “recogedores y escobas” para realizar labores de limpieza, en un área que bordeaba los cuatro kilómetros de mar contaminado, por entonces.
Para Juan Carlos Riveros, director científico personal de Oceana, las acciones de contingencia que se vieron de parte de Repsol, al menos en un primer momento, fueron muy artesanales ante el grado del desastre.
“Realmente sorprende que una empresa de la magnitud y prestigio que es Repsol, tenga un sistema casi primitivo, por decirlo de alguna manera, de trabajo ante este escenario”, indica.
Desde el Oefa, se ha señalado que los reportes por parte de la empresa no permitieron saber la magnitud de este derrame de petróleo en las primeras horas de ocurrido. Es evidente que, explica Fátima Contreras, que tras la emergencia se debieron desarrollar acciones inmediatas como control de fuente, asegurar el área, contener el derrame, entre otras.
“Sin embargo, estas acciones fueron tardías por lo que el derrame se expandió en el transcurso de los días a lo largo del litoral. Lo prioritario es la limpieza del derrame y su contención a fin de que no se continúe expandiendo. Luego de ello, se deberá pensar en la rehabilitación y remediación de la zona”, manifiesta la representante de SPDA.
Añade en que el Oefa podría solicitar a Repsol que presente un Plan de Rehabilitación en caso considere que las medidas diseñadas por la empresa no sean suficientes para remediar el impacto.
Proceso sancionador
Por otra parte, Juan Carlos Riveros manifiesta que todo este lamentable escenario también insta a repensar si las autoridades están actuando adecuadamente, sea desde un enfoque preventivo o de sanción como corresponde en este caso de la Refinería La Pampilla.
Específicamente, en su consideración, la manera cómo se está abordando el problema podría tener una respuesta más integral desde las autoridades, con la consigna de que bajo un trabajo articulado y coordinado se logre resultados mejores y más rápidos.
“Su respuesta (del Estado) no es muy orgánica. Todo el mundo (dependencias) entra y se presenta. Tiene que haber un orden, sino ese voluntarismo y ganas, cuando se hace de una manera desorganizada, pueden hacer más daño o quizá aumentar el desgaste de recursos”, remarca.
Agrega que el derrame de petróleo en Ventanilla debe tener un tratamiento de emergencia como tal, especialmente cuando se ve que los daños son muy graves no solo para el ecosistema, sino también para las personas. En ese sentido, subraya que es importante también que quienes estén en la zona afectada cuenten con los implementos necesarios para su seguridad.
“Nos enfrentamos a una situación bastante lamentable en la cual se ha degradado mucho el aspecto socio ambiental porque se privilegia la operatividad del sistema. Es importante que ingrese el petróleo, todo eso tiene sentido y es real. Son necesidades sociales que tendrán que ser atendidas en su momento, en la que tengamos una transición energética. Pero si vamos a hacer eso, hagámoslo bien”, medita sobre esta coyuntura.
Acerca del proceso sancionador, Fátima Contreras señala que se han activado tres canales para determinar infracciones y responsabilidades, así como las sanciones correspondientes. El Oefa viene, desde el lado administrativo, realizando las investigaciones correspondientes, del mismo modo Osinergmin y Sernanp pueden iniciar procedimientos al respecto.
“Por otro lado, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental – FEMA, ya habría iniciado la investigación penal para determinar responsables naturales por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental, quienes enfrentarían una pena privativa de la libertad entre 4 a 6 años”, subraya Contreras.
Asimismo, prosigue, es una posibilidad que mediante la vía civil la Procuraduría del Ministerio del Ambiente prepare una demanda para determinar la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que el derrame ocasionó al patrimonio natural del país.
“El impacto a las dos zonas reservadas son considerables y tomará tiempo para asegurar que el ecosistema regrese a su estado anterior. Los más afectados han sido especies de aves y marinos cuyo hábitat eran las reservas. Si Sernanp apertura un proceso sancionador, Repsol podría ser sancionado hasta por diez mil UIT por contaminar la diversidad biológica de un ANP con sustancias tóxicas”, concluye.
A Juan Carlos Riveros le preocupa el tiempo y las complicaciones que suelen tener este tipo de procesos. Recuerda que en algunos casos la empresa responsable no paga la totalidad económica de la sanción y sigue operando o, peor aún, se vuelve reincidente en el delito.
“No necesariamente ese dinero (de la sanción) va a servir para remediar ese lugar en particular. El Estado no tiene ese nivel de eficiencia, está fragmentado. Entonces, qué tenemos al final del día, una situación en la cual se ha causado un enorme daño ambiental, social e incluso de salud pública y que no se va a resolver en el mediano o corto plazo”, finaliza.
