Por Stakeholders
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POR DENISSE ACEVEDO
La Unión Europea (UE) sigue muy lejos de alcanzar su objetivo, tener 1 millón de puntos de recarga para 2025, como indica el Pacto Verde, esto según el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo.
A pesar de la norma de la UE que permite la recarga de vehículos eléctricos y mejorar el acceso de las redes de carga, estas últimas no se desarrollan al mismo ritmo que los vehículos con batería.
“La electromovilidad requiere una infraestructura de recarga suficiente, pero para construir esta infraestructura, es necesaria una mayor certeza sobre los niveles de aceptación de estos vehículos”, afirma Ladislav Balko, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable del informe.
La Comisión debería hacer más para extender la cobertura de la red a toda la UE y, además, garantizar la financiación para que se destine el dinero a donde más se necesita, señaló Ladislav Balko.
De acuerdo a los auditores, invitados por la Comisión de la UE, la disponibilidad de recargas en estaciones públicas varía según los diferentes países de la Unión Europea, los sistemas no están armonizados y no hay suficiente información para los usuarios.
La UE apoya la implantación de infraestructuras de recarga mediante instrumentos políticos, pero no realizó un análisis exhaustivo del déficit de infraestructuras, según reportaron los mismos auditores.
En el marco político de la electromovilidad, los auditores han recomendado una hoja de ruta con base en una estrategia global para alcanzar los objetivos de infraestructura de recarga, que establezca normas y requisitos mínimos.
Asimismo, que la financiación se otorgue en función a objetivos y necesidades, que aseguren que los proyectos financiados garanticen un acceso sostenible y no discriminatorio a todos los usuarios.
Electromovilidad en el Perú
En el caso del Perú, si bien el mercado para la electromovilidad es incipiente, se muestra con un gran potencial. Como política pública, se busca promover la movilidad eléctrica como una alternativa para reducir el impacto ambiental que genera el transporte urbano.
La promoción de la movilidad eléctrica satisface a un sector del área metropolitana, para aquellos ciudadanos conscientes del cuidado del medio ambiente, pero también están convencidos de los ahorros en tiempo que genera un vehículo eléctrico.
La electromovilidad puede ser un vehículo para la recuperación económica tras la crisis sanitaria, considerando que la inversión en este tipo de movilidad puede generar la creación de un nuevo servicio de transporte público que directamente traerá más empleo.
Transporte eléctrico en las políticas climáticas nacionales
Desde el 2004, los compromisos climáticos del Perú incluyen reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, una serie de medidas de Acciones Nacional Apropiadas de Mitigación, conocidas como NAMAs, sugerencias abanderadas por países en vías de desarrollo.
En el 2015, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó una serie de NAMAs, entre ellas la NAMA de Transporte Urbano Sostenible del Perú (TRANSPERÚ), la cual busca reducir el costo social de la congestión vehicular.
Actualmente, existen cerca de 20 mil buses operados por más de 300 empresas, de las cuales el 66% sobrepasan los 20 años de antigüedad. Dentro del programa de chatarreo, se busca la adecuada transición hacia la movilidad eléctrica.
La Autoridad de Transporte Único (ATU) ha sentado las bases para hacer de la electromovilidad una aliada para la recuperación económica en el Perú, para salir de una crisis sanitaria y además climática.
