Por Stakeholders
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Actualmente experimentamos una etapa de cambio en la economía, innovación en los mercados y generación de nuevos paradigmas que nos brinda la oportunidad de reconocer y promover nuevas formas de desarrollar negocios, así como de lograr impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente. Por ejemplo, contamos con modelos de negocios que mediante la compra de productos permiten asegurar i) el acceso al agua (Miir), ii) la reforestación y recuperación de áreas degradadas (Höség), iii) la no crueldad a los animales (The Body Shop), iv) la reducción de la deforestación y la degradación forestal (Nestlé) o v) el comercio justo (Fairtrade).
Estos modelos demuestran que la necesidad de conseguir rentas a final de año no es la única prioridad y, menos aún, la principal motivación de los empresarios, sino más bien un complemento indispensable y estratégico al interés de lograr cambios para el bienestar de los ciudadanos y la conservación del medio ambiente. Ello en el contexto de continuo incremento de usuarios, consumidores y mercados que demandan productos y servicios que permitan impulsar impactos positivos.
Los casos de Shiwi, Pausa y Sinba son claros ejemplos del compromiso empresarial peruano con temas ambientales que generan cambios plausibles y escalables. Shiwi comercializa productos que se deben a acciones de conservación en la selva peruana que permiten mantener el bosque en pie e incrementar su valor. Pausa fomenta el turismo responsable que prioriza la experiencia en comunidad, la naturaleza y los proyectos sostenibles a través de la venta de paquetes turísticos. Sinba basa su modelo de negocios en la gestión de residuos de restaurantes con miras a reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Ante dicha necesidad, hace casi dos años, el Congreso respondió con una propuesta multipartidaria mediante el Proyecto de Ley N° 2533/2017-CR denominado “Proyecto de ley que regula las sociedades de beneficio e interés colectivo (Sociedades B.I.C.)” (en adelante, LeyBIC), el cual recibió el apoyo por unanimidad de las fuerzas políticas representadas en las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos como por la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el 20 de marzo y el 02 de abril del presente. La LeyBIC es una de las iniciativas pendientes de ser atendidas por la representación nacional en el año 2020.
Además, la nueva generación de empresarios comparte valores que no pueden pasar desapercibidos por el Estado y deben ser aprovechados integralmente por este último. Así, por ejemplo, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible las entidades gubernamentales pueden promover el trabajo con aquellas empresas que apoyan el cumplimiento de los mencionados objetivos, al mismo tiempo que se les reconoce una categoría jurídica innovadora que permita que su objeto social responda a la solución de problemas sociales y ambientales (la reducción de deforestación, el fomento de prácticas para la adaptación al cambio climático, la promoción de energía sostenible, entre otros).
Por consiguiente, el Estado tiene la oportunidad de reconocer legalmente no solamente la forma de hacer negocios para el bienestar de los seres humanos sino también las figuras legales que lo permitan. Con ello se motivará a que empresas como Natura que apuesta por la colaboración con comunidades de la Amazonía para la conservación del bosque, Höség que abriga a niños de localidades a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar, m.s.n.m. con la venta de casacas, así como AJE que invierte en aguaje de áreas naturales protegidas, puedan seguir implementando acciones para la consecución de su propósito ambiental y/o social.
Debo resaltar que los problemas ambientales, en especial, los relacionados al cambio climático, pueden ser solucionados mediante actividades comerciales y modelos de negocios que permitan abordar temáticas como la conservación de ecosistemas, la energía renovable, la reducción de emisiones de GEI, la gestión de los residuos sólidos, entre otros. Debido a lo anterior, la labor de los consumidores es exigir la solución de problemas ambientales cada vez que compramos un producto o pagamos por un servicio. De igual manera, el Estado tiene la oportunidad de definir el camino para unir esfuerzos para el logro de impactos medibles que puedan apoyar al cumplimiento de nuestras Contribuciones Nacionalmente Determinadas.
Finalmente, debo enfatizar que promoviendo y reconociendo modelos de negocios con triple impacto y propósito ambiental el mensaje estatal es claro: el tema ambiental es un compromiso de todos, es decir, todos podemos aportar, incluso desde nuestra compra.
