La norma aún debe ser ratificada formalmente por el Consejo de la UE, sin embargo, busca abordar el problema de la deforestación.

Perú ha perdido 203 mil hectáreas de bosques en el 2020, la cifra más alta de los últimos 20 años.

Por Stakeholders

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El Parlamento Europeo aprobó una ley pionera para evitar que las importaciones en la Unión Europea de ciertas materias primas y productos derivados como el aceite de palma, el vacuno, la soja, el café, el caucho, la madera o el chocolate generen deforestación en terceros países.

“Es esencial, dado que la UE es uno de los principales importadores de productos agrícolas que generan deforestación”, declaró la diputada y ecologista Heidi Hautala. Esto luego de que la Eurocámara validase el reglamento por 552 votos a favor, 44 en contra y 43 abstenciones.

La nueva norma, que aún debe ser ratificada formalmente por el Consejo de la UE, pretende abordar el problema que supone la pérdida de masas forestales. De acuerdo con datos de la ONU, cada año se destruyen 10 millones de hectáreas de bosques en el mundo, lo que equivale a un territorio más amplio que Portugal.

Además, abarca al ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera y el caucho, incluidos los productos que contienen, han sido alimentados o se han fabricado con estos, como el cuero, el chocolate o los muebles, así como el carbón vegetal, productos de papel impreso y una serie de derivados del aceite de palma.

Sanciones

Las empresas que importen estas materias y productos derivados en la Unión Europea tendrán que rastrear su origen y emitir una declaración de diligencia debida que garantice que no han causado deforestación en sus lugares de origen respecto a los valores existentes a fecha del 31 de diciembre de 2020.

Esto incluye no sólo la deforestación, sino también la degradación forestal que supone la transformación de bosques primarios en bosques plantados.

Transcurridos 18 meses desde la entrada en vigor del reglamento, hacia finales de 2024, la Comisión elaborará una clasificación de los países de origen de los productos según presenten un riesgo bajo, medio o alto, que determinará la frecuencia de los controles.

En el caso de los países de alto riesgo, los Estados miembros de la UE tendrán obligación de verificar el 9 % de las importaciones. Las sanciones por incumplimiento podrán llegar hasta el 4 % de la facturación total en la UE de las empresas que incumplan la normativa.







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