Medio ambiente - Biodiversidad

Deforestación e impunidad, entre los riesgos para la Amazonía peruana con la modificatoria de la Ley Forestal

La deforestación es de tendencia creciente en el Perú. De acuerdo a Global Forest Watch, en 2023, se perdieron cerca de 150 000 hectárea (ha) de bosques primarios húmedos. La cifra refleja en los últimos años la constante pérdida de estos ecosistemas, y además el incumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del cambio climático.

Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Minam, señala que estas cifras afectan a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por siglas en inglés) y otras obligaciones nacionales, debido a que la principal causa de emisiones de GEI en el país es la deforestación. En las últimas dos décadas, esta actividad ha alcanzado números de hasta de 3 millones de ha en bosques primarios en el territorio nacional.

Ucayali, Loreto y San Martín cuentan con las mayores tasas en promedio. Entre estas tres regiones, en los últimos 20 años se han perdido más de 500 000 ha, puntualiza Mariano Castro. Desde SERFOR indican que por esta razón se han implementado las Unidades de Monitoreo Satelital Regional (UMSR) en estos departamentos para optimizar las acciones de control forestal.

En todo este contexto, el exviceministro de Gestión Ambiental del Minam sostiene que la aprobación de la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (29763), con cambios en la zonificación forestal y clasificación de tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existentes, representa un serio retroceso en la lucha contra la deforestación.

“Entre los riesgos importantes, permite legalizar las áreas deforestadas para actividades agropecuarias, lo cual estaba prohibido en los últimos 40 años, debido a que cambia el procedimiento de clasificación de las tierras según su capacidad de uso mayor. Además, promueve la ocupación desordenada porque impulsa economías ilegales”, indica.

Formalización de la propiedad agraria

Claudio Schneider, director sénior del programa Perú en Conservación Internacional, expresa que desde la organización consideran que esta modificación ha sido acelerada, ya que desestima un adecuado ordenamiento territorial y el uso racional de la tierra.

“Puede vulnerar a los pueblos indígenas porque está impactando en el otorgamiento de derechos en territorios titulados por comunidades indígenas. Es necesario que se haga un proceso estructurado en el cual se tome en consideración herramientas de ordenamiento territorial que ya han venido siendo aplicadas, como por ejemplo en San Martín donde existe una zonificación forestal”, explica.

Si bien la Ley Forestal requiere mejoras, Mariano Castro detalla que el problema ante la deforestación radica también en la normativa sobre la formalización de la propiedad agraria que se aplica en la selva, donde a través de solo la aprobación de una declaración de posesión se otorga la constancia de propiedad desde las municipalidades.

“El problema es que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) no ha cumplido el rol de supervisión en el proceso de otorgamiento indiscriminado de constancias de propiedad en la selva. Esto viene así desde los años 90”, añade.

Una de las explicaciones para la aprobación de esta modificatoria ha sido la búsqueda de promover el cultivo de algunas especies como el cacao y café, así como su alineación a las exigencias de mercados internacionales.

Al respecto, Schneider sostiene que una flexibilización de la norma con el fin de que se promuevan actividades agrícolas y su exportación es nocivo. En la nueva normativa, por ejemplo, se dispone que ciertos predios “están exceptuados de realizar su clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor, así como también están exceptuados del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 38 de la Ley 29763”.

“No puedes relajar la norma para que los emprendedores exporten a un mercado que está pidiendo más requisitos. Se debe llevar a cabo una buena implementación de la norma, una que además los instruya y capacite en cómo ejecutar esa producción para que sea aceptada en el mercado europeo”, afirma.

Catastro y producción sostenible

Conservar los bosques en el Perú implica impulsar actividades sostenibles con réditos económicos para sus habitantes aledaños. Para este fin, la informalización es un craso obstáculo que requiere solucionarse en la esfera de la propiedad agraria. Mariano Castro subraya que no se puede llevar a cabo una formalización si es que no existe catastro, una adecuada delimitación de áreas en la selva.

“Esta situación debe ser enfrentada. Son hechos ocurridos justamente en esta política agraria. Se tiene que entender esto como una prioridad y no dar soluciones que lo que van a generar es una mayor deforestación, inseguridad, y mayores trabas al comercio exterior”, enfatiza.

Agrega que se requiere de inversión para asumir este proceso de padrón territorial. Asimismo, junto con el catastro forestal y su posterior inscripción, es imperioso definir el área boscosa intangible en el país para lograr la cero deforestación en un futuro.

“El área boscosa intangible es una necesidad. Esa frontera clara entre lo agropecuario y lo forestal, debe ser muy precisa para prohibir el cambio de uso de tierra. Eso no está establecido en esta modificación de la Ley Forestal”, precisa.

Claudio Schneider, por su parte, menciona que existen muchas zonas deforestadas y degradadas en donde se puede hacer actividades agrícolas de una manera sostenible. No es necesario destruir más bosques en este propósito. Por consiguiente, es esencial contar con un ordenamiento territorial: “Te permite hacer una producción sostenible de esas tierras mediante sistemas agroforestales”.

El aprovechamiento sostenible y rentable demanda también desde el Estado una asistencia técnica a los campesinos, indica Mariano Castro: “Por ello hay que fomentar un desarrollo rural bajo en emisiones, algo que ya está establecido en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático o en las estrategias regionales”.

Inconstitucionalidad e impunidad

Se han presentado una serie acciones que buscan revocar la modificatoria de la Ley Forestal. Desde SERFOR, manifiestan que, a la fecha, están en curso iniciativas legislativas que proponen la derogatoria de la ley en mención. Por ejemplo, desde el Congreso de la República y el Tribunal Constitucional admitieron a trámite la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Gobierno Regional de San Martín.

“Mientras ambas instituciones no se pronuncien sobre su derogatoria o inconstitucionalidad, la ley en cuestión (Ley 31973) se encuentra vigente y corresponde al Poder Ejecutivo, en este caso SERFOR en el marco de sus competencias, velar por su cumplimiento”, explican desde la entidad adscrita al Midagri para Stakeholders.

Fueron varias las instituciones que advirtieron sobre lo contraproducente de la ley antes de su aprobación. En el panorama presente, el exviceministro del Minam especifica que, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso se han presentado al menos cinco proyectos de ley para su derogatoria.

“Desde el Midagri señalan que se está en proceso de reglamentación de la ley. No obstante, hay que considerar que existen denuncias de inconstitucionalidad, cuestionamientos importantes de organizaciones de diverso tipos”, remarca.

Adiciona, por otro lado, que existe una preocupación muy seria sobre la resolución de casos penales por delitos forestales o contra el ambiente que están en manos del Ministerio Público. Entre las posibilidades, la ley puede generar impunidad en cuanto a exenta del cumplimiento de ciertos requerimientos que antes eran motivos de ilegalidad.

El informe Parcelando la Amazonía del 2024 de la Agencia de Investigación Ambiental revela que empresas en Loreto y Ucayali han deforestado ilegalmente al menos 13 000 ha. Justamente, las causas de sus incumplimientos fueron no presentar estudios, autorizaciones o permisos ambientales para sus actividades.

“Hay que entender que los cambios y mejoras en la Ley Forestal, así como también en la legislación sobre propiedad agraria, entre otros elementos para el desarrollo sostenible de la Amazonía, requieren de un proceso participativo”, concluye Mariano Castro.

Fortalecimiento de capacidades en las comunidades

Claudio Schneider indica que se vienen dando asesinatos de defensores indígenas que buscan proteger sus territorios de la deforestación. Insta a que el Estado y los organismos internacionales puedan asistir a las comunidades fortaleciendo sus capacidades en términos financieros para enfrentar a las amenazas. “Hay que robustecer sobre todo la gobernanza indígena a través de herramientas que ellos mismos tienen como son los planes de vida. Eso es algo que reforzamos mucho desde Conservación Internacional”, manifiesta.

Desde SERFOR, señalan que vienen desplegando el control y la vigilancia en las diferentes regiones con custodios locales, vigilancia comunitaria, veedurías forestales, Comités de Gestión de Bosques, entre otros. Buscan, en suma, articular para generar espacios de diálogo y coordinación en la promoción del manejo forestal comunitario sostenible.

“Otro espacio clave, fue la institucionalización del Manejo Forestal Comunitario en el SERFOR, a partir del cual se ha gestado la creación e implementación de la Unidad Funcional de Manejo Comunitario Forestal y de Fauna Silvestre – UFMCFFS. Esta ha permitido crear una hoja de ruta para afianzar el manejo forestal comunitario en el SERFOR y en las Autoridades Regionales Forestales y de Fauna Silvestre”, remarcan desde la entidad.