Compromiso empresarial

El factor “S” en la operatividad de la industria minera

El aspecto social en el sector minero es un reto constante. ¿Qué puntos considerar? Perú no está exento de este escenario. Según la Defensoría del Pueblo, a julio del 2023, de 142 conflictos socioambientales más del 68 % se relacionan con la minería.

Las compañías vienen tomando cada vez más en cuenta en su gestión de riesgos los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG). En esa línea, en la industria minera estos aspectos también han tomado relevancia, debido a que figura, en definitiva, la licencia social como un punto importante para la operación de un proyecto minero en relación a sus grupos de interés, especialmente las comunidades.

María José Ochagavía, directora Community Engagement & Social Performance para Sudamérica en Hatch, señaló que según el estudio Top Mining and Metals Risks and Opportunities in 2023 de Ernst & Young (EY), la licencia social para operar se ha posicionado como el cuarto riesgo más urgente para la industria minera y de los metales.

“Es quizás esto mismo lo que ha llevado a que la gestión social esté transitando desde la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) a la sostenibilidad, conceptos relacionados pero que difieren en alcance y enfoque”, explicó.

María José Ochagavía – Directora Community Engagement & Social Performance para Sudamérica en Hatch

Para la especialista, es claro que poner atención y gestionar con robustez el factor “S”, e integrarlo en la estrategia de negocios, permite al sector privado realizar inversiones de manera responsable, y contribuir a la sociedad y las comunidades locales donde opera. A su vez, lo anterior facilita la expansión de las operaciones y genera mayores oportunidades para obtener y mantener la licencia social.

“El costo de la inacción, por el contrario, se hace cada vez más evidente, ya que termina provocando daños a la reputación, disputas legales y, en última instancia, interrupciones operativas”, añadió.

“Se debe escuchar y reflexionar”

El hecho de que los factores ASG cobren protagonismo se explica también por el interés de los directivos de una compañía. María José Ochagavía mencionó que, según el estudio Panorama de las Empresas Latinoamericanas sobre ESG de EY, en 12 países de América Latina, ejecutivos, directores y gerentes de más de 400 empresas identificaron el relacionamiento con los stakeholders como el segundo pilar ASG más relevante.

“Dicho de otra forma: las expectativas e intereses de la comunidad deben lograr permear las estrategias de negocio y operación, a lo que se suma el poder comunicar de forma efectiva y eficiente todos los esfuerzos que realizan las empresas por responder a dichas necesidades”, subrayó.

Es fundamental siempre tener presentes las expectativas y necesidades de las comunidades, desde las etapas más tempranas y durante todo el ciclo de vida de los proyectos. El objetivo no solo es obtener la licencia social para comenzar a operar, sino también hacer sostenible en el tiempo el mismo proyecto.

¿Qué aspectos deben considerar las compañías mineras? Glenn Nolan, vicepresidente de Indigenous Enterprises, recalcó que ellas deben comenzar por construir relaciones con las comunidades desde las etapas más tempranas de un proyecto. Eso implica que desde la fase de exploración es crucial establecer reuniones con los líderes comunitarios. “En mi experiencia, la primera o segunda reunión es una oportunidad para que la comunidad se desahogue sobre agravios pasados, causados por el Gobierno o por otra empresa. Se debe escuchar y reflexionar primero lo que se está compartiendo, y no intentar resolver el problema en ese momento”, enfatizó.

Glenn Nolan – Vicepresidente de Indigenous Enterprises

Nolan hizo hincapié en algunos puntos importantes en ese primer contacto: priorizar que la comunidad se sienta escuchada y no emplear un lenguaje demasiado técnico para facilitar la comunicación. Se debe mantener un mensaje simple y claro.

Aparte de una vinculación temprana con la comunidad, María José Ochagavía afirmó que es preciso contar con su participación en las distintas instancias de consulta y seguimiento; así como con un reconocimiento fidedigno de los derechos de los pueblos indígenas. Vital también es cambiar el paradigma del asistencialismo por uno de valor compartido, donde las empresas se reconozcan como actores claves en el desarrollo de los territorios.

“También trabajar con las comunidades de manera transparente y colaborativa, respetando sus derechos y patrimonio cultural; potenciar el apalancamiento productivo y las alianzas público-privadas; propiciar una mayor participación en los beneficios del crecimiento y – no menos importante – medir la gestión, no solo en términos de resultados, sino que de impactos”, argumentó.

¿Y si ya existe un conflicto?

Ante la aparición de un conflicto vinculado a un proyecto minero, Glenn Nolan recomendó que si este tiene su origen en alguna responsabilidad directa de la empresa, entonces el enfoque debe ser llegar a un acuerdo junto con la comunidad para su solución.

“Por ejemplo, si hay un problema relacionado con la descarga accidental de agua sin tratar, la empresa debe ser proactiva e informar el incidente a la comunidad y al Gobierno. Debe dejar claro cómo va a abordar y corregir el incidente”, sostuvo.

Asimismo, agregó que si el malestar social se debe a un rumor o una falsa información, se debe confrontar la situación lo más pronto posible y comunicar de forma clara y abierta lo que realmente ocurrió: “Lo más importante es que la empresa debe abordar la causa fundamental de los disturbios antes de que el problema se vuelva desproporcionado”.

Otro punto a considerar, continuó Glenn Nolan, es que es muy valioso que los ejecutivos de las empresas trabajen directamente con los líderes comunitarios. Comentó el caso de Canadá, donde confían que la relación funciona mejor si las reuniones son entre los líderes de las comunidades y los presidentes o CEO de las empresas.

“Otros también podrían ser designados como representantes de la comunidad y la compañía. El uso de terceros únicamente para facilitar la relación. En Canadá, las empresas interactúan con las comunidades de muchas maneras diferentes. Ese compromiso abarca desde reuniones programadas regularmente hasta aquellas poco frecuentes e improvisadas”, señaló.

El papel del Estado

Como un ente regulador y facilitador, el Estado cumple una función sustancial en el sector minero en el contexto de las relaciones comunitarias. Para María José Ochagavía, es clave que apoye y fomente el desarrollo sostenible de la industria y la búsqueda de la innovación: “Al mismo tiempo que disminuye la incertidumbre para las inversiones y juega un rol articulador para el establecimiento de alianzas fructíferas entre Estado, empresas, centros de investigación/estudio, y organismos supranacionales”.

Glenn Nolan, por su parte, indicó que los Gobiernos deben brindar educación continua a las comunidades que podrían verse afectadas por alguna actividad minera. Realizar campañas educativas en torno a cuáles son las distintas etapas de la minería; cómo obtienen las empresas la licencia para trabajar en una zona; cómo se financian los proyectos; cuáles son las oportunidades de trabajo; entre otros temas.

Inversiones sostenibles

María José Ochagavía detalló que el realce del factor social en el mercado actual se debe también al aumento de la demanda de inversiones sostenibles. Uno de los estudios que respalda esta tendencia es el Global Sustainable Investment Alliance, que indica que la inversión global en sostenibilidad aumentó de 13,3 a 35,3 billones de dólares de 2012 a 2020.

“El aumento generalizado de la demanda de inversiones sostenibles es un elemento particularmente interesante en el cual profundizar, ya que refleja una creciente conciencia de la importancia de las consideraciones sociales y ambientales en la toma de decisiones de inversión”, puntualizó.