Medio ambiente - Cambio climático

Desarticulación y corrupción debilitan la gobernanza climática en el Perú

Hasta mediados del año anterior, 23 de las 25 regiones en el Perú contaban con Estrategias Regionales de Cambio Climático (ERCC), un mecanismo que permite a los Gobiernos regionales, locales y otros actores tener un marco de acción en la lucha contra este fenómeno global.

El alineamiento de las instancias de gobierno, a través de estos instrumentos, es clave dentro de la gobernanza climática, la cual impulsa una agenda y acción climática efectiva. En un país altamente vulnerable al cambio climático y con una significativa debilidad institucional como el nuestro, el involucramiento de todos los actores es esencial.

“Es necesario atender y comprometer a todas las esferas del Estado, los Gobiernos regionales y locales; así como a una gran diversidad de actores no estatales, como los pueblos indígenas u originarios, el sector privado, los jóvenes y la ciudadanía en general. Por ello, el proceso participativo ‘Dialoguemos sobre las NDC’, continúa siendo clave para este proceso”, señala Yván García, investigador de Centrum Think en Centrum PUCP.

Gobernanza multinivel y financiamiento

A lo largo del tiempo, se ha venido trabajando en la descentralización para que el bienestar llegue en su totalidad al territorio nacional. La gobernanza climática busca, precisamente, que las acciones de mitigación y adaptación ante el cambio climático se den en todo el país partiendo de una articulación entre las entidades públicas. En ese sentido, la Ley Marco sobre Cambio Climático busca aunar los esfuerzos de los Gobiernos subnacionales, empezando por los regionales.

“Se da a través de las Estrategias Regionales de Cambio Climático, con la participación de los Gobiernos regionales en los mecanismos de gobernanza establecidos en el marco de esta ley”, destaca James Leslie, asesor técnico en Cambio Climático y Ecosistemas del PNUD.

En consideración de Lorena Montellanos, especialista en Comunicaciones y Sostenibilidad, a pesar de esta Ley Marco, existe en la actualidad cierta descoordinación entre los diversos niveles de gobierno. Pone como caso el reto que representa monitorear cómo las regiones vienen cumpliendo con el desarrollo y actualización de sus ERCC, y el avance de los Gobiernos municipales provinciales con sus Planes Locales de Cambio Climático (PLCC).

“Si bien contamos con las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por siglas en inglés), estas son asumidas por el Gobierno nacional. El involucramiento de las diferentes instancias va más allá de lo que puede hacer este Gobierno. Por eso se habla de una agenda conjunta donde la gobernanza climática sea la piedra angular”, explica.

La especialista agrega que, a la par de alinear a los diferentes actores en una misma agenda, es sustancial que se faciliten los flujos financieros para la inversión en soluciones climáticas desde el interior del país. Este es un requisito para que las autoridades en los departamentos encuentren un marco de acción concreto.

“También tiene que ver no solo con la inversión por parte del Gobierno, el presupuesto público, sino también con el tipo de alianzas público y privada que se puedan establecer”, puntualiza Montellanos.

Yván García coincide en que mejorar la articulación pasa por aumentar el financiamiento destinado a los Gobiernos regionales y locales. Alcanzar este objetivo tiene relación, además, con obtener mayor acceso a fondos internacionales y una mejor distribución de los recursos nacionales.

“La corrupción reduce la efectividad de los programas que son usados para implementar medidas de mitigación y adaptación al problema del cambio climático”.

Del mismo modo, añade que es necesario fortalecer los mecanismos de gobernanza multinivel para que faciliten una mayor colaboración y coordinación: “Esto incluye mejorar las plataformas de comunicación y los procesos de toma de decisiones compartidos”.

Lorena Montellanos señala el caso de la elaboración del Plan Local de Cambio Climático de la Provincia de Lima, donde uno de los desafíos fue tener facilidad en el acceso a data.

“Había una intención de alinearnos mucho a las NDC, pero al mismo tiempo las instituciones estaban no tan autorizadas o no disponibles a brindar la información necesaria para alinear lo mejor posible este plan a lo que el Gobierno priorizaba en cuanto a mitigación y adaptación climática”, subraya

Dado lo anterior, la planificación resulta crucial para compaginar el compromiso de cada estamento gubernamental. Es aquí donde el rol del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú (SINAPLAN) es vital para integrar la acción climática en todos los órganos, subsistemas y relaciones funcionales del país, tal como lo expresa James Leslie.

“Es necesario asegurar que el sistema de planificación del país, cuyo ente rector es el CEPLAN, integre de manera efectiva la variable y agenda climática en los diferentes instrumentos de planificación, ya sea a nivel nacional, regional o local”, remarca.

Corrupción y acción climática

La corrupción desfavorece la gobernanza climática en el país. Para el 2023, la Contraloría General de la República ha revelado que la corrupción e inconducta funcional han generado pérdidas por más de 24 000 millones de soles. De esta manera, los proyectos de mitigación y adaptación pueden verse perjudicados por la malversación de fondos.

Se requiere contar con instrumentos que permitan demostrar la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos financieros a favor de la acción climática. Los países son llamados a aplicar herramientas que permitan demostrar esta transparencia”, enfatiza James Leslie.

La acción climática es afectada directamente. En 1998, por ejemplo, la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental llegó a un acuerdo por más de US$ 1000 millones con empresas de la industria de motores diésel para la comercialización de motores equipados con un software que inhabilitaba su sistema de control de emisiones contaminantes.

En países en vías de desarrollo, este tipo de malas praxis pueden llevarse a cabo con mayor facilidad, así se menciona en un artículo del Informe Global de la Corrupción: Cambio climático, elaborado por Transparency International.

“La corrupción reduce la efectividad de los programas que son usados para implementar medidas de mitigación y adaptación al problema del cambio climático. (…) La gobernanza climática y el desarrollo de proyectos intersectoriales deben abordar este problema para no verse gravemente afectados por la corrupción, como la desviación de fondos públicos que pueden ser llevados a la malversación de ellos”, indica Yván García.

Para Lorena Montellanos, finalmente, la corrupción no solo causa la mala desviación de estos fondos, sino que también menoscaba la confianza y el apoyo de la ciudadanía a programas o políticas públicas que busquen hacer frente a los desafíos climáticos del Perú.

“Debilita los esfuerzos para combatir el cambio climático, la transparencia en la asignación y uso de recursos. Vemos como a ciertos Gobiernos se les otorga un presupuesto para cubrir ciertos temas y solamente gastan el 10 %. Es un tema preocupante”, concluye.