Informes
Conflictos y Minería: Reflexionando sobre los cambios que se requieren
Por Stakeholders
Lectura de:
Miguel Lévano Muñoz
Especialista en Industrias Extractivas de Oxfam en Perú
“Debemos procurar una minería que aprenda de estas tensiones y promueva modificaciones que la hagan más sostenible”
Todos y todas reconocemos que la minería es el sector económico más vinculado con la conflictividad social en el Perú. Una verdad, ratificada por los reportes tanto de la Defensoría del Pueblo como de la Presidencia del Consejo Ministros, es que los conflictos que giran en torno a la actividad minera siguen expresando un gran desafío para la gobernabilidad del país. Y si nos centramos en los últimos 10 años, vemos que a pesar de que la totalidad de conflictos sociales ha disminuido, la proporción de aquellos vinculados a la minería ha crecido, llegando a representar el 43% del total.
Solo observando los 15 procesos de consulta previa en minería terminados[1], que representan el 35% de los implementados hasta la fecha, se pueden constatar no solo asimetrías en los accesos a información y asesorías[2], sino que no tocan los momentos medulares de una operación minera. La Defensoría del Pueblo cuestionó la idoneidad del momento de su implementación: “Establecer la consulta previa antes de la autorización de inicio de exploración no permite a los pueblos indígenas consultados arribar a acuerdos directamente vinculados al diseño del proyecto y que pueda incidir en la protección concreta de sus derechos colectivos”[3]. En ese sentido, el Grupo de Empresas y Derechos Humanos, de Naciones Unidas, recomendó al Estado peruano que las consultas previas “…se lleven a cabo en todas las fases de la adopción de decisiones que puedan afectarles…”[4], es decir, antes de las concesiones, prospección, aprobación del EIA y aprobación de planes de cierres de mina[5].
Pero más que buscar una minería con menos conflictos, debemos procurar una que aprenda de estas tensiones y promueva modificaciones que la hagan más sostenible. Eso pasa por reformas al marco normativo e institucional -que puede iniciarse con la nueva Ley General de Minería- elevando sus estándares ambientales, sociales y económicos; y por una mayor y más efectiva presencia del Estado frente a decisiones fundamentales y en las zonas donde se desarrollan los grandes proyectos mineros.
[1] Ver http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=4&idTitular=6981&idMenu=sub6980&idCateg=1208
[2] Ana Leyva, Consúltame de Verdad, aproximación a un balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero, CooperAcción y Oxfam. Lima, junio 2018.
[3] Oficio N° 0504-2016/DP del defensor del Pueblo al ministro Gonzalo Tamayo Flores, recibido el 15 de agosto de 2016.
[4] Numeral 90, letra d, sobre recomendaciones al gobierno peruano, pp. 20, Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión al Perú. Naciones Unidas, mayo 2018. Ver: https://acnudh.org/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-derechos-humanos-y-empresas-mision-al-peru/
[5] Numeral 66, ídem.
