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Ana Estrada ejerció su derecho a una ‘muerte digna’: ¿Perú está preparado para legislar la eutanasia?

Ana Estrada (47) se convirtió en la primera persona en el Perú en ejercer su derecho a la eutanasia, un recurso castigado hasta con tres años de cárcel a quienes ayudaran a terminar con la vida de otro a petición suya.

Después de una larga batalla legal por el derecho a una ‘muerte digna‘, Estrada logró acceder a este procedimiento el pasado domingo, «bajo sus propios términos y conforme a su idea de dignidad», según confirmó su abogada, Josefina Miró Quesada.

La intervención médica se llevó a cabo siguiendo un protocolo aislado, previamente aprobado por el Seguro Social de Salud (EsSalud), gracias a una histórica sentencia emitida a favor de Estrada por el Poder Judicial el 23 de febrero de 2021. Esta misma decisión fue ratificada por la Corte Suprema en julio de 2022.

El caso de Ana Estrada ha sentado un precedente en el debate sobre la eutanasia en Perú, un tema que aún no está legalizado en el país. Su lucha ha sido reconocida como un ejemplo de defensa de la dignidad y la libertad de decidir sobre nuestras propias vidas y cuerpos.

A nivel internacional, varios países, incluidos dos en América Latina (Colombia y Ecuador), ya permiten la eutanasia, lo que abre un debate sobre si Perú está preparado para tomar una decisión similar. El exministro de Salud, Víctor Zamora, considera que el caso de Estrada representa un punto de inflexión que podría impulsar la legalización de la eutanasia en el país.

Sin embargo, Zamora enfatiza la necesidad de una regulación clara por parte del Estado, que garantice el respeto a los derechos del paciente y establezca procedimientos institucionales para la eutanasia. Esto incluiría la capacitación de profesionales de la salud y el respeto a la objeción de conciencia, al tiempo que se asegura el acceso a este derecho fundamental.

“Si se reconoce que ser asistido en la muerte es parte del derecho a la salud, inmediatamente genera en el Estado las obligaciones de respetar, cumplir y establecer las normas que regulan el procedimiento de manera institucional e individual”, comentó para Stakeholders. Agregó que, si bien la institución debe preservar el derecho que tienen los prestadores a ejercer su objeción de conciencia (negativa a acatar órdenes), no pueden impedir que el paciente ejerza su derecho consagrado a la vida o a la muerte.

Por su parte, el profesor Principal del Departamento de Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Carlos Aramburú, indicó que actualmente nuestro país aún no se encuentra preparado para legislar la eutanasia.

«Nuestro país aún no está preparado, es un proceso largo. […] El asunto de la eutanasia trasciende la mera cuestión legislativa; penetra en nuestra percepción de la vida. La pregunta fundamental es: ¿a quién pertenece la vida? En este contexto, la libertad y la decisión individual, siempre y cuando sean ejercidas de manera consciente, adquieren un rol primordial», comentó a este medio. Sin embargo, también destacó la complejidad ética que rodea a este tema, ya que involucra no solo a la persona que solicita el procedimiento, sino también a quienes lo llevan a cabo.

A nivel legal, el caso Estrada ha adquirido un estatus emblemático en el ámbito judicial relacionado con esta materia. Sin embargo, ante la ausencia de una legislación específica, cualquier situación similar requeriría iniciar un proceso judicial desde cero, reclamar el reconocimiento de este derecho y solicitar además la no aplicación del delito de homicidio piadoso para permitir el acceso a la eutanasia. Ello conllevaría un desgaste emocional y físico tanto para el paciente como para sus seres queridos.

La lucha de Ana Estrada

Ana Estrada, desde los 12 años, luchó contra la polimiositis, una enfermedad que la dejó paralizada y dependiente de un respirador artificial. Sin embargo, su lucha trascendió su propia batalla personal y se convirtió en un símbolo por los derechos de los pacientes en Perú, donde la eutanasia aún no es legal.

En 2016, un episodio crítico llevó a Ana a la sala de cuidados intensivos, momento en el que comenzó a luchar por sus derechos. La Defensoría del Pueblo asumió su caso en 2019, liderando una batalla legal que culminó con una histórica sentencia a su favor en febrero de 2021, ratificada por la Corte Suprema en julio de 2022.

Finalmente, en enero de 2024, el Seguro Social de Salud completó el protocolo de muerte asistida para Ana, permitiéndole elegir al profesional que aplicaría la eutanasia. Este hito significó para Ana el sentirse dueña de su vida y su cuerpo como nunca antes.

Caso María Benito

A principios de febrero, el Poder Judicial emitió un fallo a favor de María Benito, paciente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), para que se suspendieran los tratamientos que prolongan su vida. Sin embargo, el proceso se ha visto obstaculizado.

El fallo autorizó a EsSalud a desconectar a la paciente del ventilador mecánico. A pesar de estar reconocida por ley, EsSalud ha rechazado la ejecución tres veces basándose en la objeción de conciencia, según Ojo Público.

La sentencia de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima establece que el retiro del ventilador mecánico no requiere de un protocolo especial y no acarrea responsabilidades penales para los médicos. El 6° Juzgado Constitucional de Lima emitió una resolución que ordena a EsSalud designar un médico no objetor de conciencia en un plazo de cinco días hábiles, bajo amenaza de acciones penales y destitución de funcionarios en caso de incumplimiento. El plazo se cumplió el pasado 8 de abril, sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado.

¿En qué países del mundo se realiza la eutanasia?

La práctica de la eutanasia avanza en el mundo, con varios países adoptando legislaciones que permiten la llamada «muerte digna«. Entre ellos se encuentran Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Nueva Zelanda, Portugal, Colombia y Ecuador.

Países Bajos y Bélgica fueron pioneros en legalizar la eutanasia en 2002, seguidos por otros países como Canadá y España.

Francia se perfila como el próximo en sumarse a esta tendencia, con el gobierno presentando un plan de «ayuda a morir» que permitiría el suicidio asistido bajo estrictas condiciones, aunque enfrenta la oposición de la iglesia.

En América Latina, Ecuador se unió recientemente a Colombia al legalizar la eutanasia en febrero de 2024. Mientras tanto, Uruguay, Chile y Cuba debaten proyectos al respecto, y México ya cuenta con una ley del «buen morir» que permite a los pacientes rechazar la prolongación artificial de la vida.