Iván Martínez López, vicepresidente de la World Compliance Association, conversa con Stakeholders acerca del avance en materia de compliance en las organizaciones peruanas. Además, se refiere al desarrollo del VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción, el cual se llevó a cabo durante cuatro días en el país.
POR RENZO ROJAS
rrojas@stakeholders.com.pe
¿Qué tan importante es en la actualidad el compliance en el sector privado?
Desde el mundo de la empresa, el compliance cada vez más se está convirtiendo en una herramienta imprescindible. Es innegable su importancia. Y es que hay una evolución legislativa prácticamente en todos los países del mundo, incluyendo el Perú. Por ejemplo, la Ley 30424 (Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho), y otro proyecto legislativo que supone que va a ampliar los tipos de delito por los cuales se puede responsabilizar a una empresa.
¿Ahí, justamente, el compliance tiene un rol fundamental?
Tenemos un marco legislativo que está evolucionando. Las empresas están recibiendo sanciones más severas por falta de cumplimiento en problemas de corrupción. A las empresas, al fin y al cabo, se les termina sancionando por su omisión de control o por sus responsabilidades que tienen para prevenir determinadas conductas de las personas que trabajan en la organización. Es ahí donde el compliance se vuelve una pieza fundamental.
¿Qué tipo de riesgos afrontan las organizaciones que no deciden trabajar al respecto?
Más allá del impacto legal por un problema de falta de cumplimiento, el impacto reputacional que sufren es terrible. Hay casos reales en donde las empresas, a partir del escándalo, sufren los efectos de manera inmediata: congelamiento de cuentas bancarias, cancelación de líneas de crédito y de proyectos de cofinanciación multilateral, pérdida de contratos públicos y privados, etc.
¿Cómo avanzan las empresas de la región en el tema?
En general, el sector privado está avanzando en los últimos años, dando buenos pasos en materia de cumplimiento. Sin embargo, diría que el sector público y el político no están a la par. Considero que es una realidad que se repite en toda Latinoamérica.
¿Cuál es la situación en el Perú al respecto?
En el contexto peruano, esto se manifiesta con más claridad e insistencia. Objetivamente existen buenos avances del sector privado, pero no veo que la velocidad del sector público sea la misma. Como observador interesado y externo de lo que ocurre en el Perú, lo anterior es una de las asignaturas pendientes: el compromiso real de la clase política y de la pública por aplicar medidas para evitar el daño a los ciudadanos. Mientras no apliquemos medidas preventivas, estamos condenados a repetir la historia una y otra vez.
Por otro lado, se desarrolló el VI Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción. ¿Qué expectativas le dejó el mismo?
Las expectativas son las mismas de hace seis o siete años cuando lo celebramos por primera vez en Lima. Buscamos sensibilizar, comunicar e impulsar. Son los tres primeros objetivos. Hace años, cuando desarrollamos la primera edición, apenas se hablaba de prevención de la corrupción en el sector privado y el público. Eran casi inexistentes los casos de aplicación de buenas prácticas internacionales en la materia.
En este propósito, sin duda, el congreso ha sido un espacio importante…
Fíjate en lo que hemos avanzado en estos años. Perú es uno de los países que desde el sector privado más han implementado y certificado este tipo de programas. Queda muchísimo por hacer. Uno de los retos que nos planteamos este año fue ampliar esa visión del compliance mucho más allá de la corrupción. Asimismo, acercar el compliance a las pymes, a quienes quizá les cuesta más adoptar este tipo de medidas.