Por Milagros Bracamonte
Lectura de:
Las empresas, independientemente de su tamaño, sector de actividad, contexto operacional o estructura, cumplen un rol fundamental sobre las vidas de las personas y las comunidades en las que operan. Algunas veces el impacto es positivo: se crean puestos de trabajo, las nuevas tecnologías mejoran las condiciones de vida, y la inversión en la comunidad se traduce en beneficios reales para las personas que viven en ella. No obstante, también pueden aumentar las desigualdades ya existentes en las sociedades y llegar a estar involucradas en violaciones y abusos a los derechos humanos, en muchas ocasiones de manera grave y reiterada.
El crecimiento acelerado de la presencia e influencia de las nuevas tecnologías por parte de las empresas en diversos aspectos de la vida cotidiana y en la toma de decisiones de alto nivel, supone nuevos desafíos y exige analizar con más rigor su vínculo con el respeto y la defensa de los derechos humanos. En este contexto, se vuelve cada vez más necesario fortalecer y apoyar la adecuación de las empresas a principios y estándares de respeto de los derechos y libertades fundamentales.
Con el objetivo de que los Estados promuevan el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas, y de que estas gestionen el riesgo de provocar consecuencias negativas en los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos humanos -PR. Estos principios responden a la norma de conducta a nivel mundial que se espera de todas las empresas y de todos los Estados en relación con las empresas y los derechos humanos. Pese a que estos principios no tienen un carácter vinculante, contribuyen a analizar las repercusiones que las normas y prácticas actuales tienen para los Estados y las empresas.
Impacto en la cadena de suministro
La aprobación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos – la primera política pública del país que abordó de manera directa el tema de la debida diligencia en derechos humanos – ha permitido ir cerrando las brechas en materia de derechos humanos en la actividad empresarial. En ese sentido, Daniel Sánchez, coordinador del Proyecto de Empresas y Derechos Humanos (B+HR) de PNUD, señala que “en la actualidad hay empresas que vienen avanzando en este proceso y cuentan con compromisos públicos en materia de derechos humanos y que ese compromiso orienta a toda su cadena de suministro. Si una gran empresa comunica públicamente que va a comprar en toda su cadena de suministro a empresas que respeten la debida diligencia, generarán un efecto positivo sobre toda su cadena del valor”.
Agrega que el compromiso público también debe ser un mecanismo de impulso para las pequeñas y microempresas que son las que tienen dificultades para alinearse a estos principios rectores. “La clave es que identifiquen los beneficios que tendrán – como acceder a mercados más grandes y tener un mayor nivel de competitividad -si empiezan a actuar de manera correcta”.
Sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo
De acuerdo con Gustavo Zambrano, miembro del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos (IPEDHU), integrar los derechos humanos en el entorno empresarial es clave para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo. “Hacerlo no solo garantiza cumplir con los estándares internacionales, como los Principios Rectores y las directrices de la OCDE, sino que también se alinea con los criterios ESG, fundamentales para el éxito corporativo moderno”.
Zambrano añade que desde el lado obligacional hay una necesidad en términos de cumplimiento para poder acceder a mercados internacionales. “No se trata solo de ser sostenible o cumplir con los estándares ESG, sino de identificar el conjunto de buenas prácticas y acciones que permiten tener una empresa responsable desde la lógica de la responsabilidad social empresarial. En este punto, el análisis de riesgo sirve para identificar esos riesgos y buscar reducirlos a través de planes de contingencia, planes de mitigación y, sobre todo, comunicar a los stakeholders las acciones que viene haciendo la empresa para que los riesgos identificados no sean vulnerados”.
Respecto a los avances en el sector empresarial, Daniel Sánchez explica que “desde que aparecieron los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos se han ido desarrollando una serie de instrumentos normativos en el ámbito internacional. El más reciente fue la aprobación de la directiva europea sobre sostenibilidad corporativa, el cual señala que las empresas que quieran comercializar en el mercado europeo deben incorporar los principios rectores como una obligación. Con ello, hay que considerar que no es un elemento de buena fe de las empresas, es una obligación”.
Reputación, atracción de talento y nuevos clientes
Al incorporar prácticas éticas y responsables, las empresas no solo evitan riesgos legales y reputacionales, sino que también crean un entorno favorable para el crecimiento sostenido y la innovación. Su cumplimiento puede traducirse en beneficios tangibles, desde la mejora de la reputación y la confianza del consumidor, hasta la atracción de talento y el acceso a capitales de inversión socialmente responsables.
Gustavo Zambrano señala que los consumidores están más informados y son más exigentes respecto a los valores de las empresas de las que compran. “Aquellas empresas que muestran un verdadero compromiso con los derechos humanos generan una imagen positiva, atrayendo a clientes que valoran la ética y la responsabilidad social. Esta mejora en la reputación no solo facilita la captación de nuevos clientes, sino que también refuerza la fidelidad de los actuales, quienes se sienten orgullosos de respaldar a una empresa con principios firmes”.
Para Sánchez, “otro beneficio es que la empresa genera atracción de talento, ya que los empleados que valoran los temas vinculados al compromiso social de una empresa optarán por permanecer en un ambiente laboral donde la cultura empresarial está orientada a un buen clima laboral. Esto evita la alta rotación de personal, un problema que genera altos costos a las empresas”. De hecho, la Guía Laboral Hays 2021 reveló que el 27 % de los trabajadores encuestados a nivel mundial (población Millennial y Generación Z) consideran las acciones de Responsabilidad Social Empresarial de las compañías al momento de buscar empleo y el 25 % abandonó su puesto de trabajo en el último año por su disconformidad con la filosofía corporativa.
