La integración vertical de las comunidades agrícolas de la sierra y selva

Muchos autores han escrito sobre la necesidad de que el Estado a través de leyes, disposiciones y políticas públicas integren a los pequeños agricultores al comercio internacional. Programas como Sierra Exportadora que proponen el denominado “Municipio Productivo”, que dota a los alcaldes y autoridades de la zona de una serie de competencias para formular proyectos productivos, planes de negocio con recursos propios; entidades como Innovate, Fondo Empleo, Fincyt, Procompite, Agroideas proponen generar proyectos utilizando fondos no reembolsables. Como apreciamos, los fondos existen y se encuentran disponibles al igual que los programas, sin embargo, para el desarrollo de los proyectos que ayuden a los pequeños agricultores a integrarse o a las comunidades campesinas a mejorar su productividad, se requiere de capacidades técnicas y operativas que los agricultores y sus comunidades adolecen.

La solución que debería estar a cargo del Estado o de los gobiernos regionales y locales sólo han generado resultados y avances limitados; y es que exigirles a los gobiernos que adolecen de capacidades de gestión, a los municipios de pueblos alejados que ostentan fondos escuetos para asumir los retos de un desarrollo productivo y severas limitaciones técnicas, no es la solución. En diferentes momentos, gobiernos de turno han planteado reformas y apoyo a la agricultura, impulsando la banca que fomenta el desarrollo agrícola, siendo los resultados poco alentadores debido a que la solución no se encuentra directamente en la entrega de capital de trabajo o de inversión.

Uno de los principales problemas que existe para que se pueda generar una integración de las comunidades a la cadena productiva son las comunicaciones (infraestructura vial, telecomunicaciones), esta situación trae como consecuencia una ruptura en la interacción comercial y en el conocimiento de los mercados, como resultado de esto, los agricultores venden sus productos a precios por debajo del mercado.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que un informe del MIDAGRI (2015), indica que la agricultura emplea al 26% de la PEA nacional y al 65% de la PEA rural, refiere que “es uno de los sectores con menor productividad de mano de obra debido al bajo nivel educativo de la fuerza laboral en el ámbito rural”. La FAO analizando la agricultura en el Perú indica que este 65 % de la población rural relacionada con la agricultura está viviendo bajo condiciones de pobreza y el 25% bajo pobreza extrema. El Banco Mundial (2017), en el documento “Tomando impulso en la agricultura peruana”, comenta que la pobreza en el Perú continúa teniendo un componente desproporcionadamente rural.

Existen muchos modelos de gestión productiva agraria que han sido probados con muy buenos resultados, en parte, apoyados por la cooperación extranjera o por organismos privados que han logrado complementar y mejorar la productividad de los agricultores y sus estándares de vida, sin embargo, han sido puntuales y no replicados. Por lo que, para generar un cambio del agro en el Perú, se requiere del mapeo de todas las zonas agrarias en situación de riesgo del país.

Asimismo, un análisis de las falencias en infraestructura (vial, comunicaciones, seguridad y sanitarias), técnicos, de gestión y económicos. Requiere de un estudio de las capacidades productivas de cada zona para ver qué productos podrían ser cultivados y que generen rentabilidad e integración vertical con la cadena exportadora del país. A partir de este análisis podríamos decir que reformaremos en sector agrario, cuando sepamos el costo – beneficio que significará la inversión no sólo para el Estado, sino para las comunidades campesinas. En este caso la inversión se daría por proyectos diferenciados, teniendo en cuenta las necesidades reales de cada zona.