Por Stakeholders
Lectura de:
Alier Ortiz
Director de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM)
La educación es un derecho humano fundamental, reconocido por todas las convenciones y acuerdos internacionales de los que el Perú es parte. Ella se concibe como un derecho habilitador de muchos otros derechos y como el mejor antídoto para salir de la pobreza y disminuir las desigualdades y la exclusión. Sin embargo, situaciones de emergencia como la que vivimos por la pandemia del coronavirus a nivel global, pueden significar una grave amenaza para el cumplimiento de este derecho. En el caso peruano, si bien el Ministerio de Educación implementó la estrategia multiplataforma de Aprendo en Casa para garantizar la continuidad del servicio educativo en la modalidad remota, se estima que cientos de miles de estudiantes de todos los niveles educativos han quedado fuera del sistema escolar. Esto, sin duda, agudizará las situaciones de desigualdad e inequidad previamente existentes.
En este momento el gran reto del mundo -y del Perú- es volver a clases presenciales. Es que ningún país está preparado para ofrecer el servicio educativo en modalidad totalmente virtual; y tampoco es deseable, al menos en el nivel básico, ya que hay dimensiones de la formación humana asociadas a la presencialidad que son irremplazables. Pero, lo que sí es seguro es que la educación virtual nos acompañará en el futuro y se convertirá en una herramienta poderosa para el cumplimiento del derecho a la educación.
En este contexto, ¿qué significa el derecho a la educación y qué retos plantea en el caso peruano? Dar cumplimiento al derecho a la educación significa hacer accesible el servicio educativo, y que este sea de calidad y con criterio de equidad e inclusión, sin dejar a nadie rezagado. Este desafío tiene dos dimensiones. La primera a nivel de políticas educativas, referida a la responsabilidad del Estado en la implementación de las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de este derecho. Estas tienen que ver con los esfuerzos para disminuir las brechas digitales, generadas por la escasa penetración de internet en el interior del país, especialmente en las zonas rurales, así como la dotación de equipamiento tecnológico necesario tanto a las instituciones educativas como a los docentes.
Los países de la región más conectados y con mayor experiencia previa en educación digital como México, Colombia, Chile y Uruguay han afrontado mejor esta emergencia educativa. Asimismo, resulta imprescindible implementar un sistema de producción de contenido digital en distintos formatos y con enfoque intercultural para atender a la diversidad del país en todas sus expresiones, para la educación virtual o como complemento a procesos presenciales. Ello contribuirá en la consolidación de un sistema educativo más moderno, inclusivo y resiliente.
El segundo desafío se vincula con la dimensión educativa propiamente dicha. La dotación tecnológica debe venir acompañada de capacitación a los docentes de todo el país, para que puedan propiciar en sus estudiantes un uso responsable y crítico de las mismas, que se vincula, en sentido amplio, con lo que la UNESCO denomina la educación mediática. Se requiere que los docentes manejen y apliquen metodologías colaborativas con los estudiantes, utilizando herramientas tecnológicas adecuadas, con el fin de contribuir en el desarrollo de la competencia de autonomía y responsabilidad en el aprendizaje. De este modo, el reto de incorporar tecnologías digitales en la educación es innovar el aprendizaje y convertirlas en herramientas de apoyo para que más niños y niñas desarrollen sus capacidades y talentos, y se conecten como ciudadanos al mundo global, desde su propia cultura.
