Alfredo Draxl G.R.
Director Ejecutivo de CIDEL
Quienes abogan por cerrar las minas denuncian la “ilusión neo-extractivista” del famoso banco de oro, que aprovecha únicamente al “gran capital” y promueve un modelo de “maldesarrollo”[1]. El argumento antiminero tiene aquí un punto importante: la minería produjo 98,226 millones de soles en impuestos entre los años 2001 y 2016, pero el impacto en las poblaciones aledañas a los lugares de explotación, viene siendo muy reducido, y en particular en educación, los distritos que más recursos recibieron durante el boom minero de los años 2000 exhiben un efecto paradójicamente negativo[2].
Pero en esta verdadera tragedia, la culpa original no está en principalmente en las empresas mineras, sino en la disfunción de nuestras instituciones, políticas, legales y culturales. Las instituciones priorizan el bien común sobre el individual y la apuesta por la sostenibilidad y el largo plazo por encima del beneficio inmediato. En nuestro caso, el cálculo político y la corrupción conspiraron para que la inversión educativa -un bien común, de largo plazo y sin rédito político inmediato- se abandone de tal manera, que, luego de 15 años, el aluvión de dinero se esfumó sin dejar rastro alguno en los estudiantes.
El complejo hamletiano debe terminar. Prioricemos la inversión de nuestros recursos no renovables en una verdadera revolución educativa que potencie el “desarrollo de capital humano”. Las minas se agotan, pero la educación se renueva: una vez logrado un estándar básico, las generaciones tienden a superar a sus mayores. La educación descentraliza. La educación genera mejores electores. La mejor educación y la cultura favorecen el aprovechamiento sostenible de los recursos.
El Perú tiene al menos $ 46,700 millones dólares en proyectos en cartera?[3] Nuestro “banco de oro” puede tranquilamente financiar una sustancial e histórica inversión en educación, especialmente en las zonas de influencia minera. El Ministerio de Educación tiene muy claras las líneas de inversión que se deben realizar, pero el lastre de la normativa del Estado es insoportablemente lento. Se ha mencionado el buen ejemplo del alineamiento de esfuerzos para el caso de los Panamericanos de Lima. ¿No es la educación una causa aún más grande e importante?
Obras por impuestos es un buen camino, pero se requiere revisar pues favorece la obra física, visible, y los impactos de corto plazo. Lo mismo la ley del canon minero. Articulemos la participación de especialistas del Minedu junto a las empresas mineras. Que éstas aporten los recursos y capacidad de gestión, que el Ministerio aporte los objetivos, estrategias y diseñen los indicadores educativos que hagan tangibles los avances en los proyectos menos visibles y de largo plazo que suelen ser los más importantes.
Apostemos por mejorar las condiciones de las escuelas y tener mejores docentes y directivos. Hagamos de las escuelas de zona de influencia minera un polo de atracción para la investigación y el desarrollo educativo. Los efectos alcanzarán a todo el País, y haremos sentir a los peruanos de las zonas mineras que los camiones de minerales transportan no solo rocas, sino el futuro de sus hijos y del Perú.
[1] Un buen ejemplo del argumento antiminero internacional puede encontrarse en el trabajo de Rodrigo Blanco Q. Impacto de la minería en el Perú y alternativas al desarrollo. Ed. Agencia Andaluza para la cooperación internacional para el Desarrollo. Acceso: shorturl.at/prAQ1
[2] Ver: Agüero; Maldonado; Balcázar y Ñopo: The Value of Redistribution: Natural Resources and the Formation of Human Capital under Weak Institutions. Institute Institute of Labor Economics; July, 2017.
[3] Ver: Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú: en Gestión 17-7-2017