Los retos de la educación superior virtual en el Perú

Karlos La Serna Studzinski
Profesor asociado del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico (UP)

La actual pandemia ha presionado a las universidades y a los institutos de educación superior a migrar a modalidades de enseñanza virtual, generando desafíos para estudiantes, docentes y organizaciones educativas. El presente artículo se concentrará en los retos de este último grupo. Antes de ello, conviene reconocer que parte importante de las modalidades de educación a distancia producen menor aprendizaje que la presencial, por ejemplo, cuando el estudiante debe seguir clases ofrecidas mediante radio o televisión, así como exposiciones colgadas en youtube.

En esos casos, no es posible la interacción entre profesor y estudiante; además, se traslada excesivamente la responsabilidad del aprendizaje al estudiante. Ciertamente, para producir aprendizajes significativos, es necesario “virtualizar” la educación a distancia, es decir, introducir dentro de esta última los espacios más valiosos del proceso educativo: las interacciones sincrónicas entre profesor y estudiante, así como entre estudiantes. Para ello, diversas plataformas, diseñadas inicialmente para videoconferencias, pueden resultar muy funcionales: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, etc.

Considerando las limitaciones de la infraestructura de telecomunicaciones del Perú, un primer desafío para la virtualización de la educación es conseguir que, en la universidad o en el instituto, se tomen decisiones eficaces: desde la selección de la plataforma a contratar hasta el diseño de las políticas que regularán el accionar docente en la modalidad virtual. Ello se dificulta cuando las autoridades no enseñan, debido a que están más concentradas en actividades administrativas. Consecuentemente, pierden contacto con los desafíos cotidianos que enfrentan los docentes. Se requiere, entonces, que autoridades lideren con el ejemplo; es decir, que ejerzan mínimamente la docencia, lo cual les facilitará diseñar políticas que atiendan fina y rápidamente los retos que la virtualización impone a sus docentes y estudiantes.

Ciertamente, las cabezas de las organizaciones educativas pueden acudir a indicadores de la funcionalidad de los recursos tecnológicos que deberían alertar cuando los problemas individuales se convierten en retos colectivos. Ello supone la permanente sistematización de las incidencias en las plataformas y generación de información estadística que sintetice las experiencias de profesores y estudiantes. Aquí es fundamental lo siguiente: evitar que el evaluado sea evaluador. En efecto, tal como es posible desprender de la Economía de la Información, las autoridades pueden tomar decisiones erradas si se respaldan en áreas de soporte informático que no son competentes y que, al monopolizar la información del desempeño de los recursos tecnológicos que proveen y administran, estarían incentivadas a producir indicadores sesgados sobre dicho desempeño.

Otro desafío organizacional es encontrar un equilibrio entre las funcionalidades de los recursos tecnológicos y los procesos didácticos. En efecto, una plataforma educativa puede resultar muy funcional para la enseñanza de asignaturas del campo de las letras, pero no para las ciencias. No solo ello, las recomendaciones sobre los recursos tecnológicos a contratar pueden caer en manos de personal del área de sistemas cuya experiencia docente es poca o nula. De allí que, antes de tomar decisiones, sea indispensable conformar equipos de profesores que representen a las diferentes disciplinas de enseñadas en la organización educativa para que prueben las funcionalidades de las plataformas. Si los recursos tecnológicos a contratar y las estrategias de las áreas de sistemas se deciden sin realizar “pruebas pilotos” en las que participen profesores y estudiantes, el perjuicio para el aprendizaje puede ser muy alto.

En suma, para que la enseñanza virtual produzca aprendizajes significativos es fundamental que las organizaciones educativas dispongan de áreas de sistemas competentes y que las autoridades tomen decisiones costo-efectivas destinadas a solucionar los desafíos cotidianos que impone la virtualización de la enseñanza a sus profesores y estudiantes.