El problema docente en su máxima expresión

Por: Paul Neira 
Consejero Nacional de Educación 

Cuando escribo esta columna, la huelga regional de docentes en el Cuzco ha escalado ya a tres regiones (todos en la zona sur del país) más que se han unido a esta medida. La huelga en la capital del imperio Inca ya tiene más de 35 días y, este año, una historia de mini levantamientos que solo demuestran que se venía cocinando algo más grande en términos de reclamos magisteriales. Permítanme, analizar un conjunto de hechos que, desde mi opinión, no deberían pasar desapercibidos y que involucran directamente a los profesores del país.

Primera prueba. Desde hace algo menos de 4 años la composición de la condición laboral en el magisterio peruano ha cambiado significativamente. Me refiero a la condición de nombrado o contratado. El segundo tipo tiene significativamente menos reconocimientos laborales respecto del primero. Bajo esta lógica en el Perú normalmente el número de contratados oscilaba entre 30,000 a 40,000 al año. Hoy en día, según cálculos del Consejo Nacional de Educación, cerca del 44 % de la fuerza laboral docente se encuentra en la condición de contratados. Tenemos entonces a cerca de 140,000 o 150,000 docentes que trabajan bajo esta modalidad. Ojo, estos profesores al no estar en la carrera docente no tienen que dar evaluaciones meritocráticas.

Segunda prueba. Dado que este grupo ha crecido de forma exponencial, ya tienen una voz fuerte como para quejarse. Debido a dicha presión, el Ministerio de Educación, durante la actual gestión, decidió aumentarle el sueldo a este grupo. Con resolución ministerial de por medio, a partir de este julio, todos estos profesores van a ganar soles menos que el primer nivel de la carrera magisterial que esta (luego del primer tramo de aumento) en 1780 soles.

Tercera prueba. En los cinco años, de acá al 2021, del gobierno de PPK se iniciaba un proceso de evaluaciones meritocráticas a los docentes públicos. Cuando decimos evaluaciones meritocráticas nos referimos a aquellas evaluaciones que de no cumplir con los requisitos implicará iniciar el lento pero legal camino de terminar fuera de la carrera magisterial. Recordemos que eso es lo que plantea la Ley de Reforma Magisterial aprobado durante el gobierno de Ollanta Humala. En pocas palabras en este gobierno era donde las “papas iban a quemar” porque implicaba hablar en serio de la reforma docente.

Escenario. Se imaginan entonces cómo es que están los docentes nombrados que sí entran a la evaluación y pueden perder su trabajo (producto de la meritocracia) frente al aumento salarial de los docentes contratados que van a ganar un “poquito menos nomas” que yo, pero no sujetos a la meritocracia.

En un contexto de desaceleración económica o “virtual recesión” como lo llamo Gianfranco Castagnola de Apoyo Consultoria, hay que ser bien naïf para creer que el ejecutivo va a poder cumplir su palabra de aumentarle ese segundo tramo que lleve el sueldo piso a los 2000 soles. Ese segundo tramo debe de costar entre 800 o 700 millones de soles más. La pregunta es de donde. Y a eso hay que sumarles el aumento a los profesores contratados que les mencioné.

Por eso es que la plataforma de la huelga se va a lo que, los docentes consideran es lesivo para ellos, es traerse abajo la evaluación meritocrática. Aunque vale decir, la agudización de las contradicciones en Cuzco, ha llevado a que ellos reclamen que se derogue la Ley de Reforma Magisterial (un pedido a todas luces absurdo e irracional), pero que desnuda los problemas que se nos vienen puesto que esto recién comienza.

Finalmente, dos temas (de varios más que se quedan en el tintero) más como para terminar de dibujar la situación. Entre el 15 y 16 de julio se anunció un acuerdo entre el SUTEP y el Ministerio de Educación. Pero recuerden la fractura entre el SUTEP y los SUTE. Muchos de los acuerdos comportan mayor gasto en el presupuesto de apertura del sector para el año 2018. Año que no pinta bien en crecimiento económico y algunos dicen incluso que el Presupuesto del 2018 va a ser menor que el del 2017. La pregunta que ronda es como vamos a pagar la factura de esas subidas. Y además, recordemos que el año 2018 es un año electoral y las regiones van a ser un hervidero político. Menudo problema el que se nos viene.