Por Stakeholders
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En un país donde más de 9 millones de personas viven en situación de pobreza y los servicios públicos enfrentan constantes recortes, el Congreso de la República manejará este 2025 un presupuesto histórico en su etapa unicameral: S/ 1,413 millones.
Esta cifra no solo representa un gasto récord en la historia parlamentaria reciente, sino que supera ampliamente los presupuestos asignados a programas sociales clave, entidades del sistema de salud, organismos electorales y judiciales. La asignación más polémica: el Parlamento costará más que alimentar a millones de niños o brindar tratamientos oncológicos a pacientes del sistema público.
La desproporcionada vida del Congreso
Según información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de S/ 923 millones de este monto están destinados exclusivamente al pago de planillas y personal. A ello se suma un rubro de S/ 270 millones reservado para implementar la bicameralidad, una reforma aún no aprobada por referéndum, pero que ya ha sido presupuestada.
En contraste, el programa Wasi Mikuna (Qali Warma), que garantiza la alimentación escolar, recibe S/ 979 millones; Pensión 65, que asiste a los adultos mayores en situación de pobreza, cuenta con S/ 933 millones; y el programa Juntos, que atiende a las familias más vulnerables, dispone de S/ 906 millones. La disparidad es clara: el Congreso cuesta más que todos ellos.
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En el sector salud, la diferencia resulta aún más escandalosa. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), que atiende a pacientes con cáncer, recibe S/ 555.7 millones, menos de la mitad del presupuesto congresal. En 2023, más de 3,400 nuevos casos de cáncer fueron reportados en el sistema público, y aun así, la atención especializada queda relegada en términos presupuestales.
Otro ejemplo es el Fondo Intangible Solidario de Salud (Fissal), que financia tratamientos de enfermedades raras, con S/ 715.2 millones, también por debajo. Peor aún es el caso del Instituto Nacional de Salud (INS), vital para la investigación médica en el país, cuyo presupuesto es de apenas S/ 69.1 millones, casi 20 veces menos que el del Parlamento.
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En el campo de la educación y el deporte, la brecha persiste. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) recibe S/ 411.8 millones, menos de la tercera parte de lo asignado al Congreso. El Programa de Dotación de Materiales Educativos, que debe garantizar recursos básicos para el aprendizaje de millones de escolares, apenas cuenta con S/ 97.1 millones. Esto evidencia la escasa prioridad asignada al desarrollo infantil y educativo frente al gasto político.
También los organismos electorales operan con presupuestos inferiores. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), clave para la supervisión del proceso electoral 2026, apenas maneja S/ 140.6 millones. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispone de S/ 476.8 millones, y el Reniec, de S/ 523.2 millones. A pesar del rol fundamental que cumplirán en los próximos comicios, su financiamiento palidece frente al Congreso.
El sistema judicial tampoco se salva de la comparación. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) cuenta con S/ 45.6 millones, y el Tribunal Constitucional (TC) con S/ 55.5 millones, cifras marginales en relación con los más de 1,400 millones de soles que administrará el Legislativo.
Más recursos
Como si el monto no fuera suficiente, el Congreso ha destinado partidas para consultorías, viáticos, bonos, planillas infladas y remodelaciones innecesarias. De hecho, la Comisión de Presupuesto ha aprobado ya una nueva asignación para el 2025: S/ 1,208 millones, superando de nuevo los recursos de programas sociales prioritarios.
En un país donde el discurso político gira en torno a la austeridad y la necesidad de priorizar a los más vulnerables, el manejo del presupuesto público revela otra realidad: una desconexión profunda entre las prioridades del Estado y las necesidades urgentes de su población.
