“La inestabilidad política, lamentablemente, afecta las expectativas de crecimiento futuro”

¿De qué manera la persistente inestabilidad política en el Perú está afectando la confianza de los inversionistas y las expectativas de crecimiento económico en el mediano plazo? Todos conocemos la coyuntura que se vive. ¿Qué tan fuerte puede afectar esto la percepción de los inversionistas sobre el país?

La inestabilidad política, lamentablemente, afecta las expectativas de crecimiento futuro. Esto ocurre, al menos, por dos canales. El primero es que la inestabilidad se ha reflejado en una altísima rotación de autoridades en distintos ministerios, especialmente en sectores sensibles.

Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad, hemos visto una rotación sin precedentes de ministros del Interior, lo que paraliza al sector. En el Ministerio de Economía, la permanencia promedio de un titular es hoy de menos de seis meses, cuando en el pasado era mucho más prolongada. Esto impacta directamente en las decisiones económicas, pues ralentiza procesos e introduce incentivos para la inacción: muchos prefieren esperar el cambio de ministro antes que asumir compromisos o responsabilidades.

¿Y cuál es el segundo canal por el que la inestabilidad afecta el crecimiento del país?

El segundo es que la debilidad del Ejecutivo lo ha vuelto más permisivo frente a iniciativas populistas del Congreso. Esto se refleja en una suerte de resignación del Gobierno para defender sus fueros, especialmente en materia fiscal.

Estas dos dinámicas generan mayor riesgo regulatorio, lo que desalienta las decisiones de inversión. Además, acortan el horizonte de planeación de los empresarios, que prefieren no planificar a mediano plazo ante la incertidumbre de lo que puede ocurrir incluso en el corto plazo.

Actualmente, cerca de tres de cada diez peruanos se encuentran en situación de pobreza monetaria. ¿Qué tanto está afectando la inseguridad al bienestar económico del país?

La inseguridad está teniendo un impacto directo. Hoy existen recursos productivos que deben destinarse a gastos de seguridad privada, algo que antes no era necesario.

Además, los pequeños negocios y emprendimientos se ven gravemente afectados por los “cupos” y extorsiones, que les restan liquidez y los llevan, en muchos casos, a la quiebra. Un estudio identificó que cerca del 15 % de los pequeños comercios con puerta a la calle en Lima Metropolitana han cerrado en el último año debido a la inseguridad y la extorsión.

La productividad laboral también se ha visto afectada…

Debemos reconocer que el país ha venido retrocediendo en materia de productividad. Entre 2004 y 2014, la productividad laboral creció en un 50 % acumulado, pero desde 2014 hasta hoy permanece estancada.

Esto se debe, en parte, a regulaciones que han inhibido el crecimiento de la productividad, especialmente en los ámbitos laboral y tributario. Además, existe un desacople entre las necesidades del mercado y la oferta educativa, lo que impide que la fuerza laboral se adapte a las demandas productivas del país.

¿Cuáles son sus expectativas en torno al crecimiento económico del Perú para este año?

Considero que para este año habrá un crecimiento ligeramente superior al 3 %, lo cual es positivo dentro de todo. La mayoría de sectores ha mostrado dinamismo en un entorno de estabilidad macroeconómica, baja inflación y reducción de tasas de interés por parte del Banco Central. Sin embargo, no es suficiente. El país necesita crecer al menos 5 % para generar empleo y reducir la pobreza.

“Debemos reconocer que el país ha venido retrocediendo en materia de productividad”.

¿Y qué se puede esperar para el próximo, considerando que ingresamos a una campaña electoral?

De cara al próximo año, el panorama dependerá de lo que ocurra en la primera vuelta electoral. La alta fragmentación política y la desafección ciudadana podrían repetir un escenario similar al de 2021, con la aparición de un candidato antisistema. Ese riesgo podría encender las alarmas y postergar decisiones de inversión.

Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial y analistas privados proyectan un crecimiento cercano al 3 %, aunque con tendencia a la baja en 2026.

En el corto plazo, y en búsqueda de una solución, ¿qué tanto peso tiene la inseguridad en este escenario económico?

El costo de la inseguridad no parece que vaya a reducirse en el corto plazo, independientemente de quién gobierne. Afecta tanto a los hogares como a las empresas: los consumidores gastan menos por temor a perder ingresos futuros, los costos de seguridad aumentan y la percepción de riesgo se eleva. Todo ello limita el crecimiento económico y explica, en parte, por qué el país no crece al ritmo que debería.

¿La gobernabilidad también está pasando factura? Las protestas y manifestaciones, ¿son una muestra de ello?

Sin duda. Cada día de paralización tiene un costo económico alto. Muchos trabajadores no pueden darse el lujo de dejar de laborar. Si las protestas y bloqueos aumentan —o si se recurre al estado de emergencia sin un plan claro—, lo único que se logra es imponer más costos económicos sin resolver los problemas de fondo.

¿La minería ilegal y el narcotráfico también tienen un impacto negativo en la economía del país?

Definitivamente. El avance de las economías ilícitas es un tema muy preocupante, pues deteriora la percepción de riesgo del país. Por ejemplo, se está volviendo a discutir la ampliación del Reinfo, pese a que existía el compromiso de culminar el proceso de formalización minera este año. Este tipo de señales restan credibilidad y desalientan la inversión formal.

Finalmente, teniendo en cuenta el manejo fiscal del Estado, ¿considera usted que existe espacio para aplicar una política fiscal más expansiva sin comprometer la estabilidad macroeconómica del país?

No, no lo hay. El espacio fiscal se ha reducido considerablemente debido a que el Gobierno ha mantenido déficits fiscales recurrentes, ha incumplido las reglas fiscales y ha utilizado gran parte de los activos financieros del Estado. Uno de esos activos es el Fondo de Estabilización Fiscal, que ya ha sido empleado en buena medida, junto con otras fuentes de ahorro público que también se han agotado.

La evidencia es clara: si observamos la evolución de la deuda neta —es decir, la deuda pública descontando los activos del Estado, como el propio Fondo de Estabilización Fiscal—, esta se ha incrementado en 20 puntos porcentuales del PBI durante la última década.
Hace diez años, la deuda neta representaba alrededor del 4 % del PBI; hoy asciende aproximadamente al 24 %.