“El éxito del país en el sector minero ha elevado las expectativas de las comunidades locales”

¿En qué fase de la industria minera se presentan mayores dificultades para el desarrollo de proyectos en el país?

Cada fase de un proyecto minero presenta sus propios desafíos únicos. En la etapa de exploración, la falta de ingresos hace que las empresas mineras sean especialmente sensibles al tiempo y los costos. Cualquier retraso en los cronogramas o aumento en los presupuestos puede ser crítico para la viabilidad de los proyectos. A pesar de los esfuerzos recientes de los Gobiernos por simplificar los requisitos legales, aún queda mucho por mejorar. Además, el éxito del país en el sector minero ha elevado las expectativas de las comunidades locales, lo que ha incrementado tanto los costos como el tiempo necesario para llevar a cabo las exploraciones.

Durante la fase de explotación, la gestión de las relaciones con las comunidades es crucial y debe ser una prioridad constante. La falta de atención en este aspecto puede poner en riesgo no solo las operaciones diarias, sino también cualquier posible expansión futura.

Hay muchos proyectos mineros en el Perú que están paralizados o no avanzan. ¿En dónde radica el problema para su progreso con la finalidad de que puedan ser inversiones que traigan réditos al país?

El estancamiento de muchos proyectos mineros puede deberse a diversos factores: falta de permisos, escasez de capital, conflictividad social, ausencia de derechos superficiales, entre otros. La obtención de permisos, uno de los problemas más comunes, puede verse afectada por la demora en los trámites por parte de las entidades gubernamentales o por una planificación ineficiente por parte de la empresa.

¿Qué tan desafiante es la conflictividad social que puede surgir en derredor de los proyectos?

La conflictividad social es otro desafío frecuente, donde las comunidades utilizan el interés del Gobierno en un proyecto para exigir la resolución de problemas locales de infraestructura, salud o educación. Aunque estos problemas se encuentran fuera del control directo del titular minero, a menudo este debe participar en la solución para aumentar las posibilidades de que el proyecto progrese. Por ello, una planificación adecuada durante la etapa de factibilidad del proyecto resulta esencial para mitigar el riesgo de paralización.

En este panorama, ¿cuánto pesa más allá de lo documentario contar con el “permiso” social de las comunidades?

Ambas cosas resultan fundamentales y no se puede decir que con lograr uno pueda prescindirse de lo otro. Contar con lo “documentario”, es decir, con el título minero, los derechos superficiales y los permisos gubernamentales resulta tan importante como obtener el “permiso” o “licencia” social de las comunidades.

¿Cómo influye esta “licencia” en el desarrollo de los proyectos?

Esta licencia social es vital, ya que refleja la aceptación y el respaldo de la comunidad local, lo que puede influir significativamente en la continuidad y éxito del proyecto. Sin el respaldo comunitario, incluso los proyectos mejor documentados pueden enfrentar obstáculos insuperables, bloqueos o enfrentamientos, que no solo retrasan el proyecto, sino que también pueden aumentar los costos y generar tensión social en la localidad. Por otro lado, un proyecto que goza del respaldo de las comunidades, pero carece de permisos tampoco es viable.

¿Qué retos existen desde el Estado en la fiscalización ambiental a nivel regulatorio?

Actualmente, Perú cuenta con un marco regulatorio apropiado para llevar a cabo actividades mineras. El principal desafío en materia de fiscalización ambiental es la capacitación de los funcionarios que deben aplicar el marco regulatorio. Es crucial que tales funcionarios estén bien informados y actualizados sobre las mejores prácticas y normativa vigente para garantizar una supervisión efectiva y eficiente. Esto no solo ayuda a asegurar el cumplimiento de las normas, sino que también promueve la confianza en el sistema regulador por parte de las empresas mineras y las comunidades afectadas.

“Las empresas que adoptan estas regulaciones de manera proactiva pueden mejorar su reputación y relación”.

¿Cuánto puede aportar esta capacitación a los funcionarios del sector?

Una adecuada capacitación puede fomentar una fiscalización que se enfoca debidamente en la protección ambiental y no en formalismos, permitiendo identificar y abordar problemas potenciales antes de que se conviertan en conflictos mayores. Este aspecto es vital para mantener un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental y social del sector minero en el país.

Seguridad, relaves mineros, entre otros. ¿Considera que la legislación frente a estos aspectos en la minería es eficiente?

La legislación en materia de seguridad minera en el Perú es, en general, efectiva. La combinación de una buena normativa y una adecuada supervisión, tras la transferencia de competencias a Osinergmin, ha contribuido a reducir la tasa de incidentes en la industria en los últimos 20 años. Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas ha fortalecido la normativa de seguridad en el sector minero, a fin de prevenir y mitigar los riesgos laborales en las operaciones mineras. En este contexto, se han establecido nuevas disposiciones para la operación de depósitos de relaves y otros residuos de las operaciones mineras, con el fin de mejorar los sistemas de gestión de los componentes geotécnicos.

Más allá del cumplimiento normativo, ¿qué ventajas representan para las compañías?

Es importante que las empresas se adecuen a estas nuevas normas para continuar garantizando un ambiente de trabajo seguro. Al hacerlo, no solo protegen a sus trabajadores, sino que también optimizan sus operaciones al minimizar interrupciones por accidentes o sanciones. Las empresas que adoptan estas regulaciones de manera proactiva pueden mejorar su reputación y relación con las comunidades locales y otras partes interesadas. Esta adaptación también incentiva la innovación en prácticas de seguridad, lo que en última instancia contribuye a un sector minero más sostenible y competitivo a nivel internacional.

Por otro lado, en un balance, ¿cómo se puede combatir a la minería informal e ilegal, vinculada también a la criminalidad, en el Perú?

En Perú se hace una distinción entre la minería informal y la ilegal. La primera es aquella que le faltan uno o más requisitos legales para poder desarrollarse en cumplimiento de la regulación, mientras que la segunda es aquella que no se va a poder regularizar por encontrarse en ubicaciones donde es ilegal hacer minería.

Más allá del combate de la criminalidad, el cual debe ser el mismo tanto para la minería informal como la ilegal, en el caso de la minería informal el Gobierno debe incentivar su formalización a efectos de que las empresas tributen apropiadamente y se respeten los derechos laborales de los trabajadores.

¿Qué rol puede jugar la formalización al respecto?

La formalización de la minería informal puede contribuir significativamente a la protección del medio ambiente, ya que las operaciones formales están sujetas a regulaciones más estrictas de gestión ambiental. Al fomentar la formalización, el Gobierno también puede garantizar que las prácticas mineras sean sostenibles y que se minimice el impacto ambiental negativo.

¿Cómo se debería dar este proceso para disminuir la informalidad?

El apoyo a la formalización debe incluir capacitación técnica y acceso a financiamiento para que los mineros informales puedan cumplir con los estándares requeridos. Todo esto no solo beneficia al sector minero, sino que también promueve el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas, asegurando una distribución más equitativa de los beneficios derivados de la actividad minera.