Por Stakeholders
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Este 25 de agosto, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la sentencia de 28 años y 3 meses de prisión efectiva contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta, en calidad de autores mediatos, y contra los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix, como coautores materiales, por el asesinato de los cuatro líderes indígenas ashéninkas de la comunidad Alto Tamaya-Saweto: Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez.
Los magistrados Robin Barreda Rojas, Marco Santa Cruz Urbina y Jonathan Basagoitia Cárdenas dispusieron además que los condenados paguen una reparación civil de 400 mil soles, equivalente a 100 mil soles por familia de cada víctima.
Un crimen que marcó a la Amazonía
El 1 de septiembre de 2014, los dirigentes de Saweto fueron emboscados y asesinados tras denunciar públicamente las prácticas de tala ilegal en la región de Ucayali. Según las investigaciones de la Fiscalía, los homicidios fueron ordenados como represalia por grupos vinculados al tráfico de madera.
Las víctimas habían advertido reiteradas veces sobre amenazas de muerte y buscaban que el Estado peruano titulara formalmente su territorio. Incluso habían explorado establecer alianzas con comunidades brasileñas para obtener apoyo internacional frente a la inacción de las autoridades nacionales.
El asesinato conmocionó a la opinión pública y visibilizó la vulnerabilidad de los defensores indígenas en la Amazonía, quienes enfrentan poderosas mafias vinculadas a la explotación ilegal de recursos.
Once años de espera por justicia
El proceso judicial ha sido largo y accidentado. En febrero de 2023, el Poder Judicial dictó la misma condena contra los acusados, pero la sentencia fue anulada en agosto de ese año por supuestos “defectos en la valoración de pruebas”.
Un nuevo juicio oral se inició en noviembre de 2023 en el Juzgado Colegiado de Pucallpa y concluyó en abril de 2024 con la misma condena de prisión y el pago de reparación civil. Sin embargo, la defensa de las familias y el Ministerio Público apelaron buscando aumentar la pena a 35 años de cárcel y elevar la reparación civil a 250 mil soles por cada familia.
La decisión ratificada este 25 de agosto mantiene la condena en 28 años y 3 meses, con la reparación fijada en 400 mil soles. El tribunal precisó que los acusados solo podrán recurrir en casación si alegan errores en la aplicación de normas procesales.
Testimonios y pruebas
Durante el juicio se presentaron testimonios claves, entre ellos el de Jaime Arévalo Campos, quien narró cómo se descubrieron los cuerpos de los líderes asesinados en la selva. Según su declaración, al buscar a las víctimas, hallaron tres cadáveres en avanzado estado de descomposición, reconocidos por sus compañeros de comunidad.
Los jueces consideraron que las pruebas reunidas, incluidos los testimonios directos, confirmaban la participación de los madereros en el crimen.
Un quinto procesado, Eurico Mapes Gómez, continúa en calidad de reo contumaz al no presentarse en ninguna de las audiencias. Su proceso permanece suspendido mientras sigue prófugo de la justicia.
Un caso emblemático para la defensa de derechos indígenas
El caso Saweto se ha convertido en un símbolo de la lucha por la protección de líderes indígenas y defensores ambientales en el Perú. La sentencia ratificada envía un mensaje sobre la necesidad de sancionar los crímenes contra comunidades vulnerables, en un contexto donde la tala ilegal, el narcotráfico y la minería ilegal amenazan permanentemente la Amazonía.
Pese al fallo, organizaciones indígenas y de derechos humanos sostienen que la condena no es suficiente. Exigen medidas de protección más sólidas para los defensores de territorios amazónicos y la captura inmediata del acusado prófugo.
Un paso adelante, pero no el final
Las familias de las víctimas recibieron la decisión como un avance, aunque insuficiente frente a once años de espera y a la impunidad parcial del caso. “Este fallo es importante, pero no borra el dolor ni la deuda histórica con quienes arriesgan la vida por defender los bosques”, señalaron representantes de la comunidad.
La comunidad de Alto Tamaya-Saweto, junto con la sociedad civil y organismos internacionales, seguirá vigilando la implementación de esta sentencia y exigiendo que no haya retrocesos.
