Por Denisse Torrico
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Solo entre enero y agosto de 2025 se han registrado 8,734 denuncias por violación sexual, lo que equivale a 36 casos diarios, o una denuncia cada 40 minutos; así lo reveló el programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
El Perú enfrenta una de sus crisis más graves en materia de violencia sexual. En ese sentido, la abogada penalista Cristina Aranda, del Estudio Ugaz Zegarra, advierte que la legislación peruana ha priorizado las sanciones posteriores al delito, pero carece de mecanismos efectivos de prevención.
“Nuestro marco normativo no prevé medidas para evitar que las violaciones ocurran, especialmente contra menores de edad. Lo que sí tenemos son mecanismos de denuncia y sanción, que se activan después de la agresión”, explicó en Stakeholders.
Si bien la Ley N.º 30364 regula procedimientos de protección, como medidas de alejamiento o refugios temporales, las víctimas enfrentan múltiples obstáculos. “En muchas comisarías no reciben la denuncia por prejuicios, falta de personal femenino o desconfianza en la palabra del denunciante”, precisa Aranda. Incluso cuando los casos ingresan a trámite, estos suelen archivarse por ausencia de pruebas o porque la víctima, por miedo o desconocimiento, borra evidencias clave tras la agresión.
Mecanismos de protección
Existen medidas específicas como la Cámara Gesell, que busca evitar la revictimización de niñas, niños y adolescentes, registrando su testimonio en una sola oportunidad. Asimismo, el Código Penal contempla sanciones severas: de 14 a 20 años de prisión por violación sexual a mayores de 14 años, con penas agravadas hasta los 26 años en casos específicos. En situaciones donde la víctima es menor de 14 años, la sanción es cadena perpetua.
Para la especialista, la raíz del problema está en la falta de políticas educativas y preventivas. “Necesitamos educación sexual integral adaptada a cada edad, acompañamiento psicológico en las escuelas y fortalecimiento de las DEMUNAS. La prevención no está prevista en nuestra legislación, y sin ella los delitos seguirán aumentando”, remarca Aranda.
Los datos oficiales muestran que las principales víctimas son niñas y adolescentes entre 0 y 17 años, que representan el 58% de los casos. Ante esta realidad, la urgencia de replantear las políticas públicas es evidente. Mientras la sanción penal se mantiene como un recurso posterior, la prevención continúa siendo la gran deuda del Estado.
