La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alertó del avance de los «movimientos antiderechos» en Perú. en un contexto de polarización social y política que, según dijo, se ha profundizado en los últimos meses.

«Hay indicios preocupantes de que los movimientos antiderechos están ganando terreno. Me preocupa el discurso de odio contra adversarios», declaró durante una conferencia en Lima.  

Aunque la alta comisionada de la ONU reconoció el compromiso de las autoridades peruanas de cooperar con organismos internacionales de derechos humanos, advirtió que «la indignación y la violencia pueden exacerbarse» durante las elecciones locales y regionales que el país celebrará el próximo octubre.

«El Perú se enfrenta a desafíos en materia de derechos humanos, pero pueden ser superados y se puede encontrar un camino hacia un futuro más inclusivo y de esperanza», aseguró al término de su misión en el país, donde mantuvo varios encuentros con representantes de la sociedad civil y altos funcionarios del Estado, entre ellos el presidente Pedro Castillo.

Bachelet fue enfática al afirmar que la «llamada agenda antiderechos» se ha visto expresada en algunas iniciativas de ley del Congreso peruano y, mencionó, por ejemplo, una propuesta legislativa que exigiría a las personas migrantes demostrar su condición migratoria regular para alquilar una propiedad, lo que «podría afectar a los más vulnerables, incluido a las niñas y niños».

También se refirió a propuestas que buscan cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de la Familia o bajar la edad de imputabilidad a los menores de 14 años, lo que, recordó, «contraviene todos los acuerdos internacionales y las convenciones de derechos del niño que Perú ha ratificado». 

«Son  iniciativas que parecieran menores, pero hay un trasfondo, de una agenda antiderechos, que me preocupa y espero que el Gobierno las observe o que el Congreso las reconsidere», comentó antes de sentenciar que «retroceder en avances históricos» sería la mayor amenaza para Perú.

La expresidenta chilena aseguró que para contrarrestar un eventual retroceso al respeto de los derechos humanos, el país andino ya dispone de «importantes herramientas» alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, pero requiere de unidad y «esfuerzo para garantizar su aplicación».

En ese sentido, destacó el «valioso movimiento de derechos humanos» con el que cuenta el país, el rol de la Defensoría del Pueblo y la existencia de funcionarios comprometidos con las libertades fundamentales. 

«El camino a seguir solo puede trazarse con éxito si los distintos sectores de la sociedad se unen y mantienen un diálogo nacional inclusivo, que represente la rica diversidad del país», reiteró tras exhortar a todos los partidos políticos a actuar «con generosidad y sentido de Estado».

Agregó que, para este proceso de diálogo, es «fundamental» contar con instituciones estatales «fuertes, transparentes, responsables y dispuestas a erradicar la corrupción», y estar en alianza con las poblaciones indígenas y las personas defensoras de derechos humanos «para hacer frente a la impunidad de la que gozan los grupos criminales». 

Por eso, hizo un llamado a las autoridades a dar a los defensores de derechos humanos una «protección efectiva para garantizar un entorno seguro y propicio para su trabajo».

Respaldo a poblaciones vulnerables

En otro momento, Bachelet aseveró que, aunque la minería y otras industrias extractivas han sido «fundamentales para la economía del Perú durante siglos», con «demasiada frecuencia las promesas de desarrollo no llegan a beneficiar a las comunidades afectadas, especialmente a las poblaciones indígenas y rurales».

En esa línea, instó a las autoridades a alcanzar acuerdos que garanticen la consulta previa y la protección de los derechos subyacentes a la tierra y los recursos naturales. 

Sobre el proceso inflacionario mundial, Bachelet recordó que 15,5 millones de peruanos sufren inseguridad alimentaria y alertó que esta «preocupante» situación podría empeorar en los próximos meses debido a la escasez de fertilizantes para la próxima temporada de siembra.   

Bachelet también destacó los esfuerzos de los grupos que promueven la igualdad de género y los derechos de la comunidad LGTBI+ y animó al Estado a «colaborar con la sociedad civil para contrarrestar los altos niveles de violencia doméstica, las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la discriminación basada en actitudes sexistas y estereotipos de género y los índices desproporcionados de mujeres y niñas desaparecidas».







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