Por Stakeholders
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Con el objetivo de luchar contra la delincuencia y las organizaciones criminales en El Salvador, el Gobierno de Nayib Bukele decretó estado de excepción en marzo del 2022.
Hasta la fecha, El Salvador ha presentado el índice de privación de libertad más alto del mundo con más de 65 mil detenciones. La tasa de encarcelamiento alcanzó las “1.927 personas presas por cada 100.000 habitantes”.
Al cierre del 2022, tenían más de 94 mil personas recluidas, a pesar de que las prisiones tenían capacidad para 30 mil 864 personas, según cifras de diversas organizaciones locales.
Ante ello, la organización internacional Amnistía Internacional (AI) indicó, en su informe anual, que el régimen de excepción vigente viene realizando «violaciones masivas de derechos humanos y debilitando el Estado de derecho”.
En esa línea, el informe señala que la mayoría de las más de 60 mil detenciones efectuadas durante el estado de excepción eran presuntamente arbitrarias ya que no cumplían los requisitos legales, además en muchas detenciones no hubo una orden de arresto y tampoco la persona fue sorprendida en flagrante delito.
“Miles de personas fueron procesadas de manera indiscriminada, y a la mayoría de ellas se les negó contactar con sus abogados, el acceso al expediente del caso, la información sobre las causas de su detención o el derecho a ser oídas en la vista de acusación formal”, afirmó la ONG.
El informe también sostiene que la Asamblea Legislativa “aprobó enmiendas procesales y penales contrarias al derecho internacional”, como realizar audiencias “sin que la parte acusada estuviera presente, no revelar la identidad de los jueces, y eliminar los periodos máximos de detención en espera de juicio”.
Según diversas organizaciones humanitarias, han fallecido más de 100 personas detenidas en custodia estatal.
A pesar de ello, existe una gran aceptación del gobierno de Nayib Bukeleb por parte de la población.
Estados Unidos se pronuncia
El Gobierno de Joe Biden, publicó recientemente un informe sobre derechos humanos, dónde denuncia una supuesta violación a estos impulsada por el gobierno salvadoreño en su lucha contra las pandillas delincuenciales.
“Más de 52 mil personas se arrestaron durante los primeros seis meses del estado de excepción, llevando a denuncias de hacinamiento y tratos inhumanos en las prisiones”, se lee en el informe norteamericano.
