Por Stakeholders
Lectura de:
Christian Bracamonte Bauer
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
La pandemia de COVID-19 que ya lleva más de un año sembrando la muerte en muchos lugares, ha dejado graves daños a la salud y a la economía de nuestra población. Sin embargo, hay otros aspectos negativos que se han descuidado y que urge se pueda revertir.
La Defensoría del Pueblo pidió recientemente que se materialice las acciones efectivas con enfoque de género que fortalezcan los derechos de las mujeres y que eviten colocarlas en mayor vulnerabilidad.
Este organismo indicó que, iniciada la cuarentena, las limitaciones a la movilidad no solo impidieron que las mujeres puedan denunciar casos de violencia, sino que disminuyó la capacidad de atención de los organismos del sistema especializado de justicia.
La situación también se volvió complicada en cuanto a la atención de salud, no se establecieron medidas específicas para atender a mujeres embarazadas, ni aquellas que requerían orientación sexual y reproductiva. Esto se refleja en un incremento de embarazos no deseados -especialmente de adolescentes- en un 12%.
Por otro lado, y hasta setiembre del año pasado la tasa de empleo femenino disminuyó en 12.7% mientras que la masculina solo en 5.8%. A mediano plazo, y de acuerdo con el estudio “Impactos de la epidemia del coronavirus en el trabajo de las mujeres en el Perú”, se calcula que alrededor de 3 millones de mujeres perderán sus empleos lo cual es muy grave puesto que muchas de ellas han estado en primera línea para enfrentar la pandemia ya que el 65% del personal de salud está conformada por mujeres.
Muchas mujeres además han tenido que asumir las labores del cuidado del hogar, función que ha recaído en ellas debido a los estereotipos de género, los que sumado a los compromisos de trabajo y otras actividades, han reducido sus oportunidades de desarrollo personal y laboral.
En ese contexto, la violencia de género, un mal también pandémico, pareció haber encontrado un caldo de cultivo para su expansión. El confinamiento, significó para cientos de mujeres compartir el espacio familiar con su agresor. En otros casos, la frustración, el estrés y la ansiedad propiciaron episodios de violencia familiar.
EDUCACIÓN INCLUSIVA
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también advirtió sobre las barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidad, y otras necesidades educativas especiales, en el uso del servicio educativo universitario no presencial.
Durante el 2020 verificaron que de 120 universidades, el 98% no contaba con estrategias dirigidas a reducir la brecha digital y de acceso a la tecnología. Asimismo, el 97% no incorporó un enfoque de discapacidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje que incluye: adaptaciones y preparación para afrontar la virtualidad, transmisión del conocimiento y sistemas de evaluación de las capacidades adquiridas.
La jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda, presentó recientemente el informe y mostró los resultados de la encuesta de percepción realizada a 207 estudiantes con discapacidad y otras necesidades educativas, de universidades licenciadas.
El 88% de estudiantes de universidades públicas refirió no haber sido beneficiado con la subvención del servicio de Internet y/o de dispositivos informáticos, 63% de universidades privadas señaló que no se les brindó facilidades para la conectividad virtual, mientras que el 89% del total de estudiantes con discapacidad auditiva informó que no se implementó la interpretación de lengua de señas.
Destacaron que existen dificultades de adaptación para atender la diversidad, lo que evidencia limitaciones en la disponibilidad y acceso a los recursos y herramientas pedagógicas que permiten garantizar un aprendizaje virtual inclusivo.
Por su parte, Jorge Mori, representante del Ministerio de Educación (Minedu) expresó el compromiso de su entidad, por generar herramientas y aplicaciones virtuales que faciliten el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.
Reconoció que urge profundizar estudios sobre las dificultades que afrontan los estudiantes universitarios durante la pandemia, e indicó que existe una brecha de información sobre la situación de las personas con discapacidad en las universidades.
El representante de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu), Carlos Alayo, indicó que, si bien en la actualidad hay 60 universidades con estudiantes que tienen discapacidad, la articulación de la información estatal sobre estudiantes con discapacidad permitirá a la Sunedu realizar requerimientos más específicos sobre su atención.
La Defensoría del Pueblo viene exhortando a las 94 universidades licenciadas para que garanticen la accesibilidad e implementación de ajustes razonables a favor de postulantes con discapacidad, y con otras necesidades educativas especiales, para que compitan por una vacante.
Finalmente, este mismo organismo reportó que a febrero de este año 197 conflictos sociales a nivel nacional (144 activos y 53 latentes), Loreto concentra la mayor cantidad de casos que se desarrollan en una sola región (23), seguido de Cusco (21) y Áncash (17).
En cuanto a la tipología, los casos socioambientales continúan siendo los más numerosos (65%). Respecto de los conflictos vinculados a la minería, el porcentaje de estos, en relación con los socioambientales, es de 64,8%.
