Por Stakeholders
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Por: Gladys Vanessa Zorrilla Garay
Coordinadora Ejecutiva del Programa «Perú Responsable» – Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú
La «compra pública sostenible» —es decir, la compra hecha por el Estado con criterios de sostenibilidad— es una preocupación constante en el ámbito de la responsabilidad social empresarial (RSE), y desde el programa «Perú Responsable» del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de Perú hemos tomado posición activa en favor de su promoción y difusión en todos los niveles.
Un rasgo de la «compra pública sostenible» es el Estado como cliente buscando al proveedor con perspectiva de sostenibilidad y no solamente pensando según precio y disponibilidad. El Estado asume el rol protagónico de asegurar el cumplimiento de sus fines considerando a la sostenibilidad como variable esencial en su decisión final, generando nuevas exigencias para quien pretenda convertirse en proveedor estatal.
Por ello, el programa «Perú Responsable» organizó en agosto del 2017 el conversatorio «La compra pública sostenible en el Perú: contexto, desafíos y oportunidades», en coordinación con el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el 17 y 18 de agosto en el Auditorio del MTPE, donde se discutieron los avances en la inclusión de criterios de sostenibilidad en la contratación pública, la inclusión de factores sostenibles en la contratación pública y los próximos retos en la compra pública sostenible en el Perú, con la participación de ponentes del Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Ministerio de la Producción (Produce), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), OSCE y Perú Compras, todos en esfuerzo conjunto de mostrar la importancia creciente de integrar a la sostenibilidad en sus distintas variables (ambiental, social y laboral) en la compra pública.
Este esfuerzo no fue vano, pues hace pocos días «Perú Responsable» tomó conocimiento que el OSCE publicó en su página web el «Proyecto de 15 Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar», cubriendo catorce proyectos de bases estándar de concurso público, licitación pública y adquisición simplificada para bienes y servicios, que incluían criterios de sostenibilidad ambiental y social en los factores de evaluación. Esto evidencia la articulación y trabajo conjunto entre distintas entidades del Estado preocupadas porque la sostenibilidad sea una realidad en la compra pública, más aun teniendo en consideración que los principales proveedores del Estado son medianas y pequeñas empresas.
Cabe una importante reflexión final. Sabemos que la compra pública está regulada por disposiciones técnicas específicas y concretas, y por principios y criterios ya afianzados tras largos años. Pero un detalle que no debemos olvidar consiste en la cultura y filosofía con la cual hemos formado, desde el Estado, a nuestros operadores logísticos y demás profesionales que se encargan directamente de la gestión de las compras públicas, y donde —pese a las innovaciones normativas— aún debe insistirse en el mensaje de incluir a la sostenibilidad como criterio para la toma de decisiones antes de seguir privilegiando al precio como factor excluyente (y a veces, único) que guía la decisión de la entidad pública. No se trata aquí solo de modificar normas sino de crear una generación de operadores logísticos con «mentalidad sostenible» y visión de largo plazo capaz de advertir la importancia de la RSE y la sostenibilidad al momento que el Estado decida contratar.
