Por Stakeholders
Lectura de:
Juan Carlos Zevallos Roncagliolo
Hace algunos meses atrás, y con motivo de su estreno como Presidente Regional de Moquegua, el Sr. Zenón Cuevas Pare deslizo en una de sus alocuciones enfáticas que presentaría un proyecto de ley que establecería un impuesto adicional del 10 % a las utilidades netas de las actividades mineras, petroleras e hidroeléctricas. Se sabe que esta fue una de sus propuestas de campaña más resonantes, las mismas que concretaría al llegar al sillón regional en el presente periodo. Incluso, el Sr. Cuevas, señaló que promovería la instalación de mesas de diálogo con empresas representativas de prestigio como Southern Perú y Angloamerican para evaluar como se podría materializar la iniciativa. En este contexto, el Sr. Cuevas resalto que esta iniciativa sería para replicarla en todo el territorio nacional, al considerar que había lugares donde se desarrollaba otro tipo de actividades extractivas como la petrolera. Conforme a lo señalado por el Sr. Cueva, la tan mentada iniciativa sería expuesta el 25 de Abril pasado durante la Asamblea de Gobiernos Regionales en la ciudad de Lima.
A su vez, se comprometió a remitir el documento que contiene la propuesta legislativa al Congreso de la República en breve. El Sr. Cuevas, como ya lo había venido sosteniendo en los últimos meses, alegaba que el modelo de Obras por Impuestos no había venido arrojando resultados satisfactorios. A la par, se animó a afirmar que en su región hay empresas que no tienen vocación de dialogo y de aportar voluntariamente a las comunidades de influencia y al país. Con relación a estos últimos puntos, consideramos pertinente realizar algunas precisiones, en primer lugar, el Sr. Cuevas incurre en un error de percepción al señalar de manera inexacta que el modelo de Obras por Impuestos no ha venido arrojando resultados esperados, porque a través de dicho mecanismo en los últimos años se ha venido logrando facilita un caudal importante de inversión en infraestructura y desarrollo que se canaliza en la localidad específica receptora del proyecto.
En segundo lugar, debemos expresar que el Sr. Cuevas no parece ser muy acertado ni justo cuando de manera sesgada afirma que las empresas mineras se muestran reticentes al diálogo y al aporte social, ya que las empresas del sector minero energético, al menos las más serias y formales, suelen adoptar una posición muy activa en el proceso de relacionamiento con las poblaciones afectadas por la actividad extractiva desde su instalación hasta la puesta en operación del yacimiento minero. En este contexto, para desplegar una operación minero-extractiva, las compañías comprometen un flujo relevante de conocimientos técnicos, inversiones sociales y de infraestructura, entre otras mejoras como las propias del mercado laboral al promover el empleo. Al señalar esto, resulta a todas luces evidente el gran aporte de la actividad minera dentro del quehacer nacional. Con ello, no se dejan dudas acerca de la contribución de la minería a favor de la competitividad, el desarrollo y el progreso económico de los pueblos comprendidos dentro de la actividad extractiva.
En esta línea, consideramos tangible el aporte técnico y económico que se desprende del negocio minero – extractivo. Indudablemente, el aporte tributario también es rico y abundante en las industrias extractivas. Lamentablemente, estas grandes contribuciones sociales, técnicas y tributarias que arroja la actividad minero-extractiva, muchas veces es poco reconocida y resaltada desde el plano político. Se afirma de manera irresponsable y sesgada que las actividades extractivas suelen obtener el mayor aprovechamiento de los recursos naturales sin retribuir al estado y al pueblo el producto de sus utilidades de manera adecuada, haciéndole mucho daño a las empresas minero – extractivas. Esta percepción errónea acerca de la empresa minero-extractiva, es promovida por grupos radicales anti mineros y grupos con intereses subalternos. Con ello, no pretendemos justificar aquellos casos de empresas minero – extractivas que contrariamente a las buenas prácticas laborales, ambientales y sociales, actúan de manera negligente y sin respetar compromisos ni sus programas de responsabilidad social.
Naturalmente, toda empresa informal, irresponsable y poco transparente en su manejo, desprestigia a las compañías de su sector y proyecta una imagen negativa dentro de la opinión pública. Ahora bien, y en este punto de la discusión, consideramos pertinente resaltar que el factor político desafortunadamente no mide muchas veces con justicia y objetividad la real connotación, importancia y dimensión de actuación de las empresas minero-extractivas, pues muchos gobernantes desde una perspectiva populista cargados de demagogia, suelen efectuar promesas de campaña sustentadas en el compromiso en firme de obtener una mayor contribución de las arcas de la empresa extractiva. En este escenario, los gobernantes, de manera errónea se sienten tentados de considerar a las empresas mineras como un grupo de compañías que lucran abusivamente con ganancias exorbitantes, pero sin compensar adecuadamente al estado y a la comunidad.
Es en esta coyuntura, donde de manera audaz y ligera, suelen aparecer promesas políticas irresponsables y anti-técnicas como la propuesta por el Gobernador Regional de Moquegua, Sr. Zenon Cuevas, que no hacen más que generar dificultades al país a la hora de captar inversión, ahuyentando la iniciativa privada minero-extractiva, poniendo en riesgo la seguridad jurídica, la estabilidad tributaria y generando un efecto perjudicial en lo que concierne a la promoción del desarrollo y progreso del país. De este modo, y siguiendo esta línea, queremos subrayar que mientras el pueblo mira con fervor, emoción y gran exaltación estas propuestas populistas de los gobernantes, se descuida el problema central que plantea la recaudación de impuestos y contribuciones para los gobiernos locales y regionales, que es la incapacidad de estos de gestionar con eficiencia y racionalidad los recursos del tesoro público a fin de que se puedan extender a las comunidades aledañas a las operaciones minero-extractivas.
Es en esta línea, que la solución para el problema de la falta de asignación de fondos desde el gobierno central a las áreas que lo requieren, no pasa por realizar incrementos inconvenientes y temerarios de los tributos y las contribuciones a las empresas mineras con fines efectistas y políticos, sino que se debe de asegurar que se garantice una adecuada distribución de los recursos que se recaudan. Así, se puede asegurar una ejecución presupuestal eficiente, equitativa y razonable de los recursos reservados a los gobiernos locales y regionales. Fatalmente, el presupuesto que es asignado para el gasto público y para el desarrollo de inversiones sociales en las áreas comprendidas dentro de la operación minera, no se invierte de manera inteligente en consonancia con los intereses y expectativas de las áreas involucradas.
Recordemos que actualmente en nuestro país, el esquema impositivo minero es por demás muy oneroso. Incluso, esta situación se fue agravando más, hasta generar sobrecostos tributarios, en el gobierno del Ex Presidente Ollanta Humala, donde se incrementó de manera sustancial los aportes e impuestos mineros y se crearon otros que precisamente afectaban las utilidades y regalías. Actualmente, en el Perú las empresas del sector minero-extractivo asumen el pago de distintos impuestos y contribuciones, tales como: La Regalía Minera (Ley 29788º), el Impuesto Especial a la Minería (Ley 29789º) y el Gravamen Especial a la Minería (Ley 29790º). Por ello, no consideramos prudente y recomendable crear más impuestos o contribuciones que encarezcan la inversión y modifiquen unilateralmente el régimen tributario-minero.
De esta manera, todo régimen tributario minero debe de ser predictible para garantizar al propio Estado y la comunidad una participación equitativa, oportuna y sostenible de la renta generada. Cabe resaltar, que el sector minero es el motor de la economía y un gran vehículo de desarrollo; e iniciativas como la propuesta del Sr. Cuevas, lejos de promover la inversión, ahuyenta cualquier iniciativa de desarrollo e iniciativa privada al transmitir una idea de inestabilidad política y falta de predictibilidad impositiva. En esta línea, cabe afirmarse que la minería es una actividad eminentemente riesgosa y onerosa en su etapa de exploración y en promedio, de cada 100 iniciativas de exploración una se convierte en yacimiento minero. La minería es un sector altamente sensible y fuertemente volátil. A su vez, el precio de los metales y el comportamiento del sector minero es muy sensible a los movimientos del mercado internacional, motivo que dificulta aún más su dinámica.
Durante el año 2018, la utilidad minera descendió a un 14% de acuerdo al diario Gestión; Esto se debió a los volúmenes de producción y a los precios de los metales que fueron descendiendo. A esto se suma, un entorno altamente conflictivo, burocrático y riesgoso sobre que la minería debe de desenvolverse. En la actualidad, en lo que va del año 2019, según fuentes del Ministerio de Energía y Minas, el Perú posee una cartera de 49 proyectos mineros, lo cual genera gran expectativa de inversión y desarrollo. El sector minero es importante en la economía peruana, sobre todo en términos de exportaciones, de inversión, en la producción total del país, y en la generación de empleo (directo e indirecto) como lo afirman distintos gremios empresariales.
Naturalmente, si el propósito central del país es captar inversión minera, atraer mayor flujo de capital y trabajo, destacar al Perú como destino inmejorable para la inversión y ejecutar obras trascendentales para al país, entonces una de sus acciones principales deben de orientarse a privilegiar la estabilidad de la inversión, asegurando un régimen impositivo claro y fijo, seguridad jurídica y el funcionamiento predictible de las instituciones sin demagogias ni populismos que encarecen la iniciativa privada y alejan al Perú como país de condiciones inmejorables para la inversión.
