Por Stakeholders
Lectura de:
Jorge Sanabria
Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Sostenible (CEDS) de la Universidad de Lima
En la histórica cumbre de las Naciones Unidas, en septiembre de 2015, los países del mundo adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como un llamado universal para la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad; desde ese momento, su existencia y ratificación en 193 países, incluyendo al Perú, ha significado cambios en sus políticas de gobierno y en sus estructuras sociales, convocando, alrededor del Estado, a la sociedad, la empresa privada y la academia.
Bajo el marco de este plan de acción, nuestro país se convirtió en uno de los primeros en promulgar una ley referida a la problemática del cambio climático (Ley 30654), problemática que fue recogida en el ODS 13, o la Política Nacional de Igualdad de Género (DS. N.º 008-2019), recogida en el ODS 5. Sin embargo, aún hay mucho camino por recorrer hasta el 2030, año en el que el mundo espera recoger los frutos de esta agenda de desarrollo sostenible.
En esa senda, es apropiado hablar de la industria minera a nivel global. La minería es una industria capaz de generar puestos de trabajo, e innovación e inversión que conlleven cambios profundos a largo plazo. Pero también ha contribuido a desencadenar muchos de los problemas que frenan el desarrollo sostenible; por ejemplo: las emisiones de carbono, la contaminación ambiental, el desplazamiento de las comunidades, la acentuación de la desigualdad económica y social, el fraude fiscal y la corrupción; problemas todos que se ven reflejados en mayor o menor medida en nuestro país y que los ODS buscan remediar.
Los ODS ofrecen a las empresas mineras la posibilidad de efectuar una contribución positiva y real para el país. La estrategia estará en función del contexto social, político y económico locales, de la fase de la actividad minera en que se encuentre, de la participación de las comunidades locales y las restantes partes interesadas; con ello como insumo, es posible presupuestar los recursos y trazar un plan de trabajo conjunto entre Estado, empresa y sociedad. Para aquellas mineras que aún no se deciden por cuál ODS empezar a trabajar, se les sugiere que miren los objetivos relacionados con la inclusión social (ODS 1, 5, 10 y 16), la sostenibilidad ambiental (ODS 6, 7, 13 y 15) y el desarrollo económico (ODS 8, 9 y 12).
En conclusión, no se trata de gastar los recursos para decir que se está trabajando con los ODS, el desarrollo sostenible no es filantropía al más alto nivel. Esta agenda de desarrollo implica apoyar el crecimiento integral de la sociedad y el de la propia empresa, crecimiento que se ve plasmado en beneficios como ahorros en materia energética, ahorros en las compras locales de óptima calidad, en el uso del agua a través de su reciclaje, en la reducción de conflictos sociales, la mejora de la adaptación de la empresa a las políticas y normativas nacionales aplicables al sector, y en especial en el progreso de las relaciones con las comunidades y las partes interesadas.
Lograr un desarrollo sostenible en nuestro país constituye todo un desafío tan complejo como las políticas y estructuras sociales lo determinen; y un escenario donde la industria minera debe intensificar su participación, sus alianzas y su diálogo con el resto de los sectores industriales, el Gobierno, la sociedad civil, la academia y las comunidades locales. Solamente así caminaremos juntos hacia el Bicentenario y hacia el año 2030 con pie firme y seguro para alcanzar esta ansiada meta.
