Por Stakeholders
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La incertidumbre y frustración siguen creciendo entre más de 2,200 familias que compraron viviendas en el proyecto Lima Bonita, en San Bartolo. A pesar de haber cumplido con los pagos y requisitos exigidos, no han podido tomar posesión de sus hogares debido a trabas administrativas impuestas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
“Nos vendieron la ilusión de un hogar y, hasta ahora, seguimos esperando sin una respuesta clara. Es inaceptable que, después de tanto esfuerzo, el Estado nos tenga en esta situación”, expresó Maribel Cconislla, representante de las familias afectadas.
Viviendas listas, pero inhabilitadas
Lima Bonita fue concebido como un proyecto de vivienda social que beneficiaría a más de 2,400 familias. Sin embargo, la decisión del Fondo Mivivienda de retirarse del proyecto en 2023 dejó a cientos de propietarios en el aire. Actualmente, más de 600 viviendas están completamente terminadas y listas para ser habitadas, pero los propietarios no pueden acceder a ellas debido a restricciones impuestas por el Estado.
“Muchos de nosotros seguimos pagando alquileres o viviendo en condiciones precarias mientras nuestras casas están ahí, sin poder ser ocupadas. Necesitamos que el Ministerio de Vivienda actúe ya”, añadió Cconislla.
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Servicios básicos y la falta de respuestas del Estado
Uno de los principales obstáculos para la habilitación del proyecto ha sido la supuesta falta de acceso a agua potable y saneamiento. No obstante, los residentes y la administración del proyecto han planteado una solución viable: la implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), que permitiría el abastecimiento de agua de manera sostenible.
A pesar de esta alternativa, el MVCS no ha emitido una respuesta concreta sobre la viabilidad del sistema, dejando a las familias en una situación de incertidumbre. En su momento, la exministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, argumentó que la falta de acceso a servicios básicos era la razón del bloqueo. Sin embargo, los afectados sostienen que esta situación ya ha sido corregida con soluciones técnicas factibles y esperan que la actual gestión, liderada por Durich Whittembury, reevalúe el caso.
Un llamado urgente a las autoridades
Las familias han intentado en repetidas ocasiones reunirse con representantes del MVCS, pero hasta la fecha no han recibido respuestas concretas. Frente a esta situación, han hecho un llamado público al ministro Whittembury para que atienda el caso y destrabe el proyecto.
“El ministro tiene en sus manos la posibilidad de corregir esta injusticia. No podemos seguir esperando indefinidamente mientras nuestras casas están ahí, listas para ser habitadas”, concluyó Cconislla.
Los afectados han advertido que, si no obtienen una solución en los próximos días, tomarán medidas adicionales para visibilizar su situación y exigir su derecho a una vivienda digna.
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