Por Stakeholders
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Por: María Cecilia Villegas
Directora ejecutiva de Prospera
La feminización de la fuerza laboral es una de las tres trasformaciones estructurales que explican el avance social y la reducción de pobreza en América Latina (AL), junto con la urbanización y el crecimiento del sector servicios (Estudio de Pobreza Multidimensional, PNUD). AL es la región del mundo que ha tenido más jefas de Estado electas (diez presidentas en los últimos cuarenta años) y una participación legislativa importante (alrededor del 29 %). Sin embargo, siete de los diez países con mayor incidencia de violencia contra la mujer están en AL (BID, 2018).
La marcada inequidad de género existente impide que las mujeres lleguen a los puestos más altos dentro de las organizaciones. En el Perú solo el 6 % de los puestos en los directorios de las empresas están siendo ocupados por mujeres (Global Gender Gap Report, 2016). Y en muchos casos, son las mismas mujeres las que aparecen en varios directorios distintos.
Latinoamérica es la región del mundo con menor participación económica y oportunidades para las mujeres, y sin embargo presenta niveles superiores de logros educativos. Tenemos más mujeres inscritas en educación universitaria que hombres en todos los países de AL, salvo Bolivia. Y pese a ello, la participación de las mujeres en la fuerza laboral es solo del 52 % comparado con el 77 % de sus pares hombres (Global Gender Gap Report, 2017).
En el Perú, las mujeres son una de dos estudiantes universitarios, una de tres empleados en el sector privado, una de cuatro gerentes en el sector privado, una de cinco expertos en medios de comunicación y una de diez miembros de directorios. Más aun, a pesar del crecimiento de la economía y los salarios, por cada hora trabajada una mujer recibe en promedio 40 % menos que un hombre con las mismas características (Ñopo, 2016).
La falta de oportunidades, la excesiva carga doméstica y la falta de flexibilidad en el mercado formal llevan a que, en su mayoría, las mujeres se desarrollen en el sector informal, caracterizado por su precariedad, subempleo, aislamiento e inestabilidad. Las mujeres en el sector informal tienen mayor riesgo de ser víctimas de acoso por parte de las autoridades, desde la policía y los supervisores municipales hasta los funcionarios de la administración tributaria.
El Banco Mundial (BM) considera que la equidad de género en el mercado laboral es economía inteligente, porque las mujeres representan el 50 % de la población y al no darles oportunidades, desaprovechamos talento. Un estudio de McKinsey Global Institute (2015) calculó que un lugar de trabajo inclusivo, diverso y equilibrado en materia de género podría incrementar el PBI de la región en un 14 % para 2025. Mientras que un análisis regional de 345 empresas que cotizan en bolsa, encontró que aquellas con mayor representación femenina tenían un retorno sobre el patrimonio 44 % mayor y márgenes de utilidades 47 % mayores (McKinsey Global Institute, 2013). Y pese a la evidencia, solo el 21 % de empresas cuenta con una política de igualdad de género escrita (OIT), y 63 % de las empresas incluidas en el informe sostienen que la diversidad de género no está dentro de sus prioridades estratégicas (BID, 2017).
El reconocimiento del trabajo de la mujer en el mercado laboral, la igualdad salarial por igual trabajo, las representaciones equilibradas en todos los tipos de trabajo y niveles de responsabilidad, el mentoring y la promoción de programas de capacitación y un ambiente laboral seguro son identificados como herramientas en el camino por lograr la equidad de género y, con ella, un mayor crecimiento económico.
