Por Stakeholders
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Francisco Lecaros, presidente de la Fundación Minera de Chile, conversó en exclusiva con Stakeholders sobre el desarrollo del sector minero en el país sureño y de algunos aspectos puntuales en el Perú. Entre ellos, abordó el relevante caso del proyecto minero Tía María.
POR RENZO ROJAS
rrojas@stakeholders.com.pe
En el Perú, los conflictos sociales relacionados a la minería tienen una preponderancia importante. ¿Cuál es la situación de Chile referente a este tópico?
Chile no es ajeno a los conflictos sociales, debido al desarrollo de proyectos industriales no solamente en el sector minero, sino también de la agroindustria. Hoy la ciudadanía tiene más información, tiene más educación y adquiere mayor conocimiento; en ese sentido, la ciudadanía está cada vez más empoderada. Lo que ocurre sí, es que Chile tiene el canal institucional y jurídico para poder canalizar todas esas demandas, esas necesidades a través de distintos canales institucionales: como la participación en la tramitación ambiental de los proyectos, etc.
Por otro lado, también tenemos ciertas situaciones de conflictividad social en contra de algunos proyectos muy en específicos; por ejemplo, un proyecto de Los Andes Copper en una región, pero es precisamente por la desinformación que hay porcentaje muy minoritario de una comuna o un territorio muy en específico, que recién están en una etapa de evaluación, estudio y de planificación de ingeniería, porque la ciudadanía de ese territorio siente que se va a ocupar un río (Rocín) que hay en el sector, pero la realidad es que se va a tomar agua desalada de otro lado.
Lo importante y lo que nos preocupa, no es que no haya conflictos, sino que esa conflictividad se derive a los canales institucionales. Y así, de esta manera, existan certezas de cómo y de qué forma se desarrolla ese diálogo con el objetivo de que toda la ciudadanía y el proyecto sean fructífero y Chile gane.
Uno de los reclamos en el proyecto minero Tía María es la supuesta afectación a la agricultura y al agua del río Tambo. En ese sentido, ¿qué tan importante es una relación sostenible entre la minería y la agricultura?
Es muy necesaria. En el caso de Chile, el 86 % de los recursos hídricos continentales son ocupados por la agricultura y solamente el 3 % por la minería; por lo tanto, hay un mito producto de la desinformación de que la minería es un gran consumidor de agua y no es así, es la industria de la agricultura.
En el caso de Tía María, los inversionistas necesitan confianza, las garantías necesarias para que su proyecto, por la vía institucional y legal, camine de la forma adecuada, con la certeza de que el proyecto va a ser ejecutado. No puede ocurrir que un proyecto de más de 1500 millones de dólares, no tenga la garantía de su desarrollo y tenga que desaparecer del mapa de los proyectos mineros por una decisión política. Por consiguiente, estas circunstancias no solo afectan a Tía María como proyecto de Southern, sino que, a la minería en su conjunto, a la minería global. Esto sucede porque un proyecto que cumple con todas las condiciones jurídicas que pide el Estado peruano es bajado del mapa por una situación política y eso no puede ocurrir.
Se habla mucho de la licencia social y de los mecanismos de participación ciudadana; sin embargo, ¿por qué aún existe cierta desconfianza hacia los Estudios de Impacto Ambiental (EIA)?
Creo que en ese aspecto ha sido un error compartido, no solo del Estado, sino también de la empresa. Considero que falta mayor diálogo y confianza de entender un poco del significado real del sector minero, falta también institucionalidad para hacerse cargo de la educación, para transferir el conocimiento, para decir qué es una minería amigable y sostenible con el medioambiente versus la extracción minera ilegal, que tiene en este caso Perú.
Creo que el gobierno y que las comunidades tienen que hacerse cargo de la extracción mineral ilegal de ciertos territorios, ya que eso ha afectado a la imagen de la minería en su conjunto. Eso no es minería, eso es extracción minera ilegal y en eso Perú en específico tiene que hacerse cargo, a diferencia de Chile donde tenemos aproximadamente 700 pequeños medianos mineros, pero todos formalizados.
En Chile no existe la minería ilegal, por la institucionalidad jurídica que ha permitido el desarrollo de los proyectos; en ese sentido, el Perú tiene un trabajo muy importante; a propósito de que el presidente Vizcarra está en un acuerdo con la Amazonía por el tema del incendio para hacerse cargo del desastre que se ha generado en Madre de Dios y en otros territorios por esta extracción ilegal de minerales, no de minería.
Dentro de los mecanismos de participación ciudadana figura el diálogo. ¿A qué se debe la gestión del diálogo de una manera reactiva, antes que una proactiva?
Cuando suceden situaciones relacionadas al diálogo, debe existir un canal institucional para desarrollar este diálogo. Es decir, que haya unos mínimos comunes denominadores entre las partes, que exista la voluntad de conocer e interiorizarse sobre uno y otro. Donde el desarrollo del territorio sea importante, no solamente para los habitantes específicamente que tengan impacto del proyecto de inversión, sino que entender que el desarrollo virtuoso de la industria de la minería, viene acompañado del desarrollo de los proveedores de la comunidad del territorio, de la empresa minera en cuestión. Hoy en día no basta el desarrollo minero, no basta el desarrollo empresarial, sino que ese desarrollo tiene que ir acompañado de responsabilidad social y con sostenibilidad.
Finalmente, ¿cuál ha sido el rol y el aporte de la Fundación Minera de Chile en el desarrollo de la minería en el país?
En el 2015, el sector minero chileno se puso de acuerdo en la planificación estratégica al 2035 en el denominado RoadMap minero. En este se establecieron los desafíos mineros en distintos ámbitos: innovación, desarrollo de la automatización, capital humano, productividad y sostenibilidad, en los que se establecieron cuáles eran los desafíos del sector minero para generar una minería virtuosa para el desarrollo del país.
Hablamos de un virtuosismo donde la ciudadanía, los proveedores, las empresas y el sector público es beneficiado a través del desarrollo productivo sostenible y amigable del medioambiente de la minería. Por lo tanto, uno de los desafíos que se planteó es el desarrollo del capital humano necesario para la industria, cómo somos capaces de que toda la información relacionada con la industria sea canalizada a través de una institucionalidad que pueda promover el conocimiento, la transferencia de la información, la cultura, con el objetivo de que Chile tenga a la minería en el corazón y sienta esta industria como parte del patrimonio.
De esta forma, nace la Fundación Minera de Chile en el 2015 que me toca presidir. Entonces, principalmente nos hicimos cargo de los desafíos de capital humano que requiere la industria y de cómo somos capaces de informar a la ciudadanía y de decirle acerca de las necesidades de capital humano que existen en el sector extractivo.
