Por Stakeholders
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A partir de una medición monetaria, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó una estadística preocupante: la pobreza se incrementó en un 1 % durante el 2017. Este porcentaje de gente gastó mensualmente una cantidad menor a S/. 338 por cabeza en su canasta mínima alimentaria y no alimentaria el 2017, no porque querían ahorrar, sino porque no tenían para gastar.
La pobreza es una realidad multidimensional que considera el factor monetario, aunque el acceso al agua potable, una necesidad básica insatisfecha (NBI), también contribuye a definirla. Este artículo se enfocará en el ámbito rural, donde el 44,4 % de la población está por debajo de la línea de pobreza, el triple de lo registrado en el área urbana.
Indudablemente, el fenómeno del Niño Costero, la caída del precio del mineral y el petróleo en el mercado internacional, y la desaceleración económica incidieron en el aumento de la pobreza, aunque poco se habla del factor institucional como un determinante de la misma, el cual se resume en la débil estructuración estratégica de la lucha contra la pobreza.
En este escenario, el cierre de la brecha del sector de agua y saneamiento rural cobra relevancia, exigiendo una sistemática articulación entre cada sector involucrado, en estrecha coordinación con el Gobierno central, regional y local, con alguna cooperación internacional, el sector privado y la academia. Esto dependerá directamente del diseño e implementación de una política pública y el compromiso e involucramiento de cada actor político.
Esto último se evidencia en otro informe del INEI, en el que se observa que el consumo de agua clorada en la población rural que cuenta con un sistema de agua potable bajó de 2,2 a 1,7 % en el periodo 2016- 2017, a pesar de que la cobertura de agua potable está alrededor del 72 %. Esto quiere decir que el Perú tiene una población rural que está en riesgo de padecer de una enfermedad diarreica aguda, anemia y desnutrición.
Según la metodología de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con hipoclorito de calcio al 70 %, considerando un consumo diario de 80 litros de agua por persona, se requeriría de 3,43 g de cloro para abastecer la demanda de agua segura del área rural. Como en el 2016 se tenía 5,06 millones de habitantes atendidos con sistemas de agua potable en la zona rural, se requerirían mensualmente 17,4 toneladas de cloro para abastecer la demanda de agua segura.
Considerando que un kilo de cloro está entre S/. 15 a S/. 18 (al por menor), en promedio se trataría de un presupuesto mensual total de S/. 286,6 mil para atender la demanda de cloro a nivel nacional para la población rural que ya cuenta con el sistema, un costo que no incluye transporte ni administración.
Por otro lado, la asistencia técnica de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), que se implementa desde un área Técnica Municipal (ATM), es fundamental. Observando que a nivel nacional se tiene 1462 municipalidades rurales, con igual número de ATM, se requeriría de un presupuesto mensual de aproximadamente S/. 8000 por cada ATM, haciendo un total nacional de S/11,7 millones por mes.
En vista de ello, se requiere una estrategia agresiva y pragmática que garantice un resultado sostenible, a definirse entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la Dirección General de Calidad de Gasto (DGPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y a nivel de Gobierno regional y local. Esta estrategia sugeriría la implementación de un fondo rotatorio para cloro, administrado por cualquier gobierno local desde su ATM, todo esto controlado por el Programa de Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal.
