
En los últimos años, la sostenibilidad ambiental se ha convertido en un objetivo estratégico clave para las instituciones financieras en las economías avanzadas, sin embargo, en Latinoamérica, las instituciones financieras han avanzado lentamente. De hecho, el reciente estudio de McKinsey & Company “¿Están preparadas las instituciones financieras latinoamericanas para la sostenibilidad?” analiza cuatro tendencias que pueden hacer de 2023 un año significativo para las finanzas sostenibles en la región.
Según el estudio, la primera de ellas es que en toda la región están aumentando los flujos de capital orientados a la sostenibilidad. A fines de 2022, cerca de 80 % de los países de América Latina habían actualizado sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) bajo el Acuerdo Climático de París, y las principales economías regionales adoptaron objetivos sustancialmente más ambiciosos.
Según McKinsey & Company, se necesitan invertir 700 billones de dólares anuales para que la región alcance net zero para 2050. “La transición a una economía más sostenible representa oportunidades de negocio muy relevantes para las instituciones financieras ya que tienen un papel clave en asegurar los flujos de capital necesarios para acelerar el cambio económico y tecnológico” afirmó Juan Aristi Baquero, socio de McKinsey y uno de los autores del estudio.
En segundo lugar, la vulnerabilidad de América Latina al cambio climático probablemente incrementará los riesgos físicos y de transición de las instituciones financieras, lo cual probablemente tendrá un impacto relevante en las decisiones de las instituciones financieras
Tercero que los reguladores financieros y de mercado en América Latina están dirigiendo su atención a los riesgos y oportunidades ambientales. Los reguladores financieros de otras regiones llevan tiempo abordando el riesgo climático y otros aspectos de la sostenibilidad ambiental, y sus contrapartes latinoamericanas han comenzado a activarse.
En cuarto lugar, las instituciones financieras más avanzadas se están comprometiendo con el objetivo de emisiones net zero y otros objetivos de finanzas sostenibles. Siguiendo el ejemplo de sus pares en Asia, Europa y América del Norte, las instituciones financieras latinoamericanas han empezado a lanzar programas de sostenibilidad y establecer o fortalecer compromisos ambientales. Muchos de estos compromisos se basan en la reducción de emisiones, incluidas las generadas por la propia institución y las resultantes de sus actividades crediticias o carteras de inversión.
De acuerdo con el informe, los esfuerzos para incorporar la sostenibilidad en las operaciones del día a día deberían seguir un enfoque holístico basado en cinco pilares clave:
Primero, definir una estrategia ambiental con prioridades claras y nivel de ambición relacionadas al posicionamiento y propósito de la institución. En las economías avanzadas, las estrategias ambientales tienden a centrarse en mitigar el cambio climático y apoyar la transición energética, a menudo concentrándose en la descarbonización
Segundo pilar: identificar y dimensionar las oportunidades de crecimiento en finanzas sostenibles y desarrollar la oferta de productos y servicios financieros necesarios.
En tercer lugar, la gestión del riesgo climático y otros riesgos ambientales. Las instituciones financieras latinoamericanas están expuestas a geografías que enfrentan altos riesgos físicos (p. ej., eventos climáticos extremos, degradación ambiental) y a sectores que enfrentan altos riesgos de transición (p. ej., petróleo y gas, minería, agricultura.
El cuarto pilar es la estrecha coordinación entre los equipos de venta, atención al cliente y desarrollo de productos en las unidades de negocio, y los equipos centrales de sostenibilidad, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y relaciones externas.
El quinto pilar de una estrategia de sostenibilidad exitosa es la comunicación externa y la gestión de los interlocutores clave, incluyendo la adquisición de compromisos internos y externos. Las instituciones deben decidir qué compromisos tomar y diseñar estrategias de reporte para informar a inversores, reguladores y la sociedad en general sobre el progreso en la consecución de esos objetivos.