Compromiso empresarial

La sostenibilidad es el reto del 60 % que avanza: el difícil camino de la RSE en las empresas públicas

En la intersección entre el servicio público y la lógica del mercado, las empresas estatales peruanas se enfrentan a un desafío monumental: cómo integrar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en su ADN. Particularmente las 35 empresas públicas de derecho privado bajo el ámbito de FONAFE o el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, no solo impactan en la economía con su oferta de bienes y servicios, sino que definen el rostro del gobierno ante la ciudadanía.

Sin embargo, al analizar en detalle el panorama actual, se revela una realidad compleja, donde los avances coexisten con notorias deficiencias. La sostenibilidad, lejos de ser un pilar estratégico, sigue siendo, para muchos, una asignatura pendiente, un añadido cosmético más que una brújula de gestión.

Las cifras y los reportes de sostenibilidad —o su ausencia— ofrecen un primer y contundente indicio de este panorama fragmentado. La información de empresas dentro de la Corporación FONAFE revela que solo 21 publican informes de sostenibilidad, lo que representa un 60%. Esto deja a 14 empresas, casi el 40 %, sin un reporte formal de sus acciones en esta materia.

Es particularmente notable que la mayoría de las empresas que sí reportan provengan de los sectores de distribución y generación eléctrica como Adinelsa, Electro Sur Este o Egasa, además de otros servicios públicos como Sedapal, Activos Mineros, y bancos como el de la Nación, lo que evidencia una mayor madurez en industrias con una larga trayectoria de interacción con las comunidades y el medio ambiente. En contraste, sectores como los servicios (Esvicsac, Silsa) o la defensa (Fame, Seman) aún no parecen haber adoptado la sostenibilidad como parte de su modelo de negocio.

Esta disparidad se confirma en el ranking de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que elabora el propio FONAFE a través de su Sistema de Medición del Nivel de Madurez (SISMAD). Mientras que empresas como Activos Mineros, ENOSA e Hidrandina alcanzan la excelencia con un 100 % de cumplimiento, otras como ENAPU (0 %) o ENACO (2.78 %) se sitúan en la base de la tabla. Estos datos demuestran que, a pesar de pertenecer a una misma corporación estatal, la adopción de la RSE no es uniforme ni obligatoria, dejando en evidencia la ausencia de una directriz estratégica unificada para todo el portafolio.

Stakeholders solicitó comentarios a FONAFE sobre los temas abordados en este artículo, sin respuesta oportuna hasta la fecha. No obstante, la información pública de la Corporación destaca que esta ha asumido el desafío de estandarizar la gestión sostenible de sus empresas. El área de Responsabilidad Social del Centro Corporativo está a cargo de elaborar los lineamientos, políticas y manuales para mejorar la relación de las empresas con sus grupos de interés.

El abismo entre el Estado y el mercado

La dicotomía entre la Responsabilidad Social Gubernamental (RSG) y la Responsabilidad Social Empre sarial (RSE) es, en el fondo, una de las principales barreras para la consolidación de la sostenibilidad en las empresas públicas. La Dra. Marlene Zapata, gerente público y docente universitario, subraya esta distinción: “La RSG se centra en garantizar derechos, servicios y programas sociales universales… En cambio, las empresas públicas, como agentes empresariales, deberían asumir compromisos adicionales alineados con estándares internacionales, orientados no solo a cumplir con la normativa estatal, sino a generar valor compartido con sus stakeholders”

La práctica actual, sin embargo, muestra que las entidades estatales priorizan la prestación de servicios y el cumplimiento normativo mínimo. Ramiro Rodrich, especialista en Políticas Públicas, coincide en que la integración de criterios ASG es “incipiente y heterogéneo” y que “la incorporación de estos criterios no siempre responde a una estrategia integral, sino más bien a presiones externas, cumplimiento normativo o, en el mejor de los casos, a iniciativas aisladas”.

Este enfoque reactivo es un lastre que, como señala el especialista, se ejemplifica en Petroperú. A pesar de los esfuerzos, ha enfrentado serios desafíos, como la falta de transparencia en la gestión de sus activos y los impactos ambientales de sus operaciones, lo que ha generado fuertes cuestionamientos. Las limitaciones estructurales son profundas y multifactoriales.

La rigidez normativa, la falta de capacidades y, crucialmente, la injerencia política en la designación de directivos son barreras infranqueables. “La alta rotación política que interrumpe procesos” y la “ausencia de liderazgo” para gestionar la estrategia de sostenibilidad son, para Armando Casis de ESAN, las principales limitaciones. La politización de los directorios impide una gestión orientada a resultados de largo plazo y a la creación de valor social; “predomina una cultura de cumplimiento formal más que de innovación sostenible”, refuerza el director de Sostenibilidad de la escuela de negocios.

Los principales vacíos se hacen notorios en sectores críticos. En energía, la Dra. Zapata señala la falta de estándares ambientales más estrictos y la baja inversión en energías limpias. En saneamiento, la deficiente gestión de Sedapal en términos de cobertura y calidad afecta directamente a las poblaciones más vulnerables, lo que desvirtúa la propia noción de servicio público. Estos ejemplos ponen de manifiesto que, a pesar de que el Estado busca legitimidad a través de sus programas sociales, sus empresas no logran replicar este compromiso en sus operaciones, una brecha que erosiona la confianza ciudadana.

Pero hay casos de éxito

No todo es rezago en el universo de las empresas públicas. Existen casos que demuestran que la sostenibilidad puede ser el eje central de una entidad estatal. La experiencia de Activos Mineros (AMSAC) es, sin lugar a dudas, un referente. Su gerente general, Antonio Montenegro Criado, explica cómo en su empresa la sostenibilidad no es una tarea aislada, sino “el eje que orienta tanto la estrategia como la operación diaria.” El propósito de AMSAC no es maximizar recursos, sino la remediación ambiental, la recuperación de ecosistemas y la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

Este enfoque se traduce en acciones concretas: monitoreo permanente de la calidad del agua, aire y suelo; recuperación de ecosistemas a través de la revegetación; y una alianza estratégica con las comunidades, priorizando el empleo local y empoderándolas para que se conviertan en “custodios de su entorno recuperado.” El éxito de AMSAC se mide con indicadores claros y verificables y se comunica a través de reportes, visitas guiadas y mesas de sostenibilidad.

Ramiro Rodrich suma a esta lista a otras empresas con avances notables. CORPAC ha trabajado en la optimización de sus procesos para reducir el consumo de energía y la huella de carbono. Electroperú ha avanzado en la gestión de pasivos ambientales y en programas de relación comunitaria. Estos liderazgos, según el especialista, se explican por la presión regulatoria de entidades como la OEFA y el MINAM, las exigencias de financiamiento internacional y, sobre todo, la visión de líderes y gerentes con una genuina convicción sobre la sostenibilidad.

Otros casos destacados se encuentran en el sector energético, donde empresas como Egasa reciben el distintivo EGS de Perú Sostenible. Además, 20 empresas de la corporación han obtenido la certificación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), lo que resalta un compromiso con el bienestar y desarrollo de sus colaboradores, una faceta social crucial.

Asimismo, 27 empresas (77 % del total) poseen al menos una certificación ISO, lo que según un estudio del Inacal y el BID, correlaciona con un aumento de la productividad laboral entre 33 % y 39 %. Estas certificaciones, si bien son un paso en la dirección correcta, aún son insuficientes para garantizar una gestión integral, especialmente si solo 18 empresas cuentan con la ISO 14001, enfocada en el manejo ambiental.

El camino hacia una gestión sostenible en las empresas públicas

Para lograr una verdadera transformación, se requiere una reforma integral. La profesionalización de los directorios, desvinculando las designaciones de la agenda política, es un paso crítico. La creación de un marco legal vinculante, una Ley de Empresas Estatales que obligue a la rendición de cuentas ASG, es igualmente necesaria.

Así, el reto para FONAFE y para el Estado peruano es transformar esta urgencia en una política de Estado obligatoria, convirtiendo la RSE de una excepción en la norma, para asegurar que la acción empresarial estatal esté, de verdad, al servicio del ciudadano.

Como señala la Dra. Zapata, esto debería inspirarse en el modelo de integridad pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). “Incluye gestión de riesgos, transparencia, control interno y capacitación en ética. Además, [FONAFE] debería promover reportes integrados de sostenibilidad, garantizando que las empresas bajo su supervisión contribuyan al valor público y no solo al resultado”.

Por su parte, Armando Casis sostiene que “sin mecanismos claros que reconozcan la sostenibilidad como ventaja estratégica, las empresas públicas tienden a enfocarse en el cumplimiento normativo más que en la creación de valor”.

La clave está en incentivar la sostenibilidad. La gestión de gerentes y directivos debe ligarse a indicadores ASG, no solo a los financieros, y se debe fomentar la publicación de información de los impactos ambientales y sociales de manera accesible para todos los ciudadanos. El camino hacia una gestión sostenible de las empresas públicas en el Perú es largo, pero no imposible. Requiere de una voluntad política firme, un marco institucional robusto y, sobre todo, una visión a largo plazo que reconozca que la sostenibilidad no es un gasto, sino una inversión en el futuro del país.