Por Stakeholders
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Gracias a un préstamo de USD 50 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el Perú buscará mejorar la eficiencia en la provisión de bienes, servicios y obras para los ciudadanos. El financiamiento ayudará a optimizar el Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), asignándole una adecuada infraestructura de tecnología de la información, así como sistemas de información específicos que harán posible la adecuada trazabilidad de los bienes y acceso público a la información promoviendo la participación, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Asimismo, el proyecto apoyará el desarrollo de un modelo de gestión en la cadena de abastecimiento público, involucrando diferentes actividades que van desde la identificación de las necesidades de las entidades públicas hasta su aprovisionamiento efectivo
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Según el BID, este nuevo modelo permitirá una gestión integrada con los otros sistemas administrativos bajo la gobernanza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), favoreciendo las decisiones que se tomen sobre la base de información de calidad, y apoyada en metodologías e instrumentos modernos e innovadores que aprovechen el uso de tecnologías digitales y que fomenten la implementación de buenas prácticas, con el fin último de crear valor público.
Asimismo, mejorará la administración de bienes inmuebles, propiciando la disminución del gasto en alquileres y la gestión optimizada de la información que permita visibilizar la disponibilidad y estado de los inmuebles para su asignación y uso a las entidades públicas.
El proyecto también incluirá la capacitación y certificación de servidores públicos dedicados a la gestión del abastecimiento, como un paso clave para conseguir la profesionalización de los operadores en las actividades de programación, gestión de adquisiciones y administración de bienes.
Además, se usarán estrategias que promuevan la inclusión social y la participación de las mujeres en actividades de abastecimiento, incluyendo el enfoque de sostenibilidad económica, social y ambiental.
El BID señaló que “El proyecto posibilitará que los ciudadanos reciban bienes y servicios públicos de forma oportuna, eficiente y eficaz. Es por ello que se ha previsto intervenciones piloto en los sectores de salud y educación con el objetivo de aumentar la disponibilidad oportuna de medicamentos y material educativo, lo que contribuirá al cierre de brechas en la atención de servicios esenciales que presta el Estado”.
Cabe resaltar, que el préstamo de US$ 50 millones es por un término de 16 años, con un período de gracia de nueve años y una tasa de interés basada en SOFR.
