Por Stakeholders
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El programa AL-INVEST Verde, financiado por la Unión Europea (UE) para promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina, se encuentra en ejecución en 12 países de América Latina. Las iniciativas se desarrollan en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay, donde se articulan esfuerzos en los sectores público y privado, así como para el impulso de los derechos de propiedad intelectual.
AL-INVEST Verde es la sexta edición del programa, que tiene una trayectoria de casi 30 años para responder a la voluntad de cooperación de la UE con América Latina. Esta nueva fase, iniciada a finales de 2021, se enmarca en la estrategia europea Global Gateway, que ayuda a hacer frente a los retos mundiales más acuciantes, como la lucha contra el cambio climático.
El objetivo de AL-INVEST Verde es apoyar la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular, que facilite la implementación de modelos de producción sostenibles. La transición ecológica y el crecimiento sostenible son prioridades para la UE, por lo que se coopera con América Latina para el desarrollo sostenible de la región.
Componentes del programa
En su desarrollo, AL-INVEST Verde se divide en tres componentes que trabajan, respectivamente, con pequeñas y medianas empresas latinoamericanas, instituciones públicas y entidades encargadas de la gestión de derechos de propiedad intelectual.
El Componente 1 -liderado por sequa, una organización de desarrollo alemana- gestiona fondos para la puesta en marcha de proyectos de partenariado entre organizaciones de ambos continentes. Está previsto destinar hasta 25 millones de euros al impulso de iniciativas de economía verde en beneficio de las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas. Actualmente se encuentran en ejecución 24 proyectos correspondientes a dos lotes temáticos. El primero de los lotes está enfocado en sistemas agroalimentarios y cadenas de valor libres de deforestación y el segundo, en la transición hacia modelos empresariales bajos en carbono, eficientes en el uso de recursos y circulares.
“La eficiencia, los mecanismos de reutilización y optimización de recursos que impulsan nuestros proyectos les permiten a las pymes una ventaja, ya que se abren oportunidades de crecimiento al cumplir con los requisitos de sostenibilidad de la Unión Europea”, comenta Frank Summa, director del Componente 1.
Por su parte, el Componente 2 -liderado por la entidad del sistema de Cooperación Española FIIAPP y la Organización Internacional Ítalo-latinoamericana, IILA– promueve el desarrollo de políticas públicas que permitan a los países de América Latina cumplir normas medioambientales y laborales reconocidas por la UE para la sostenibilidad de las cadenas de valor. Coopera con las instituciones públicas para impulsar una política comercial y económica sostenible, coherente con los compromisos adoptados en los Acuerdos Comerciales y de Asociación con la Unión Europea.
Desde la puesta en marcha de AL-INVEST Verde, el programa colabora con los países del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Colombia, Ecuador y Perú. “Las actividades se centran en la promoción de la sostenibilidad de las cadenas de valor del café, cacao, carne y cuero, madera, soja y derivados, entre otras. Se coopera con los países en el cumplimiento de normativas como el Pacto Verde
Europeo y el Reglamento de cadenas de suministro libres de deforestación y degradación forestal de la Unión Europea”,explica Emilio Calvo, director del Componente 2.
El Componente 3, a cargo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), busca lograr un mayor uso y efectividad de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en América Latina, particularmente, en los países del MERCOSUR y Chile. Su propósito es ampliar y mejorar el uso de los DPI para impulsar las oportunidades de cooperación en materia de investigación y estimular la competitividad y la innovación sostenible.
“Nuestras acciones hasta el momento se centran en la mejora de la gestión de los DPI y su aplicación para promover el desarrollo sostenible. En trabajo conjunto con las oficinas referentes de la región, como el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, INPI, en Brasil, impulsamos buenas prácticas y el intercambio de experiencias. Un área de especial importancia es el de las formaciones y mentorías de propiedad intelectual para productores, como medio para impulsar el desarrollo sostenible regional. También se destaca nuestra labor en formación de redes de propiedad intelectual, como la red de jueces para mejorar su conocimiento en infracciones de marcas y alinearlos con las prácticas internacionales”, detalla Mariano Riccheri, director del Componente 3.
