Por Jorge Melo Vega - Presidente de Responde
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A lo largo de estos años hemos insistido en que, para abordar la sostenibilidad en nuestro país, es fundamental priorizar la institucionalidad. En foros empresariales y centros de formación académica locales, hemos cuestionado la transferencia mecánica de estudios y estándares internacionales que no contextualizan nuestra debilidad institucional frente a las mejores prácticas empresariales de países más desarrollados. Para ilustrar esta brecha, utilizábamos una imagen impactante: un policía, la autoridad del Estado, siendo agredido salvajemente por una turba en el mercado mayorista de Santa Anita, en Lima. Esta lámina intentaba graficar el grado de cumplimiento del rule of law y nuestra institucionalidad local.
Resulta pertinente nuestra reflexión ante el reciente Premio Nobel de Economía otorgado a los economistas Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson, cuyos estudios resaltan la importancia de las instituciones en el desarrollo económico y la prosperidad de las naciones. Sus estudios han demostrado que las diferencias en la prosperidad de los países están profundamente influenciadas por la calidad de sus instituciones. Sus investigaciones muestran que las “instituciones inclusivas”, aquellas que garantizan los derechos de propiedad, la estabilidad jurídica y la libertad económica para la mayoría de la población, no solo son más justas, sino que también son más eficientes en términos económicos. Los países con “instituciones inclusivas” tienden a tener tasas de crecimiento más altas y una mayor capacidad para adaptarse a los desafíos globales, como el cambio climático. Este hallazgo es crucial para entender cómo podemos avanzar hacia una sostenibilidad real y duradera.
«Sus estudios han demostrado que las diferencias en la prosperidad de los países están profundamente influenciadas por la calidad de sus instituciones».
Si bien los profesores galardonados hacen una revisión histórica para entender la prosperidad o el fracaso de los países en su proceso de adaptación desde la época de su colonización, también la historia reciente presenta casos de éxitos en la solidez institucional y la prosperidad posterior porque han sabido cuidar una gobernanza férrea con instituciones inclusivas. Es el caso de Uruguay en nuestra región, que ha implementado políticas de bienestar social, educación y salud que han contribuido a una baja desigualdad en comparación con otros países de la región. También hay otros casos de países con fuerte desarrollo reciente que no contaban con recursos naturales destacados, como Corea del Sur y Singapur, que tuvieron ingresos per cápita similares a Perú hace 40 y 50 años, pero que gracias a esa sólida gobernanza y con reglas claras y confiables en favor de la inversión, han logrado los mayores estándares en educación, industrialización e innovación; hoy son claros referentes de instituciones sólidas e inclusivas.
Cuando las Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, precisamente se enfocaron en las necesidades más apremiantes para la mayoría de países como la salud, el agua, la alimentación y la energía. En esos objetivos, priorizan la necesidad de contar con instituciones sólidas para que esa agenda adquiera sentido. Así, en las metas del ODS 16, en adición a los temas de justicia y paz, indispensables para la existencia de los propios Estados, se fijan indicadores sobre corrupción, gastos del Estado por sector, satisfacción de la población con los servicios públicos, niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades, instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, entre otras.
Aunque estas reflexiones puedan parecer básicas, la complejidad del funcionamiento institucional radica en el cuidado y consenso de la sociedad para fortalecerlas. No nos referimos únicamente a las instituciones del Estado, sino y, sobre todo, a las de la sociedad civil: asociaciones culturales, deportivas, gremiales, comunitarias y partidos políticos. Si respetamos y nos comprometemos a que estas instituciones sean ejemplares, participando activamente y asegurándonos de su éxito, este comportamiento se reflejará en una mejor actuación del Estado y, por ende, en la legitimidad de las autoridades.
