Por Stakeholders
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Una transición energética para Latinoamérica y El Caribe (LAC) debe partir desde la gestión comunitaria y local, de tal manera que se construya un modelo desde la justicia social y ambiental, respetando los derechos y las propuestas de las comunidades e incluyendo impactos y beneficios comunitarios. Este es uno de los principales requerimientos que hacen los líderes indígenas y la sociedad civil en la COP28, desarrollada en Dubái, lo que se traduce en una transición energética justa comunitaria que contribuya a reducir la dependencia a los combustibles fósiles y ayude a frenar la pérdida de diversidad biológica.
“No es una novedad que cada cierto tiempo el sector petrolero impulsa la promoción de la extracción de hidrocarburos a costa de transgredir diversas normas nacionales y compromisos asumidos por el Estado peruano, como el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT, entre otros. Sin importar que varias de estas áreas cuentan con reconocimientos a nivel mundial como Reservas de Biósfera y sitios de patrimonio natural reconocidos por UNESCO”, expresó Iris Olivera, Líder de Proyecto del Programa Sostenibilidad de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Añadió que entre los años 2000 a 2019, la Amazonía ha enfrentado 474 derrames petroleros, los cuales han afectado territorios de comunidades indígenas, quienes lejos de recibir soluciones integrales a las consecuencias del impacto ambiental y social de los derrames sólo obtuvieron atenciones temporales e insuficientes.
“Existe una tendencia global a reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles que van en contra de sus propuestas de cambio de fuentes de energía. El año pasado el gobierno peruano se ha comprometido a conservar al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas al 2030, especialmente aquellas zonas de particular importancia para la biodiversidad, entonces cómo van a respetar este compromiso si continuamos con la promoción de los hidrocarburos”, resaltó Olivera.
Por su parte, Elaine Shajian, presidenta de CORPI SL, Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo, recalcó que la región Loreto es una de las zonas más afectadas por la industria petrolera debido a los derrames, por lo que pidió al estado peruano una transición energética justa para las comunidades y territorios indígenas.
“Es necesario que el estado peruano piense en cambiar las fuentes de energía por unas más justas con nosotros y nuestros territorios, el planeamiento debe incluir nuestras experiencias culturales, una mirada indígena y debe responder a nuestras necesidades”, destacó Elaine.
Asimismo, señaló que hasta la fecha ni el Ministerio del Ambiente ni el Ministerio de Energía y Minas los han convocado para conversar sobre fuentes de energía renovable o sobre la planificación energética.
No son estas instituciones las responsables de que los pueblos indígenas en el Perú accedan a la energía alternativa. La planificación debe empezar ahora. Por ello quisiera saber, ¿qué compromisos va a asumir el gobierno peruano sobre este tema? y ¿cómo los va a implementar?, porque como les digo no conozco ningún plan regional o nacional sobre cómo mejorar el acceso a la energía y que nos beneficie, que no contamine, que mejore nuestra calidad de vida”, puntualizó la presidenta de CORPI SL.
Finalmente, los líderes indígenas señalaron que en la región Madre de Dios existen Áreas Naturales Protegidas que están en peligro si prospera la iniciativa de Perupetro en coordinación con autoridades regionales e incluso congresistas para la extracción de hidrocarburos en esa zona.
