POR ALFREDO ESTRADA – Director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Lima (Responde Ulima)
La reformulación del sector del transporte con impacto positivo es uno de los desafíos más importantes de la agenda de sostenibilidad del planeta. Sus avances en algunas latitudes son notorios; pero en otras ocurre lo contrario, como es el caso de América Latina, donde el transporte terrestre de carga es el más usado y genera emisiones de hasta el 47 % del total, según información de Vergara et al. (2019).
Es interesante referirse al transporte de carga terrestre por varias razones: (1) por los cambios estructurales sostenibles que su impulso podría lograr; (2) por los beneficios que generaría su conversión a la formalidad; (3) por su impacto social directo, en comparación con otros tipos de transporte; y (4) por su aporte a la resiliencia de la cadena de suministro. Sobre esto último, es importante señalar las contribuciones a la definición que Stockholm Resilience Centre (2022) ha realizado, el cual sostiene que un transporte de este tipo es resiliente y sostenible cuando tiene la capacidad conjunta (infraestructura, vehículos y organización público-privada) de enfrentar cualquier tipo de cambio y continuar con su desarrollo frente a algún impacto.
Así, este proceso de descarbonización conlleva que se agilicen diferentes aspectos de la agenda regional. En un reciente estudio llevado a cabo por Acevedo et al. (2023), se afirma como necesaria la implementación de mejores estrategias y políticas para (1) el impulso del uso de combustible de alta calidad; (2) la planificación sostenible del biocombustible; (3) la administración de los aspectos fiscales relacionados; y (4) el potencial de la masificación del gas natural, el cual tiene un 29 % de aumento en su uso para fines energéticos en los últimos 20 años, de acuerdo con información de Koop (2022).
Sin embargo, uno de los principales temas pendientes es la planificación de los sistemas de recarga, que implican — aparte de infraestructura— capital humano especializado, regulaciones, normas de calidad, homologaciones y financiamiento; a lo que se le suman las condiciones de informalidad que tiene el sector. Esto último vinculado a causas de índole social y económica, que limitan la posibilidad de entender el reto de la descarbonización, comprender las regulaciones que la impulsan y acceder a un financiamiento que, actualmente, tiene barreras de entrada complejas en varios países de la región.
Por eso, es relevante citar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17: “Alianzas para lograr los objetivos”, que establece, dentro de sus metas, promover coherente y sistémicamente planes, recursos y programas en favor de los países en desarrollo, para incrementar financiamiento y tecnologías en las comunicaciones. Todo este despliegue supone retos especialmente particulares, pero también conlleva adoptar acciones aceleradas de mayor colaboración entre actores del Gobierno, proveedores de servicios e infraestructura pública, sector privado (propietarios de flota y fabricantes), academia y sociedad civil. Así, vale la pena repotenciar alianzas y “pisar el acelerador” por un transporte de carga terrestre con propósito.
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Referencias:
Acevedo, H. et al. (2023). Hoja de ruta para descarbonizar el transporte de carga en América Latina entre 2025 y 2050. The International Council on Clean Transportation.
Koop, F. (2022, 16 de febrero). El rol del gas natural en la transición energética de América Latina. Inter Press Service. https://ipsnoticias. net/2022/02/el-rol-del-gas-natural-en-la-transicion-energeticade-america-
Stockholm Resilience Centre. (2022). Resilience dictionary. [Autor]. https://www.stockholmresilience.org/research/resilience-dictionary.html
Vergara, W. et al. (2019). Zero Carbon Latin America and the Caribbean: The opportunity, cost and benefits of the coupled decarbonization of the power and transport sectors in Latin America and the Caribbean. Programa del Medioambiente de las Naciones Unidas. https://wedocs.unep. org/20.500.11822/34532