Por Stakeholders
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La Misión Internacional de Observación y Defensa de los Derechos Humanos en Perú, grupo conformado por organizaciones de diferentes países, presentó un informe preliminar en el cual constataron situaciones graves de vulneración a derechos humanos durante las protestas que se realizaron en contra del gobierno de Dina Boluarte.
En dicho documento mencionaron violaciones al derecho a la vida, a la libertad, tratos crueles y prácticas repudiables que «deben ser investigadas, ejemplarmente sancionadas y garantizar que no se repitan en el futuro».
En ese contexto, Camilo Pérez Bustillo, director ejecutivo del National Lawyers Guild y cofundador del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, manifestó que se han detectado unas crueles prácticas y graves violaciones a los derechos humanos que llegan al rango de crímenes de lesa humanidad. Ello incluye un sesgo racista y clasista, con violencia de género, del sistema de justicia y los patrones de represión.
“Cuando pensamos en los sectores más afectados se está aplicando un patrón discriminatorio que vulnera el derecho internacional y sugiere en contextos como Puno, Juliaca, la posibilidad de hablar de políticas de terror estatal dirigidas a un grupo social específico que van constituyendo la antesala de políticas genocidas. Además, del despojo del extractivismo. Estamos hablando de lo más grave posible dentro del derecho internacional”, declaró.
Del mismo modo, instó al Poder Judicial y las autoridades peruanas de que avancen decididamente en las investigaciones de conformidad a los derechos humanos e impidan que los responsables queden en la impunidad, porque lo que ha prevalecido «es un marco sistemático de impunidad«.
“Eso implica las obligaciones del Estado peruano no solo ante su propio pueblo además afecta el posicionamiento del Perú ante la comunidad internacional. Hay la posibilidad de recurrir a la jurisdicción universal, instancias internacionales para juzgar al Estado peruano”, dijo.
En el informe también se destaca la estigmatización del derecho a la protesta, la criminalización de la protesta y un patrón de violencia a quienes están ejerciendo un derecho, que es la protesta. En el derecho internacional y de derechos humanos se habla del derecho a la rebelión.
Cabe mencionar que el grupo estuvo presente en el país entre el 7 y 15 de marzo para conocer de manera directa las denuncias graves y violaciones a los derechos humanos.
Principales hallazgos
La Misión tuvo diálogo directo con víctimas y familiares de personas asesinadas presuntamente por las fuerzas policiales y militares, en el marco de las protestas en todo el país. Es así como estuvo presente en Lima, Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco.
En tanto, María Elena Foronda del Instituto Natura y representante de la Misión, comentó que las víctimas y familiares exigen al Gobierno Nacional no recibir un tratamiento militar en las protestas, que se respete la voluntad del pueblo a través del voto, que se plantee una Asamblea Constituyente y se convoquen a nuevas elecciones.
“Otro de los hallazgos ha sido la crisis política y social que se extiende por todo el territorio. Hay problemas estructurales de pobreza. Eso se expresa a través de la imposición de un Estado que desde la perspectiva que hemos encontrado ha dejado de ser un Estado de Derecho por las graves violaciones a los derechos humanos desde el 7 de diciembre de 2022, donde ha habido movilizaciones populares absolutamente legítima y la respuesta ha sido militarizada, que ha dejado 62 muertos, más de 900 heridos”, expresó.
Del mismo modo, se encontró un uso «desproporcionado de la fuerza y utilización de armas de fuego«. Además, se ha verificado a través de testimonios y videos, que algunos agentes estatales de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son responsables de las muertes y heridos en Ayacucho, Cusco, Andahuaylas, Juliaca y Lima.
