Por primera vez. El 11 de enero de 2023, la justicia peruana emitió sentencia en un caso de discriminación por motivo de orientación sexual.
Los hechos se remontan al 2017, cuando Fernando Bravo, un joven estudiante, denunció haber sido agredido por personal de seguridad de un bar de Miraflores.
Tras una batalla legal de seis años, la Corte Suprema de Justicia emitió una condena a favor de la víctima.
Por su parte, Rossina Guerrero, directora de Programas de Promsex, la organización que asesoró legalmente al joven, manifestó que la sentencia marca un «precedente» para el «reconocimiento de los derechos civiles de las personas LGBTI«.
Agregó, que la condena «debe ser un referente para otros operadores de justicia, al momento de evaluar otros casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género”.
En ese sentido, resaltó que la situación de abandono de la comunidad LGBTI por parte del Estado es una problemática que debilita la vulnerabilidad en la que se encuentra esta población.
¿Por qué se realizó la denuncia?
Era el 2017, cuando Fernando Bravo, un joven estudiante, estaba bailando con un grupo de amigos en un bar de Miraflores. Fue allí cuando un miembro del personal de seguridad, lo amenazó con expulsarlo del lugar, sin motivo alguno.
Luego, otros dos agentes se acercaron al grupo y uno de ellos obliga al joven a salir del lugar; al negarse, un tercer guardia lo agrede físicamente.
Según el testimonio de la víctima, el tercer guardia lo habría agarrado del cuello y golpeado en la cara; para luego, entre los tres, impedir que escapara y golpearlo en repetidas ocasiones hasta expulsarlo del club.
Ante ello, el joven acudió a un proceso penal en el que, seis años después, se acreditó el delito y se dispuso una reparación.
A pesar de ello, los guardias se rehusaron a disculparse y justificaban el hecho mencionando que grupo de jóvenes estaba realizando “conductas homosexuales».
Violencia de género en Perú
La violencia contra miembros de la comunidad LGBTIQ+ no frena. Al menos unas 88 personas fueron víctimas de muerte por motivo de identidad de género entre 2012 y 2021.
Muchos de estos casos continúan impunes debido a la falta de leyes que castiguen estos crímenes de odio, comentó Alejandro Merino, fundador de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú.