Artículo elaborado desde la CONFIEP
Con la finalidad de presentar los temas más relevantes para la agenda empresarial del 2023 referidos a la conducta empresarial responsable y los derechos humanos, la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE organizaron la Mesa Redonda: “La Agenda de la Conducta Empresarial Responsable 2023”.
Dante Pesce, Asesor Estratégico sobre Responsabilidad Empresarial y Derechos Humanos para la Organización Internacional de Empleado[1]res IOE, (Ginebra-Suiza) y Director Ejecutivo del Centro Vincular de la Universidad de Valparaíso-Chile presentó las tendencias globales en la gestión de los factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) y en Conducta Empresarial Responsable (CER).
Pesce manifestó que promover y crear condiciones propicias para la conducta empresarial responsable (CER) es una prioridad para asegurar que las actividades empresariales creen valor de manera amplia y contribuyan al progreso económico, medioambiental y social. Asimismo, señaló que existen al menos cuatro impulsores para la acción de las empresas que va más allá del cumplimiento:
- La regulación está alineándose a las tendencias en ASG y CER, las normativas voluntarias se están convirtiendo en vinculantes, a la fecha diversos países europeos están adoptando leyes en temas de derechos humanos y debida diligencia.
- Las expectativas de los inversionistas están aumentando, hay cada vez un interés por dejar huella en la sociedad, incluso, existe ya una tendencia a considerar el rendimiento de las empresas en su costo de capital, negociando líneas de crédito que dependen del desempeño social, ambiental y de gobernanza.
- Las relaciones comerciales están en el foco de atención, los clientes corporativos están cada vez más interesados en si la materia prima o los insumos son producidos responsablemente, lo cual implica que empresas proveedoras tendrán que alinearse a estos requerimientos, y
- El interés público es alto, los inversionistas, consumidores y trabajadores acceden a información con mayor rapidez, lo que ubica a las empresas debajo de la lupa.
Pesce finalizó su ponencia señalando cuatro recomendaciones para la alta dirección en las empresas a fin de promover los derechos humanos desde sus puntos de acción. La primera incide en la importancia de conocer el marco de los derechos humanos; la segunda, referida al compromiso que la empresa pueda realizar con aquellas partes interesadas; la tercera, sobre el liderazgo del principal ejecutivo en las acciones sobre derechos humanos para que llegue a toda la organización, y finalmente, colaborar más allá de la zona de influencia de la compañía.
En el evento se contó con un panel de representantes empresariales que hicieron referencia a los desafíos y oportunidades en conducta empresarial responsable, tanto a nivel sectorial, como regional. Participaron Manuel Olaechea, Presidente del Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Comercio y Producción de Ica, Luis Ruiz, Presidente del Comité de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Cajamarca y Sonia Lou, Presidenta del Comité de DDHH de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), la moderación del mismo estuvo a cargo de Jenny Vento, Presidenta del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de la CONFIEP.
Los panelistas tuvieron un nutrido intercambio resaltando y coincidiendo en que el sector empresarial peruano representado en las asociaciones gremiales, ya se ha asumido el compromiso en favor del respeto de los derechos humanos y la gestión empresarial en el Perú.
Asimismo, enfatizaron la importancia de socializar las buenas prácticas y los desafíos del sector empresarial con operaciones en las regiones del país; los panelistas mencionaron la necesidad de sumar esfuerzos entre las organizaciones empresariales, ya sea de ámbito nacional, sectorial o regional, para transferir herramientas e iniciativas sobre la Conducta Empresarial Responsable, el respeto a los Derechos Humanos y los mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción.
Si bien los retos por superar aún son grandes, Jenny Vento, resaltó que la actuación del empresariado que, representado en los gremios y asociaciones, viene participando de forma activa en el desarrollo de propuestas y el diálogo con los actores de la sociedad civil, el Estado y la academia para impulsar la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en el Perú.
“El tejido empresarial peruano está conformado en su mayoría por micro y pequeñas empresas por lo que es prioritario contar con herramientas y guías dirigidas a las MYPES, en materia de buen gobierno, marco de gobernanza, debida diligencia, respeto de los DDHH”, comentó la señora Vento.
“En el evento se contó con un panel de representantes empresariales que hicieron referencia a los desafíos y oportunidades en conducta empresarial responsable, tanto a nivel sectorial, como regional”.
La agenda de la CER en el Perú
Hoy más que nunca la Conducta Empresarial Responsable (CER) representa un activo para las sociedades. En nuestro caso, para el Perú, representa una oportunidad para crecer como nación y consolidarnos en los mercados internacionales, pero también es una oportunidad para elevar los estándares de vida y generar en[1]tornos sostenibles.
En este sentido, es importante la participación más activa y el liderazgo empresarial, tanto en materia de derechos humanos, como en temas relacionados a la conducta empresarial responsable. ¿Cómo avanzar en esta agenda? Es importante generar espacios de diálogo para facilitar la sensibilización y conocimiento de lo que significa la CER con los actores involucrados.
Un aspecto estrechamente ligado a la Conducta Empresarial Responsable es el cumplimiento de la Agenda 2030. Hoy en día, el sector privado es un socio clave en la intensa participación mundial para respaldar la aplicación de los ODS, y un actor importante en la implementación de la Agenda 2030. De esta forma, una organización que opera bajo el enfoque sostenible y de Conducta Empresarial Responsable, con[1]tribuye al aumento en el bienestar en el entorno en el que se desenvuelven.
Para avanzar en esta agenda, corresponde al Estado peruano brindar las condiciones habilitantes para el ejercicio de los Derechos Humanos. El Estado debe asegurar que todas las entidades estatales que configuran las prácticas empresariales en primer lugar sean conscientes de las obligaciones de derechos humanos del Estado y así las respeten en el desempeño de sus respectivos mandatos.
Esta tarea no implica entonces un esfuerzo aislado de una sola entidad o sector, sino que se requiere un enfoque compartido para que cada uno de los actores estatales en todo el aparato gubernamental conozcan cuál es su rol en la protección de los derechos humanos. En los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (PREDH), a esto se le conoce como la coherencia política.
En el caso local, con un porcentaje de informalidad que representa más del 17% del PBI y una informalidad laboral que abarca más del 76% de la PEA, existe una amplia labor para propiciar el respeto de los derechos humanos que incluye a los actores del sector público, tanto a nivel nacional, como regional y local, al actor empresarial, a la sociedad civil y a la academia.
En esta línea, el sector que se ve más impactado por la informalidad es el de la micro y pequeña empresa. Frente a ello, desde la CONFIEP en el documento “Propuesta Empresarial del PNA sobre Empresas y DDHH” se plantea una agenda por desarrollar, la misma que incluye:
- Potenciar las capacidades de los gremios MYPES representativos con la finalidad de generar servicios dirigidos a capacitar y acompañar en la implementación de políticas empresariales referidas al respeto de los derechos humanos.
- Impulsar alianzas entre gremios MYPES y organismos internacionales para programar acciones de sensibilización acerca de la importancia de los Principios Rectores dirigidos a las micro y pequeñas empresas.
- Brindar servicios informativos sobre las normas internacionales y los instrumentos para la aplicación del pilar 2 de los PREDH referido al respeto de los derechos humanos.
- Promover acciones dirigidas a atender el tránsito hacia la formalización de micros y pequeñas empresas, considerando como marco los Principios Rectores, con especial énfasis en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la erradicación del trabajo infantil.
Para concluir, como lo resaltó Dante Pesce, las relaciones empresariales requieren que cada día, los proveedores se alinean a los estándares de derechos humanos, por lo que la adopción de estas prácticas para visibilizar los avances del sector MYPE en la materia será crucial para promover el crecimiento de la mismas.
No cabe duda de que los temas referidos al respeto de los derechos son parte de la agenda global. Las empresas podemos no solo legítimamente generar recursos, con nuestra capacidad de influencia y liderazgo, también podemos contribuir con el bien común, la generación de valor compartido, la promoción de los derechos humanos y la CER. En este sentido, la empresa privada está comprometida con promover una Conducta Empresarial Responsable y el cumplimiento de los Derechos Humanos en sus ámbitos de impacto.
“Hoy en día, el sector privado es un socio clave en la intensa participación mundial para respaldar la aplicación de los ODS, y un actor importante en la implementación de la Agenda 2030”.