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Defensores ambientales en Perú: desprotegidos, olvidados y asesinados

En el Día Internacional de la Tierra recordamos el papel fundamental de los vigilantes del planeta, que sin embargo son acorralados por el avance de las actividades ilegales: narcotráfico, tala y minería ilegal. Solo en lo que va de la pandemia 20 líderes ambientales han sido asesinados en nuestro país. 

Al hombre lo han amenazado tantas veces que, cuando recibe llamadas violentas, solo cuelga y continúa con sus actividades cotidianas. La semana pasada, por ejemplo, mientras se adentraba en la selva amazónica de Catungo Quempiri, distrito de Río Tambo, en la región Junín, con un equipo de periodistas alemanes, un grupo de foráneos los detuvo y les impidió el pase. “No nos dejan entrar a nuestro propio territorio. Nos dijeron: ‘la próxima que los veamos por aquí ya saben lo que les va a pasar’. Nos marchamos”, cuenta por teléfono desde Junín Ángel Pedro Valerio, 33 años, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE). 

El jóven líder asháninka se enfrenta, desde hace varios años, a las amenazas del narcotráfico, minería y tala ilegal, actividades ilícitas que han arremetido con fuerza durante la pandemia. “El problema es que durante la pandemia [por la Covid-19] el Estado se replegó, salió de las comunidades indígenas. Pero las actividades ilegales avanzaron hacia los territorios protegidos y se han hecho más fuertes”, explica Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 

“No nos dejan entrar a nuestro propio territorio. Nos dijeron: ‘la próxima que los veamos por aquí ya saben lo que les va a pasar’. Nos marchamos”

La institución donde trabaja Pérez ha registrado desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad el asesinato de 20 líderes ambientales, sobre todo en la Amazonía. El último de ellos fue Ulises Rumiche, asesinado presuntamente por mafias del crimen organizado ligadas al narcotráfico. Pero su muerte solo es la consecuencia de una escalada de violencia incontenible en la Amazonía peruana: Arbildo Meléndez, Roberto Carlos Pacheco, y una larga lista de defensores muertos por defender la tierra.     

Un Estado que no protege a los defensores

Aunque desde abril del 2020 existe un mecanismo legal de protección de defensores ambientales, la mayoría de ellos no pide garantías, pues considera que no son escuchados. Ángel Pedro Valerio, desde Junín le dijo a Stakeholders que se sienten desprotegidos por el Estado. “Durante muchos gobiernos el pueblo indígena se ha sentido desprotegido, y lo seguimos sintiendo. No hay cambios en las políticas públicas para proteger a los defensores ambientales”, dice el asháninka. 

El reciente asesinato de su colega Ulises Rumiche ha sido como una advertencia para él y todos los defensores que enfrentan al narcotráfico e invasores de tierras. “Con esto nos están diciendo que si seguimos defendiendo el medio ambiente vamos a tener desenlaces fatales. Esperamos que el gobierno y el Congreso de la República reafirmen el Acuerdo de Escazú”, comentó. 

El líder indígena vive en Junín, una de las cinco regiones que conforman el Valle de los Ríos Ene Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).  Se trata de una de las zonas con mayor producción de hoja de coca, que sirve como insumo principal para la elaboración de pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Por sus territorios, que abarcan localidades de las regiones de Ayacucho, Junín, Apurímac, Cusco y Huancavelica, se movilizan los ‘mochileros’, que son personas dedicadas al traslado de droga. 

Los informes de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas- Devida y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señalan que, durante los últimos cinco años, los sembríos de hoja de coca se han incrementado en Perú en 21.477 hectáreas: pasaron de 40.300 hectáreas, en 2015, a 61,777, en 2020. 

La urgencia de frenar las actividades ilegales

Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, considera urgente que el Estado redoble esfuerzos para proteger a los últimos líderes ambientales, que enfrentan solos a las mafias de tala ilegal, narcotráfico y minería ilegal. 

“Debería priorizarse la interdicción de minería ilegal en zonas donde se amenazan a los líderes indígenas. Hay que priorizar zonas del narcotráfico para combatir también. Además, es prioritario que las organizaciones indígenas participen en la planificación y ejecución de políticas públicas”, explicó Pérez. 

Por su parte, Pedro Valerio considera que una de las acciones urgentes también es que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, un mecanismo que permitirá proteger a los defensores ambientales. “Si no tenemos apoyo del Estado, con el Acuerdo de Escazú por lo menos podemos recurrir a las instancias internacionales”, indicó a Stakeholders.