Sandor G. Lukacs De Pereny
Profesor de ESAN Graduate School of Business
Los pasados escándalos protagonizados por multinacionales en el rubro de combustibles, agricultura, consumo masivo, banca, entre otros, calaron hondo en la comunidad, los medios de comunicación y el gobierno, por sus adversos efectos sociales, económicos y ambientales. Estos acontecimientos develaron grandes falencias en materia de gobernanza corporativa y propiciaron la desconfianza entre los inversionistas, fuertes caídas bursátiles y serios daños reputacionales.
Estas experiencias también revelaron la urgente necesidad de contar con una metodología integrada de inversión que permita generar rentabilidad responsablemente. Es así como nacen los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) como criterios de inversión sostenible, más allá de intereses puramente financieros. De esta manera, los agentes inversores pueden evaluar el grado de riesgo asociado con cada portafolio antes de elegir dónde y en qué invertir.
Criterios para la sostenibilidad
Los criterios ASG buscan fomentar un ejercicio financiero saludable mediante la generación de rentas atractivas, pero que coadyuven al bien común societal. Por ejemplo, en el plano ambiental, se incluyen variables asociadas a la prevención de la contaminación ambiental, el uso responsable del capital natural, la economía circular, entre otros.
En el plano social, se incorporan temas relacionados a los derechos humanos y la protección de comunidades nativas, mientras que en la gobernanza corporativa se consideran a las juntas de dirección independientes, gestión transparente y prácticas anticorrupción. Ahora bien, el enfoque ASG excluye toda actividad ligada al comercio de armas, tabaco, alcohol, pornografía, casinos o comercialización de carbón, por ser opuestas a los principios que se busca defender.
En la Encuesta a Inversionistas del Servicio de Sostenibilidad y Cambio Climático 2020, realizada por EY, el 98 % de encuestados sostuvo que el enfoque ASG proporciona una metodología más disciplinada, mientras que el 91 % los consideró fundamentales para ayudar en la toma de decisiones. Adicionalmente, según los Principios para la Inversión Responsable (PIR), las inversiones globales previas a la COVID-19 ya bordeaban los USD 103.4 billones en marzo del 2020. Por su parte, JP Morgan calculó que las inversiones tipo ASG, para diciembre del 2020, habrían alcanzado los USD 45 billones. Ante el creciente interés de diversos inversionistas en portafolios ASG, cabe señalar que las compañías que no satisfagan esos requerimientos y expectativas corren el riesgo de ser excluidas de los mercados de capital nacionales y mundiales, lo que implica una amenaza directa a su competitividad, desarrollo y supervivencia.
Panorama nacional
En el caso peruano, en el 2015, la Superintendencia de Banca y Seguros publicó la resolución 1928-2015 titulada Reglamento para la Gestión del Riesgo Social y Ambiental, que exhorta a las empresas participantes del mercado de valores nacional a transparentar la gestión de criterios ASG mediante un reporte de buen gobierno corporativo y otro de sostenibilidad corporativa. Asimismo, aparte del PIR, la bolsa de valores peruana también pertenece a la Plataforma de Bolsas Sostenibles de la ONU que, según estipula, busca promover la adopción de prácticas vinculadas a los estándares ASG a escala mundial.
En julio de 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el documento marco para la implementación de Bonos Sostenibles Soberanos. Recientemente, S&P Dow Jones Índices y la Bolsa de Valores de Lima confirmaron el lanzamiento de un nuevo índice ASG en reemplazo del Índice de Buen Gobierno Corporativo. Sin duda, la implementación de los criterios ASG en el Perú ha promovido el desarrollo de una cultura financiera sostenible. No obstante, los críticos de la metodología ASG cuestionan que se haya puesto mayor énfasis en la medición y reportes de sostenibilidad que en acciones concretas destinadas a confrontar los mayores retos de nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo, serán los resultados los que finalmente avalen o desacrediten a aquellas organizaciones según su desempeño. Como se dice en latín: facta non verba (hechos no palabras).