Por Stakeholders
Lectura de:
Pedro Grados Smith
Director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima
La inclusión financiera, esto es el acceso a la posibilidad de ahorrar, financiarse e invertir, debe ser considerada como un derecho humano fundamental en la línea de pensamiento del Premio Nobel de la Paz 2006, el economista bengalí Muhammad Yunus. El pensador de Bangladesh considera que deberíamos aspirar a un mundo de tres ceros, refiriéndose a cero pobreza, cero desempleo y cero emisiones netas de carbono. Para ese logro, la inclusión financiera es una condición fundamental.
En el caso del Perú, hay todavía un largo camino por recorrer en lo relacionado con la inclusión financiera del cien por ciento de la población. Una forma de calcular el nivel de inclusión financiera es mediante el llamado índice de Sarma. Este indicador considera tres dimensiones: penetración bancaria, disponibilidad de servicios bancarios y uso de los servicios bancarios. La penetración bancaria hace referencia a ratios de intermediación financiera de depósitos y créditos. La disponibilidad de los servicios se puede medir como el número de puntos de venta bancarios por cada cien mil habitantes.
En cuanto a la dimensión de uso de los servicios bancarios, se trata de medir a través del número de deudores entre la población adulta. El índice de Sarma va de 0 a 1, donde 0 es exclusión financiera absoluta y 1 es inclusión financiera total. En un estudio realizado recientemente en el Perú por quien esto escribe, con datos de la Superintendencia de Banca y Seguros y del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se muestra cómo, mientras en Lima este índice alcanza niveles de 0,90, en las regiones más pobres del país el índice se encuentra entre 0,03 y 0,21, mostrando la relación directa que existe entre nivel de inclusión financiera o bancarización y nivel de pobreza. Asimismo, el análisis de series históricas entre el año 2007 y el 2019 revela cómo la mayor inclusión financiera ha sido acompañada por una reducción de los niveles de pobreza en prácticamente todas las regiones del Perú.
Adicionalmente, se deben aplicar políticas de inclusión productiva para que la disminución de los índices de pobreza sea sostenible en el tiempo. Dicho de otra forma: se debe educar financiera y productivamente a las poblaciones en situación de pobreza para que al incrementar sus posibilidades de ahorro, financiamiento e inversión, estos aumentos puedan orientarse hacia actividades productivas, que deberían estar interconectadas con los mercados nacionales o internacionales.
Por otro lado, es necesario que el Estado intervenga aplicando políticas orientadas al logro de la bancarización. Los mercados financieros, de manera automática, no han logrado hasta ahora disminuir significativamente la brecha entre los sectores modernos del país y las actividades informales concentradas en las capas más pobres de la población.
Es fundamental que el nuevo Gobierno trabaje en el logro de la bancarización del cien por ciento de los peruanos, de forma tal que se pueda contribuir a la eliminación de la pobreza, la que lamentablemente se ha incrementado, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, de un nivel de 20 % a 30 % aproximadamente. Una sociedad estable requiere que toda su población se sienta partícipe de los beneficios del crecimiento económico, lo cual a su vez necesita del acceso a los canales financieros, sin limitaciones.
