Por Stakeholders
Lectura de:
Christian Bracamonte Bauer
Licenciado en Ciencias de la Comunicación
En poco tiempo el país elegirá nuevamente a un nuevo Presidente de la República, en un momento marcado por la segunda ola de la pandemia originada por el COVID-19 y que viene ocasionando graves daños al país.
Sin embargo, las candidaturas aún no han hecho mención acerca de cómo solucionar otro grave problema que viene afectando a nuestra sociedad; y es el tema de la violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. Al respecto, es importante destacar que la primera cuarentena disparó las cifras de violencia contra la mujer en el Perú ya que muchas de las víctimas tuvieron que convivir con sus agresores.
Solo hasta setiembre del 2020 y desde el inicio de la pandemia se denunciaron más de 14 mil casos de violencia contra la mujer de acuerdo a cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP.
Asimismo, y según la Defensoría del Pueblo, a octubre del 2020 se identificaron 100 casos de feminicidio como tal. Actualmente, 45 muertes están siendo investigadas por la Fiscalía para determinar si se califican como feminicidios.
En ese sentido, y a causa de esta problemática, anualmente el Perú pierde aproximadamente US$ 6,700 millones por violencia contra la mujer de acuerdo al estudio “Los costos empresariales de la violencia contra la mujer en el Perú” de la Universidad de San Martín de Porres USMP y la Cooperación Alemana (GIZ).
El informe revela que 7 millones de mujeres integran el 44% de la población económicamente activa según el INEI. Sin embargo, Inés Santi, investigadora principal de este estudio señala que una mujer violentada no suele desempeñarse de la misma manera y por lo tanto las principales consecuencias son el presentismo y ausentismo.
El presentismo no es más que la baja de productividad de la mujer cuando tiene la cabeza fuera del trabajo mientras que el ausentismo es la inasistencia femenina a su trabajo por haber sido violentada.
Se destaca además que el 70% de la fuerza laboral femenina se encuentra en el sector de las mypes. Si bien las microempresas son el motor de la economía, el 71.2% de mujeres dueñas de una mypes también ha sido víctimas de la violencia.
La violencia hacia la mujer tiene también otras manifestaciones como la violencia simbólica que es una manera continua de pensar y actuar que naturaliza y reproduce la subordinación y el maltrato.
Se trata de una “violencia normalizada” en la sociedad por los usos y costumbres, y se expresa de distintas maneras, entre ellas el control económico, el control de la sociabilidad, de la movilidad, el menosprecio moral y el menosprecio estético entre otros.
En Lima, específicamente en el distrito San Juan de Lurigancho, se habían cometido más feminicidios hasta el año 2018, según el informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público.
Otro dato importante es que hacia agosto del 2020, a nivel nacional las líneas de emergencia del Ministerio de la Mujer atendieron más llamadas desde los departamentos de Apurímac, Cusco y Puno.
Estas cifras demuestran que en los últimos años la lucha contra este flagelo no ha dado los resultados esperados. ¿Cuáles son los desafíos que deben tomar en cuenta nuestras próximas autoridades?
Primero, fortalecer las políticas públicas contra la violencia de género, mayor inversión en la prevención así como en la formación de funcionarios y operadores de los servicios públicos para que estas entidades estén libres de este tipo de violencia, promover la igualdad de oportunidades así como los emprendimientos, la capacitación y asesoramiento a las empresas privadas en materia de género entre otras importantes acciones.
Muchas empresas privadas a través de sus fundaciones ayudan a desarrollar en la mujer capacidades para que tengan un futuro mejor y lo hagan realidad, así como la concientización en cuanto al maltrato sicológico, físico o verbal tal y como lo viene haciendo por ejemplo la Fundación Belcorp.
Por otro lado, si bien el presupuesto para combatir este problema aumentó en los últimos tiempos aun no supera el 0.32% del presupuesto nacional. Al mismo tiempo, muchos especialistas recomiendan que la violencia contra la mujer no solo se deba ver desde un ministerio sino de una manera más multidisciplinaria.
Materia de otro análisis también es la lucha contra el embarazo adolescente que se ha incrementado en el Perú ya que de cada 100 adolescentes, 12 están embarazadas o son madres según el Ministerio de Salud MINSA.
Sobre la violencia contra la mujer, uno de los candidatos a la presidencia anunció recientemente la reducción de ministerios entre ellos el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables debido a que “no tienen resultados concretos y han sido fuente de empleo para los gobernantes de turno”. Especialistas en el tema destacan que no se justifica la eliminación de este ministerio en la medida que la violencia hacia las mujeres aún no se ha erradicado.
La violencia contra la mujer lleva décadas sin recibir atención adecuada. A poco tiempo de las nuevas elecciones los aspirantes a los máximos cargos públicos son los llamados a presentar sus propuestas que prioricen la protección, la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres peruanas.
